
Fuente: La Patilla
Eduardo Mackenzie
Nada es más legítimo que criticar el mal gobierno. Señalar los errores del jefe de Estado es el deber de todo periodista político que se respete. ¿No fue eso lo que hicieron las grandes plumas de El Tiempo? ¿Qué diría de todo esto Hernando Santos? ¿Qué diría el editorialista Enrique Santos Montejo, Calibán? ¿No fue cerrado El Tiempo por criticar la dictadura del general Rojas Pinilla? ¿No fue Calibán quien se la jugó toda con sus valientes editoriales cuando el embajador Grigori Rezanoff complotaba e intentaba ambientar, antes del 9 de abril de 1948, la catástrofe que los soviéticos estaban preparando contra Colombia? ¿No fue Calibán quien enfrentó con denuedo a ese individuo hasta que éste tuvo que salir del país? ¿No fue Calibán quien escribió páginas memorables sobre la injerencia soviética en el 9 de abril? Lo que hacen hoy los periodistas que luchan con sus voces y sus escritos contra los apetitos totalitarios de Hugo Chávez, y contra su ayuda infame a las Farc, y contra los errores del gobierno de Juan Manuel Santos, se inscribe en esa línea altamente honorable. ¿Por qué entonces Juan Manuel Santos los calumnia y los expone brutalmente a todos los ataques?
El presidente Juan Manuel Santos acaba de hacer una de las declaraciones más funestas de su mandato. Al afirmar el 14 de junio pasado, en un acto público, que existen “dos manos negras, una de extrema izquierda y otra de extrema derecha”, él lanzó un ataque en regla contra el periodismo y contra la libertad de expresión en Colombia, cosa absolutamente insólita, inadmisible y sin antecedentes en nuestro país.
Nunca antes un jefe de Estado colombiano había criticado con tanta violencia a los periodistas que se atreven a ejercer el derecho de crítica.
No queda duda de que los destinatarios de ese mensaje difamador sobre una supuesta “mano negra de extrema derecha” somos los periodistas que hemos cumplido con nuestra obligación de decir la verdad sobre lo que está pasando en Colombia y sobre la responsabilidad que le incumbe a Santos en esa crisis.
El Presidente no soporta que critiquen su plan de restitución de tierras, no tolera que digan que su “ley de víctimas” está mal hecha pues deja a las víctimas de la guerrilla por fuera. No acepta que le digan que las Farc están de nuevo a la ofensiva y que su política no ha logrado frenar esa nueva dinámica. ¿Quién ha sustentado eso con claridad y valor civil? Los periodistas independientes. El ataque de Santos no puede ser más explícito.
Juan Manuel Santos pretende que esas dos “manos negras”, son, por una parte, los terroristas de las Farc y por la otra los periodistas insumisos, y que ambos “quieren frenar los avances del Gobierno y buscan desestabilizar el país y crear una sensación de caos”.
Son frases alucinantes. Son palabras gravísimas. Comparar los periodistas con las Farc es insoportable. Eso no se hace jamás en una democracia.
¿Estamos ante una improvisación desafortunada, ante un desliz semántico? No lo creo. Ese pronunciamiento parece calculado, sopesado. Ese análisis inepto fue expresado en una coyuntura particular que da mucho que pensar: el mismo día del cobarde ataque de las Farc en Caquetá, en que fueron asesinadas dos personas y otras fueron heridas. ¿Los periodistas críticos de este extraño régimen, cuyo primer paso fue traicionar el programa que las mayorías habían votado, somos como los bárbaros narco-leninistas que ensangrientan el país desde hace cincuenta años?
En el ficticio grupo de “extrema derecha”, que trata de “crear una sensación de caos”, pueden caer, si se es riguroso, hasta las agencias internacionales de prensa que informan al mundo, desde Bogotá, cómo y por qué se está degradado la seguridad del país, cómo y por qué varios departamentos viven de nuevo bajo el terror de las Farc, y que informan, como hicieron precisamente en estos día la AFP y Reuters, que las Farc tratan de instalarse en las ciudades. ¿El gobierno de Santos piensa expulsarlas por haber dicho eso?
El ataque contra la prensa libre matricula, de hecho y por desgracia, al presidente Juan Manuel Santos en el triste club de los jefes de Estado latinoamericanos que consideran la libertad de prensa como la piedra en el zapato, como un obstáculo a la realización de sus planes. Decir que los periodistas insumisos son una “mano negra de extrema derecha” que debe ser “aislada” y “marginada”, solo tiene un precedente: la feroz obstinación anti prensa libre y las acciones liberticidas de Hugo Chávez y de Rafael Correa.
