Los argumentos esgrimidos por el alto tribunal de justicia para desestimar las pruebas de los computadores de Reyes son una auténtica vergüenza jurídica, moral e intelectual. Produce verdadero asco asomarse a un auto inhibitorio que no sólo pasa por alto información valiosa y verdadera sobre los vínculos de gobernantes y políticos con los tenebrosos “cuervos” narcoterroristas de las FARC, sino que además constituye un ultraje y un insulto para las miles de víctimas de esa alianza abyecta y para los miembros de la fuerza pública, quienes diariamente se juegan la vida consiguiendo pruebas que terminan en el basurero. ¿Qué es la injusticia? Juvenal, el poeta romano de finales del siglo I d. C., tiene una definición tan precisa como actual. Según el sabio antiguo, la acción de la injusticia se caracteriza porque “Dat veniam corvis, vexat censura columbas”, lo cual se puede traducir como “perdona a los cuervos y veja a las palomas”. El fallo inhibitorio a través del cual la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de descartar la validez probatoria de la información contenida en los computadores de Raúl Reyes, en el proceso contra el congresista Wilson Borja por vínculos con las FARC, encaja perfectamente en la definición de Juvenal sobre la injusticia.
25 Mayo 2011
Editorial (Por Juan David García Vidal)
¿Qué es la injusticia? Juvenal, el poeta romano de finales del siglo I d. C., tiene una definición tan precisa como actual. Según el sabio antiguo, la acción de la injusticia se caracteriza porque “Dat veniam corvis, vexat censura columbas”, lo cual se puede traducir como “perdona a los cuervos y veja a las palomas”. Es decir, la injusticia, a diferencia de la equivocación, la ignorancia y la negligencia, se distingue porque ignora la acción dañina de los depredadores más miserables y, al permitirles actuar con una libertad que no merecen y una impunidad que resulta intolerable, causa un daño insultante a los seres más inocentes. Ahí radica la gravedad de la injusticia perpetrada por un tribunal, no sólo por excluir la verdad o la Ley, sino principalmente por las consecuencias que tal conducta implica para aquellos a los que debería proteger y que, sin embargo, desampara.
El fallo inhibitorio a través del cual la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de descartar la validez probatoria de la información contenida en los computadores de Raúl Reyes, en el proceso contra el congresista Wilson Borja por vínculos con las FARC, encaja perfectamente en la definición de Juvenal sobre la injusticia. Produce verdadero asco asomarse a un auto inhibitorio que no sólo pasa por alto información valiosa y verdadera sobre los vínculos de gobernantes y políticos con los tenebrosos “cuervos” narcoterroristas de las FARC, sino que además constituye un ultraje y un insulto para las miles de víctimas de esa alianza abyecta y para los miembros de la fuerza pública, quienes diariamente se juegan la vida consiguiendo pruebas que terminan en el basurero.
Los argumentos esgrimidos por el alto tribunal de justicia para desestimar las pruebas de los computadores de Reyes son una auténtica vergüenza jurídica, moral e intelectual. Vamos por partes.
Según la Corte Suprema, las pruebas recogidas por las fuerzas armadas colombianas en la operación en la que se dio de baja a Raúl Reyes son ilegales, porque no se le pidió permiso a Ecuador, en virtud del Convenio colomboecutoriano de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal de 1996 y también porque las autoridades nacionales estaban desprovistas de facultades de Policía Judicial, “pasando por alto que las pruebas provenientes del exterior no son ajenas al principio de legalidad y con él al del debido proceso”. Con esto la Corte insinúa, sin el más mínimo respeto por el interés nacional, que Colombia violó no sólo la soberanía ecuatoriana, sino también tratados internacionales. Además acusa a las autoridades que ordenaron la operación de haber cometido una arbitrariedad.
Ahora bien, si los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tuvieran algo de rigor jurídico y el mínimo pudor intelectual podrían haber reconocido que Colombia no le pidió permiso a Ecuador para ejecutar la operación contra Reyes, porque actuó conforme al principio de la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El mismo título jurídico internacional en el que se amparó Estados Unidos para dar de baja a Osama Bin Laden, hace pocas semanas, en territorio pakistaní y sin autorización previa del gobierno de ese país.
