El ex guerrillero tupamaro argumentó que votaba afirmativamente la iniciativa del gobernante Frente Amplio (FA), pero que no estaba de acuerdo con la posición que había asumido su partido. El sorpresivo anuncio se produjo en medio del debate que demandó doce horas y que terminó con la aprobación de la ley oficialista, por 16 votos a favor contra 15 en contra.
Por su parte, el legislador Jorge Saravia, también del FA, fue el único de esa formación que ratificó su voto en contra. Se justificó señalando que con la aprobación de la ley "no se va a encontrar a los desaparecidos". "Esto es una timba jurídica, se juega con el dolor de la gente", agregó.
Los defensores de la ley que hace caer la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sostienen que "es un día histórico porque hay que eliminar la anterior normativa definitivamente del ordenamiento jurídico uruguayo".
Sus detractores afirman que el oficialismo intenta "violar la Constitución" ya que desconoce dos plesbicitos votados democráticamente. El ex presidente Luis Alberto Lacalle, del opositor Partido Nacional (PN), sostuvo que "hará que los militares y policías presos recuperen su libertad".
El debate estuvo centrado sobre si la nueva ley avasalla la voluntad de los ciudadanos, que dos veces decidieron en referéndums mantener la ley aprobada por el gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti en 1986. El mandatario actual, José Mujica, manifestó que los tratados sobre derechos humanos firmados por Uruguay están por encima de las leyes nacionales y es necesario respetarlos.
Con la ley aprobada quedarán eliminados los polémicos artículos 1, 3 y 4 que declinan sancionar a los responsables de crímenes, torturas, asesinatos y desapariciones forzosas durante el gobierno militar de facto.
El proyecto del oficialismo ya fue sancionado en octubre por la Cámara de Diputados, y tras el trámite en el Senado, volverá a la Cámara baja para su aprobación definitiva, que los analistas dan por descontada.
Tras su promulgación, ambas cámaras, se abrirían nuevas investigaciones contra sospechosos o antiguos juicios que fueron archivados en virtud de la amnistía de 1986, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El proyecto -impulsado por el Frente Amplio, compuesto en su mayoría por agrupaciones de izquierda y grupos sociales- no contempla una supresión de la amnistía que cobijó a los grupos guerrilleros en 1985.
"(Estamos) interpretando la Constitución y respetando los tratados internacionales que están por encima de leyes domésticas", opinó el senador y secretario del Partido Comunista, Eduardo Lorier.
En total, más de 175 uruguayos fueron asesinados o desaparecidos durante los 12 años de dictadura y más de 100 prisioneros políticos murieron tras las rejas. Uno de los sobrevivientes, y ex líder guerrillero tupamaro, es el ahora presidente José Mujica, quien fue electo en el 2009 con una aplastante mayoría.
Mujica dijo hace pocas semanas que nunca "desconocería" el pronunciamiento del pueblo a favor de la ley. Sin embargo, mucho de su futuro y su estabilidad política dependen del apoyo a la ley revocatoria de la amnistía, impulsada por la base política de su partido y de la coalición que le otorga mayores posibilidades de control en el Congreso, por lo que no se espera que vete la ley, si resulta aprobada por el pleno.
La Ley de Caducidad, que fue el complemento de la amnistía concedida a los guerrilleros tupamaros, así como a presos políticos de diversa índole, ya había sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia poco antes de que el mandatario ganara las elecciones a la Presidencia uruguaya en noviembre de 2009.
El jefe del Ejército, general Jorge Rosales, admitió que "hay intranquilidad" en el seno de militares retirados por las repercusiones que puede tener la derogación. El temor, principalmente, obedece a una avalancha de denuncias y nuevos juicios por presuntos casos de asesinato, tortura y desaparición.
¿Qué dice la Ley de Caducidad?
Fue aprobada por el Congreso un año y medio después del fin de la dictadura (1973-1985), cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos. Su texto sostiene que, tras el acuerdo entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en 1984 y "para concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional", caducó la capacidad del Estado para castigar a los autores de esos delitos.
Agrega: "ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos".
Establece, además, que los magistrados deben requerir al Poder Ejecutivo que informe si un hecho investigado es considerado comprendido en la normativa, en cuyo caso se dispondrá su clausura y archivo. El artículo 4º de la norma deja abierta la posibilidad de que se investiguen denuncias sobre "personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones".
Entre 1985 y 2005, los gobiernos del Partido Nacional y el Partido Colorado consideraron que todos los casos que se les plantearon no podían ser juzgados. Pero con la llegada de la izquierda al poder, el entonces mandatario Tabaré Vázquez autorizó los primeros procesos contra militares. Desde entonces, se abrieron 16 juicios y una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Alvarez y Juan María Bordaberry- fueron condenadas a prisión por delitos de lesa humanidad.
La Corte Interamericana de Derecho Humanos
El fallo de la CIDH, que dio vía libre a la ley que el Senado está por votar, reconoció que Marcelo Gelman fue asesinado en Buenos Aires días después de su secuestro y que su esposa, María Claudia, fue trasladada clandestinamente a Uruguay, donde dio a luz a Macarena, adoptada inicialmente por una familia de apellido Tauriño.
En 2000, el gobierno del ex presidente Jorge Batlle logró identificar a Macarena como la hija de María Claudia y ella, inmediatamente, adoptó el apellido Gelman. Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la amnistía en 2009, el general en ejercicio, Miguel Dalmao, fue detenido y condenado, en primera instancia, por el asesinato de Nibia Sabalsagaray en una unidad militar en 1974. En ese entonces, Dalamo era alférez. El caso se encuentra en apelación.
El presidente Mujica lo visitó sorpresivamente en el Hospital militar, donde fue sometido a una cirugía cardíaca el mes pasado. Justificó su visita diciendo que como él también había estado preso, quería saber cuáles eran sus condiciones.
El ex presidente Julio M. Sanguinetti, que tuvo su primer mandato en 1985, consideró que el fallo del CIDH no obliga al gobierno a acatarlo. Pero el senador Lorier cree lo contrario. "¿Entonces para qué firmamos tratados internacionales si después no se cumplen? Esos tratados están por encima de las leyes internas", dijo.
Fuente:
Infobae.com
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