La escandalosa declaración sobre la “mano negra de extrema derecha” fue hecha pocas horas antes del comienzo de la audiencia preliminar en la Comisión de Acusación de la Cámara de representantes. Algunos esperan que ello desemboque en la muerte civil del ex presidente Álvaro Uribe. Eso sería cometer un gran crimen. ¿Cuál es el mensaje subliminal que debemos recibir? ¿Que los periodistas tendremos que cubrir, informar, analizar y opinar sobre esa audiencia siguiendo al pie de la letra el guión inventado por Piedad Córdoba y los demás autores de esa confabulación?
El cuento sobre la “extrema derecha” fue lanzado poco después de una reunión entre el jefe de Estado y los presidentes de las Altas Cortes, en la cual el jefe del Ejecutivo se inclinó de nuevo ante ese grupo al omitir el crucial punto del computador de “Raúl Reyes”. Así fue como el Presidente Santos dio por “superado” el “impasse” que había generado la CSJ al declarar sin valor probatorio el archivo más importante que el Estado colombiano le haya arrancado a la jefatura de las FARC.
Fue hecho, además, pocas horas después de que un audaz periodista, uno de esos que el presidente Santos golpea con su frase sobre la “mano negra”, hiciera una de las revelaciones más trascendentales sobre el fraude que condujo a la escandalosa condena, en primera instancia, del coronel Plazas Vega. Ricardo Puentes Melo llevó, en efecto, al señor Villamizar ante el Procurador General, Alejandro Ordóñez, para que éste recibiera, como lo hizo, en efecto, el valioso testimonio: la fiscal Buitrago había usurpado su nombre, y la firma que la juez Jara había aceptado como auténtica, para condenar al coronel Plazas, era una total falsificación.
En lugar de elogiar el inmenso éxito profesional de Ricardo Puentes, y de tomar medidas para proteger al periodista y a su fuente, el jefe de Estado colombiano salió a denunciar, en esos instantes, una fantasmagórica “extrema derecha” que quiere “crear una sensación de caos”. El caos, señor Presidente, el verdadero, es el creado por las Farc y por quienes están tratando de destruir la justicia y la moral del Ejército de Colombia con procesos totalmente lunáticos, contra sus comandantes y sus héroes.
Ricardo Puentes y Fernando Londoño Hoyos, quien en La Hora de la Verdad ha denunciado sin cesar y con gran lucidez los abusos de la Fiscalía y de la CSJ contra el coronel Plazas, así como contra otros militares y contra honestos parlamentarios, son el honor de la profesión. Ellos encarnan el valor, la inteligencia y la abnegación de los periodistas de Colombia y son un ejemplo para los periodistas del mundo. El prestigio inmenso de ellos no será jamás destruido, ni menoscabado, por las injustas valoraciones de Juan Manuel Santos.
Es abominable que ese ataque venga de un presidente de la República. El efecto de tales palabras se hará sentir pronto. De eso no hay duda. Y quienes pagarán no serán sólo los periodistas, sino las libertades mismas, y la libertad más sagrada de toda democracia: la libertad de la prensa.
Poner un signo de igualdad entre los críticos del gobierno y las Farc es insoportable. Santos parece olvidar que la prensa y los periodistas, y sobre todo los menos adictos a la cómoda autocensura frente a la acción depredadora de las Farc, deben ser protegidos por el Estado. Lo que hace el presidente Santos es lo contrario. Anunciar que esos periodistas serán “aislados y marginados” por la acción de su gobierno, como prometió, en efecto, Juan Manuel Santos, es adoptar la forma más abyecta y más cobarde de represión contra las voces disidentes de este país.
Es incomprensible que tal ataque venga de Juan Manuel Santos. Él viene de una familia ilustre que tiene, además, una trayectoria muy respetable de lucha por la democracia y por libertad de la prensa, desde hace más de cien años. El Tiempo es, a justo título, el principal diario del país. Lo que ha hecho Juan Manuel Santos es insólito, si no fuera trágico.
Eduardo Mackenzie es abogado y periodista colombo-francés residente en París desde hace más de una década. Es autor del "Best seller" "FARC: Fracaso de un terrorismo" (Colección actualidad, Debate, 2007, Bogotá) y de "El enigma IB" (Sobre el caso de Ingrid Betancourt) (Random House Mondadori, 2008, Bogotá).