Además, si la Corte hubiese analizado el contexto de la Operación Fénix y la información extraída de los computadores de Reyes, conforme a las reglas de la sana crítica, habría llegado a la conclusión, probada y confirmada, de que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa nunca ha sido un aliado de la democracia colombiana, sino un obstáculo evidente para la lucha contra el terrorismo marxista. En consecuencia, ¿qué cooperación podía brindar a Colombia un gobierno, como el ecuatoriano, que nunca había mostrado tal disposición y que ahora se sabe, por los mismos computadores de Reyes, que tenía una alianza, al más alto nivel, con las FARC? Si el gobierno colombiano hubiese aplicado, en marzo de 2008, la absurda tesis que ahora impone la Corte Suprema, Raúl Reyes seguiría ordenando y planificando, sin ser molestado, masacres, extorsiones, secuestros y demás fechorías terroristas contra el pueblo y las instituciones colombianas desde su inexpugnable base permanente en la selva ecuatoriana.
Ahora bien, el argumento excesivamente formalista de la Corte de que se violó la cadena de custodia de las pruebas, porque las autoridades colombianas que ejecutaron la Operación Fénix estaban desprovistas de atribuciones de policía judicial, resulta no menos falaz y aberrante. En primer lugar, porque en el momento del operativo, era materialmente imposible, para los miembros de la policía que recogieron las pruebas, contar con la autorización previa de una autoridad judicial, en el marco de un operativo secreto y sorpresivo. En segundo lugar, el argumento de la Corte es mentiroso, porque la cadena de custodia de las pruebas se respetó escrupulosamente. La policía recaudó, embaló y etiquetó las pruebas. En 24 horas llegaron a Bogotá, donde fueron entregadas al general Óscar Naranjo. Al otro día, él las entregó formalmente a la INTERPOL, para analizar su autenticidad y determinar si fueron o no contaminadas o adulteradas. INTERPOL certificó, actuando como laboratorio forense, que durante todo el tiempo que pasó desde su recolección, las evidencias contenidas en los computadores de Raúl Reyes no fueron alteradas y que las autoridades colombianas encargadas de custodiarlas actuaron con total trasparencia, profesionalismo y rigor.
Así las cosas, a la vista de estos sórdidos e inquietantes despropósitos del más alto tribunal de justicia de la Nación, en un asunto tan delicado para la seguridad y el prestigio de Colombia, los ciudadanos sólo podemos sentir vergüenza de tener semejante casta judicial. ¿Para esto pagamos impuestos? ¿Estamos pagando para que unos cuantos jueces le abran la puerta a la impunidad, con argucias de quinta categoría? Los delincuentes ya no le tienen miedo a los jueces, pero los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos motivos sobrados para temerles por sus fallos injustos. Con unos jueces leguleyos y sectarios, jamás podremos derrotar a los terroristas.![]()
Juan David García Vidal es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York y con Sciences Po de París. Es director general de Comentario Digital.
Fuente: Comentariodigital.com
El fallo inhibitorio a través del cual la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de descartar la validez probatoria de la información contenida en los computadores de Raúl Reyes, en el proceso contra el congresista Wilson Borja por vínculos con las FARC, encaja perfectamente en la definición de Juvenal sobre la injusticia. Produce verdadero asco asomarse a un auto inhibitorio que no sólo pasa por alto información valiosa y verdadera sobre los vínculos de gobernantes y políticos con los tenebrosos “cuervos” narcoterroristas de las FARC, sino que además constituye un ultraje y un insulto para las miles de víctimas de esa alianza abyecta y para los miembros de la fuerza pública, quienes diariamente se juegan la vida consiguiendo pruebas que terminan en el basurero.
Los argumentos esgrimidos por el alto tribunal de justicia para desestimar las pruebas de los computadores de Reyes son una auténtica vergüenza jurídica, moral e intelectual. Vamos por partes.
