Un panel de jueces del 11no. Circuito de Apelaciones de la Florida cayó en la tentación la semana pasada al describir las aventuras y desventuras que rodearon la captura del tristemente célebre ex jefe de inteligencia del gobierno del Perú, Vladimiro Montesinos.
“Los hechos de este caso se leen como las más reciente película de suspenso”, afirmaron los jueces.
La frase es parte de la introducción de un fallo que exime al gobierno de Perú de pagar unos $10 millones a un informante que supuestamente facilitó el arresto de Montesinos en el 2001.
La historia, en efecto, tiene visos de un guión de intrigas políticas, espionaje, videos y decepción con un final feliz para el gobierno de Perú y un traspiés para el experto venezolano en contrainteligencia José Guevara y sus abogados.
Los jueces de apelación anularon el fallo de esa misma corte que había condenado al gobierno peruano a pagar a Guevara una recompensa de $5 millones más los intereses que podrían sumar otros $5 millones.
En su segundo pronunciamiento, la corte asegura que el sistema judicial estadounindese no tiene jurisdicción sobre el caso, debido a que ninguna de las actividades que generaron el presunto compromiso de Perú de pagar al informante tuvieron consecuencias inmediatas en Estados Unidos.
Y las “consecuencias inmediatas” son requisitos esenciales para admitir la jurisdicción del caso, según el fallo.
Michael Díaz, del equipo de defensa de Guevara, criticó el fallo argumentando que es inconsistente con el anterior y que se extralimitó en el análisis de los documentos de apelación.
Para Díaz, la credibilidad de las autoridades de Estados Unidos y el extranjero que dependen de la información pagada de personas que toman riesgos para colaborar, como lo hizo Guevara, “ha recibido un poderoso golpe”.
Los abogados de Guevara habían ganado un batalla significativa en el proceso.
Lograron que la corte no aplicara el tradicional principio de inmunidad soberana de los países. En su lugar, la corte sostuvo que el ofrecimiento de recompensas de un gobierno es un acto comercial, no soberano, que puede ser objeto de litigios judiciales.
La película
La primera escena de este filme de no ficción que ha impresionado a la corte de apelaciones se desarrolla en el vestíbulo del Hotel Intercontinental del centro de Miami el 22 de junio del 2001, según el recuento de la propia corte.
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) observan a distancia a Guevara, ex miembro de la Dirección General de los Servicios Inteligencia y Prevención (DISIP) cuando ingresa al hotel.
Guevara, quien se graduo de ingeniero eléctrico en Northeastern University, ha llegado a Miami el día anterior con una misión que le encomendó un Montesinos desesperado por dinero en Venezuela: exigir a un empleado del Pacific Industrial Bank de Miami que cumpla con las instrucciones que su enviado lleva en un sobre.
El empleado bancario Luis Alfredo Percovich, quien manejaba las cuentas de Montesinos en el banco miamense (con depósitos de unos $38 millones), debía entregarle a Guevara $700,000 en efectivo y transferir $3 millones a otra cuenta del ex asesor peruano.
Montesinos era el hombre más buscado en el continente americano. Su cabeza tenía precio. El presidente interino del Perú había expedido un decreto que ofrecía $5 millones a quienes entregaran información que permitiera su captura. Realmente era una oferta al debe pues el gobierno no tenía ese dinero disponible y debió prestárselo un banco.
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