Fuente: Comentariodigital.com
Tres hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, su brazo fuerte en el mando presidencial, manejan una nueva empresa televisora que se denomina “Canal 13 Viva Nicaragua”, según un anuncio divulgado en Managua en el portal electrónico oficial “El 19 Digital”.
Sin importarle en absoluto a Ortega y a su mujer, la feroz y poderosa mano tras el trono presidencial, y sin cuidar siquiera las apariencias celebraron que sus hijos se “abran a los negocios y se hagan su futuro propio” como ella ha comentado a otros presidentes del grupo ALBA, en el que los negocios y la corrupción de la mano de los dólares venezolanos junto a empresarios socios de los Ortega, han sido lo cotidiano. Esto todo en un país donde al mejor ejemplo de lo que fue el primer escenario de gobierno del sandinismo el presidente Ortega controla todos los poderes al mejor estilo de lo que su nuevo maestro y financista, Hugo Chávez, le sugiere o le aplaude.
Este es el tercer canal de señal abierta propiedad de la familia Ortega Murillo.
El dinero proveniente de Venezuela reemplazó en este su segundo gobierno a lo que fue el puente económico con Cuba, Fidel Castro y la Unión Soviética.
El nuevo canal de televisión, que promete un “perfil joven, noticioso” y “enfocado en temas sociales”, transmitirá en forma ininterrumpida las 24 horas, en la señal abierta y de cable, indica la nota. Camila, Luciana y Maurice son los tres hijos de la pareja presidencial que controlarán el nuevo medio televisivo “en el que la población podrá transmitir sus denuncias y se les gestionará una respuesta a sus demandas”, añade la información. Hay que hacer notar que otros dos hijos de Ortega también están a cargo de otros dos canales de televisión y varias estaciones de radio.
Citada por el portal electrónico, Camila aseguró que el nuevo medio presentará “una nueva opción informativa”, en la que el pueblo será el principal protagonista.
“Canal 13 será un medio popular y sobre todo de mucha interacción con la gente”, subrayó. Dijo que los periodistas de Canal 13 irán a los barrios y lugares donde acontecen los hechos.
“Los protagonistas ya no serán las caras tradicionales que vemos siempre, sino que la gente humilde serán los nuevos protagonistas”, acotó.
Según Camila, el personal de la nueva empresa es gente joven “dispuesta a trabajar con mucha energía”.
Sin embargo, el jefe de redacción, Roberto Zúñiga, desempeñó hasta hace algunos días el mismo cargo en Televicentro Canal 2, y mucho de sus periodistas trabajaban en otras televisoras privadas del país.
Entre ellos figuran jóvenes valores de la prensa televisiva que laboran para el Canal 2, Canal 12, Canal 15, entre otros. La publicación no aclara quién es el propietario de la nueva televisora. En todo caso el gobierno nicaragüense ya controla el Canal 4, el Canal 12 y numerosas radios locales, incluyendo “La Nueva Radio Ya”, una radioemisora de gran popularidad nacional.
Fuentes dignas de crédito indicaron que el nuevo canal es de propiedad de la familia Ortega, según fuentes políticas. En Managua hay otros seis canales abiertos, dos de los cuales son marcadamente sandinistas.
El nuevo medio de comunicación inicia operaciones en un año electoral, en el que Ortega busca ser reelegido para un nuevo mandato.
El año pasado, empresarios sandinistas adquirieron el Canal 8, que era un medio de comunicación independiente.
Lo cierto es que el anuncio de este nuevo canal podría generar temores entre la oposición, que ya de por sí critica la candidatura de Ortega, lanzada pese a la existencia de una prohibición constitucional que no permitía el segundo periodo continuo.
Ortega, quien llegó al poder en enero de 2007, después de 17 años de permanecer en la oposición, se amparó en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró “inaplicable” el artículo constitucional que no permitía la reelección presidencial.
La Corte Suprema despejó de obstáculos a la postulación de Ortega al declarar el año pasado inaplicable para él una prohibición constitucional a la reelección consecutiva.
El presidente izquierdista y su esposa, Rosario Murillo, quien es portavoz del gobierno, tienen seis hijos en común. Ella tiene otros dos y él uno.