Según la Corte Suprema, las pruebas recogidas por las fuerzas armadas colombianas en la operación en la que se dio de baja a Raúl Reyes son ilegales, porque no se le pidió permiso a Ecuador, en virtud del Convenio colomboecutoriano de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal de 1996 y también porque las autoridades nacionales estaban desprovistas de facultades de Policía Judicial, “pasando por alto que las pruebas provenientes del exterior no son ajenas al principio de legalidad y con él al del debido proceso”. Con esto la Corte insinúa, sin el más mínimo respeto por el interés nacional, que Colombia violó no sólo la soberanía ecuatoriana, sino también tratados internacionales. Además acusa a las autoridades que ordenaron la operación de haber cometido una arbitrariedad.
Ahora bien, si los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tuvieran algo de rigor jurídico y el mínimo pudor intelectual podrían haber reconocido que Colombia no le pidió permiso a Ecuador para ejecutar la operación contra Reyes, porque actuó conforme al principio de la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El mismo título jurídico internacional en el que se amparó Estados Unidos para dar de baja a Osama Bin Laden, hace pocas semanas, en territorio pakistaní y sin autorización previa del gobierno de ese país.
Además, si la Corte hubiese analizado el contexto de la Operación Fénix y la información extraída de los computadores de Reyes, conforme a las reglas de la sana crítica, habría llegado a la conclusión, probada y confirmada, de que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa nunca ha sido un aliado de la democracia colombiana, sino un obstáculo evidente para la lucha contra el terrorismo marxista. En consecuencia, ¿qué cooperación podía brindar a Colombia un gobierno, como el ecuatoriano, que nunca había mostrado tal disposición y que ahora se sabe, por los mismos computadores de Reyes, que tenía una alianza, al más alto nivel, con las FARC? Si el gobierno colombiano hubiese aplicado, en marzo de 2008, la absurda tesis que ahora impone la Corte Suprema, Raúl Reyes seguiría ordenando y planificando, sin ser molestado, masacres, extorsiones, secuestros y demás fechorías terroristas contra el pueblo y las instituciones colombianas desde su inexpugnable base permanente en la selva ecuatoriana.
Ahora bien, el argumento excesivamente formalista de la Corte de que se violó la cadena de custodia de las pruebas, porque las autoridades colombianas que ejecutaron la Operación Fénix estaban desprovistas de atribuciones de policía judicial, resulta no menos falaz y aberrante. En primer lugar, porque en el momento del operativo, era materialmente imposible, para los miembros de la policía que recogieron las pruebas, contar con la autorización previa de una autoridad judicial, en el marco de un operativo secreto y sorpresivo. En segundo lugar, el argumento de la Corte es mentiroso, porque la cadena de custodia de las pruebas se respetó escrupulosamente. La policía recaudó, embaló y etiquetó las pruebas. En 24 horas llegaron a Bogotá, donde fueron entregadas al general Óscar Naranjo. Al otro día, él las entregó formalmente a la INTERPOL, para analizar su autenticidad y determinar si fueron o no contaminadas o adulteradas. INTERPOL certificó, actuando como laboratorio forense, que durante todo el tiempo que pasó desde su recolección, las evidencias contenidas en los computadores de Raúl Reyes no fueron alteradas y que las autoridades colombianas encargadas de custodiarlas actuaron con total trasparencia, profesionalismo y rigor.
Así las cosas, a la vista de estos sórdidos e inquietantes despropósitos del más alto tribunal de justicia de la Nación, en un asunto tan delicado para la seguridad y el prestigio de Colombia, los ciudadanos sólo podemos sentir vergüenza de tener semejante casta judicial. ¿Para esto pagamos impuestos? ¿Estamos pagando para que unos cuantos jueces le abran la puerta a la impunidad, con argucias de quinta categoría? Los delincuentes ya no le tienen miedo a los jueces, pero los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos motivos sobrados para temerles por sus fallos injustos. Con unos jueces leguleyos y sectarios, jamás podremos derrotar a los terroristas.
Juan David García Vidal es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York y con Sciences Po de París. Es director general de Comentario Digital.
Fuente: Comentariodigital.com
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