Un blog local, el de Ricardo Trotti, fue de los pocos “medios” que hizo una crítica a este acto abusivo contra la libertad de información en el país nica:
Este lunes comenzó a funcionar otro canal de televisión de la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El Canal 13 se convirtió en el tercer canal de televisión abierta de propiedad de la familia Ortega, anunciándose que en su trasmisión de señal abierta y por cable de 24 horas, estará regenteada por tres hijos del matrimonio Ortega y Rosario Murillo.
Más allá de cualquier disquisición intelectual que se pueda hacer sobre la función de la televisión pública, lo cierto es que en este caso una vez más se pueden observar juntos dos anti valores democráticos como el nepotismo y la corrupción. La familia Ortega no solamente está manipulando los fondos públicos para tener un nuevo canal de televisión lo que en cualquier país democrático despertaría al menos las sospechas de entes autárquicos como contralorías del Estado por lo que significa el robo de dinero para ponerlo a disposición de un interés personal o partidario, sino que además lo hace a solo cinco meses de las elecciones, lo que obviamente por los antecedentes de los canales 8 y 4, será utilizado también para hacer propaganda con fines políticos.
El Estado no puede ser juez y parte. Justamente debe velar, según lo establece la Constitución, para que los medios no estén en manos de monopolios. El problema es que la familia Ortega y el sandinismo, además de dominar estos canales y otros de cable, también tienen en propiedad a docenas de radioemisoras y hace poco quiso comprar la mayoría accionaria de El Nuevo Diario.
El gobierno nicaragüense, como ocurre en países como Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, no tiene frenos para comprar y dominar medios de comunicación, desvirtuando completamente la democracia. Debe intentarse, al menos intentarse, a través de los tribunales, de frenarse esta práctica corrupta con la que se engaña a todo el pueblo.
Un trabajador se encontraba removiendo un inmenso contenedor de vísceras, lo que producía un gas tóxico, que lo desmayó y lamentablemente cayó al recipiente. Varios de sus compañeros intentaron salvar al infortunado, cayendo también los otros, pereciendo todos. Aunado a la falta de adecuadas mascarillas, ahora el patrono se defiende en los tribunales, alegando que "no era función de los otros trabajadores abalanzarse a rescatar al negligente que cayó". ¡Habrase visto
Homofobia judicial. Establece el Art. 119 del COPP que cuando una persona casada muere por homicidio, su "...cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años"..., se considerará víctima a los efectos de actuar en la causa, denunciando o acusando al homicida que acabó con la vida de su pareja. Ahora bien, parece ser que una pareja homosexual que vino a hacer turismo (tampoco eran muy limpios en su actuar, nos dijeron) en un estado oriental, uno de sus integrantes murió en extraña circunstancia, reclamando ahora su media costilla, que su "cónyuge" pereció por un homicidio. Y sí, sí estaban casados entre ellos, lo hicieron en España, aunque eran de nacionalidad francesa. Es el caso que –nos comentan que más por lucimiento del bufete que lleva su causa, que le tiene tirria a la juez–, dicha persona "viuda" presentó acusación privada por la muerte de su costilla, basándose en su condición "conyugal" extranjera. Pero la juez de Control, estupefacta y complicada por lo que leía, le negó de pleno tal porque, dijo la juez "...en la República Socialista Bolivariana de Venezuela no se acepta el matrimonio homosexual por expresa disposición de nuestra Calta (sic) Magna"... Nos contaron que, raudo y veloz, la persona rechazada se buscó a la abogada y profesora universitaria, la Dra. Tamara Adrián, para que intentara la apelación contra el fallo de la juez. Buen tema para analizar y propiciar la discusión entre los abogados para establecer, a la luz de las normas jurídicas que nos rigen, si la juez de este caso actuó conforme a Derecho. El caso es francamente interesante.Accidente visceral. Igual de interesante –pero terriblemente trágico– es el caso que conoce actualmente un tribunal laboral del centro del país. Resulta que una empresa afiliada a otra gran compañía procesadora de alimentos para animales, una especie de deshuesadora, que labora con las entrañas de los animales para transformarlas en comida para dichas criaturas, en ella un trabajador se encontraba removiendo un inmenso contenedor de vísceras, lo que producía un gas tóxico, que lo desmayó y lamentablemente cayó al recipiente. Varios de sus compañeros intentaron salvar al infortunado, cayendo también los otros, pereciendo todos. Aunado a la falta de adecuadas mascarillas, ahora el patrono se defiende en los tribunales, alegando que "no era función de los otros trabajadores abalanzarse a rescatar al negligente que cayó". ¡Habrase visto! Esperamos del juez de juicio laboral, que conoce la causa, su mayor tino y apego al Derecho (porque se nos comentó que la procesadora le pertenece a un gran jerarca de una empresa petrolera).
Desapego jerárquico. Por cierto que, manteniéndonos en la jurisdicción laboral del país, y ahora que está de moda el llamado "control difuso" que ejerce la Sala Constitucional del TSJ, debemos recordar que en octubre de 2009, dicha Sala eliminó un artículo de la Ley Procesal Laboral que le confería precedente vinculante (de obligatorio cumplimiento) a las decisiones de la Sala de Casación Social frente a los tribunales del Trabajo. Y esta eliminación está siendo ahora mal interpretada por muchos jueces de esa área que entienden que el criterio judicial de la Sala Social no los obliga. Ante esto, nos comentaba un famoso profesor laboral de la UCAB, que esos jueces están errados porque sigue siendo una instrucción tanto de la Constitución, como de los códigos, el Civil y el de Procedimiento Civil, y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que "...El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas"... . Por lo tanto, señores jueces, sigue existiendo la jurisprudencia casacional que viene de arriba como fuente del Derecho, si esta es "pacífica y constante" sobre un tema. Y es que ni tan calvo ni con dos pelucas.Sera cierto...
¿Que un tal defensor de los derechos humanos le está cobrando el oro y el moro, a los familiares de los fallecidos en los sótanos del Cicpc, dizque para lograr "un kino" multimillonario en indemnización?¿Que hay muchos jueces en nuestro país que los llaman "los baja sentencia"; porque todo su argumento para decidir, y lo comentan entre ello, es la supuesta "bajada de fallos" de la página web del TSJ, como única herramienta para realizar sus sentencias, sin mayor estudio, argumentación o criterio?
¿Que es sumamente interesante la sentencia N° 216 del pasado 2 de junio, de la Sala Penal, con Ponencia de Deyanira Nieves, en la que se corrigió el desafuero de los jueces de violencia de género que le permitían a los fiscales de esa área, presentar acusación en cualquier momento violándose los lapsos y términos legales?¿Que los familiares del músico argentino Gustavo Cerati dizque demandarán por mala praxis médica a una famosa clínica venezolana?
Fuente: Las Verdades de Miguel
ÚLTIMA HORA. Vienen cambios en el Mppee. Se baraja el nombre de Argenis Chávez para asumir la presidencia de Corpoelec.
TOMMY. Silvestre felino. Tal como lo anunciamos, en Monagas tiene lugar uno de los más agrios antagonismos de los tantos que se desarrollan en el PSUV. El gato, más llevado por sus arrebatos viscerales que por el conocimiento político, salió frontalmente ante un adversario que ejecutando movimientos ha resultado más liviano que él. El gato se erizó y mostró los colmillos. Piando muy tarde, quien en el pasado alarde del apodo felino, resultó un gato tan o más torpe que el propio Tommy. Ahora no importará la condición para las alianzas y el pacto será inclusive con el diablo, todo para asegurar la reelección, aunque las ánimas de Caicara le quiten el sueño, susurrándole Chacuchá pero que chacuchá. Por ahora, a sabiendas de la antipatía entre Elías y su rival, toca a las puertas de Carmelitas buscando apoyo. Entre tanto, en el Poder Judicial hay orden de “soltarle los perros”. OJO. Leyendo la crítica que le hace Miguel Dao al Cicpc, sería bueno refrescar la memoria popular recordando que el señor Dao es el menos indicado para hacerlo porque pasó el coleto con los derechos humanos el 11A. Pienso que hoy más que nunca el Cicpc debe salir adelante y no ser vulnerable a actitudes individuales.
DOMINIO. El monje Giordani quiere el control sobre todo lo que huela a finanzas. Quiere ver a Merentes camino a un exilio. No le importa si el de Naiguatá cuente con la asesoría de Nóbrega; mientras, el monje enfila sus baterías hacia la Superintendencia de Bancos porque detesta a los militares. Sacó a Andrade y ahora va por Hernández Berenhs. Para sustituirlo tiene al ex interventor del Helm Bank. Por cierto, Giordani acabó con el procesamiento de pagos en Venezuela tras despedir a casi un millar de funcionarios de ese sistema.
GAUCHADA. ¿Matando dos pájaros de un solo tiro? Con relación a mi nota de la semana pasada acerca de los sportbooks, la Superintendencia de Actividades Hípicas llamó a “todos los propietarios de los establecimientos que están transmitiendo carreras internacionales de caballos sin la debida autorización o a través de operadoras ilegales, deben acudir a la sede de esta Superintendencia a regularizar su situación” (así como lo leen). ¿No suena raro admitir la ilegalidad e invitar a quienes la ejercen a “registrarse” debidamente? Es como si la policía invitara a los capos de una mafia a legalizar su actividad. ¿En todo caso no es a Conatel a quien compete la situación por tratarse de comunicaciones internacionales y a Cadivi o el BCV porque allí las apuestas se hacen en dólares? ¿Qué busca la Superintendencia de Actividades Hípicas pescando en río revuelto? ¿Qué será de la Junta Liquidadora del INH?
BARCOMATRACA. Serían varios los comprometidos en la Armada cuando se menciona el caso de la comisión cobrada tras la venta de doce patrulleras a la Marina Bolivariana de Venezuela por la española Navantia. Los civiles señalados como los recibidores de la comisión de 42 millones de euros estuvieron muy cercanos, entre otros, a unos almirantes y capitanes de navío que han estado en puestos clave de esa fuerza. Esos oficiales aparecen como quienes indujeron a la mencionada firma a pagar la comisión. En efecto, fue así como sostuvieron innumerables reuniones tanto en la sede del Ministerio de la Defensa, como en la oficina de la citada empresa ubicada en un viejo edificio en la intersección de las calles París y Nueva York, en Las Mercedes. Igual fueron diversos los encuentros en los restaurantes Herford Grill y Amazonia de la calle Madrid. Tampoco faltaron los saraos amenizados por lindas jovencitas, escenificados en un apartamento próximo al Meliá Caracas. Un poco de historia: La relación de los dos civiles data de cuando un capitán de corbeta (oriundo de Barinas y sobrino de uno de los jefes de la Casa Militar de CAP II), ayudante del comandante de la MV para entonces, le presenta a JR Carballo (hijo de la secretaria de CAP) y a Pedro Malavé (hijo del sindicalista Augusto Malavé). No obstante la presencia de ambos negociadores en el componente, cobraría fuerza en gestiones posteriores. Lo cierto es que la situación compromete una estrategia destinada a infiltrar los altos mandos de la MBV, conducida por un politólogo y dos ex ministros de CAP II.
MAJUNCHE. ¿Por qué el PSUV no retendrá la Gobernación de Sucre en las próximas elecciones de gobernadores? 1) Enrique Mestre no ha comprendido a cabalidad su rol de gobernador y vive convencido de que se impuso a Eduardo Morales Gil gracias a su pretendido liderazgo en esa entidad oriental. Mestre quiere olvidar que fue gobernador gracias al papel cumplido por Pdvsa el día del evento electoral. 2) El descalabro que ha significado su gestión en un estado considerado baluarte de Chávez, el cual se traduce en la derrota de su hermano José Mestre barrido por la oposición en las elecciones del 26S. 3) Su despotismo, reafirmado en el maltrato a quien se le ocurra. 4) El nepotismo: la familia Mestre tiene el control absoluto de esa gobernación. 5) La deuda acumulada en detrimento de sus trabajadores a lo largo de su gestión. 6) La ruptura con la corriente de izquierda donde convergen destacados dirigentes sucrenses. Por esas y muchas otras razones los sondeos no favorecen a Enrique Mestre, tanto que es muy probable que el propio PSUV no se arriesgue con su candidatura a las próximas elecciones para gobernadores.
BRINCO. Cuando uno ve cómo algunas aseguradoras aumentan sin más sus renovaciones, se pregunta cuál será el papel de la Superintendencia de Seguros. Por ejemplo: recientemente, Seguros Caracas aumentó ese renglón en 80% para las Pólizas de HCM; además, no acepta que las renovaciones sean financiadas, vale decir, que deben ser canceladas en su totalidad. También aumentaron el deducible (el nuevo es de 3 mil bolívares).
SILENCIO. El viceministro de RREE, Temir Porras Ponceleón (muy dado a la práctica cuartarrepublicana de la dulce vida diplomática) no ha dicho esta boca es mía cuando se hace referencia a qué pasó con Expo Shangai.
TERAPIA. Otra pelea que se las trae es la que escenifican el alcalde Toledo y el gobernador García Carneiro. Entretanto, Vargas agoniza en una terapia intensiva que no cuenta tan siquiera con una gasita.
TRAPERO. Sigue la parodia de De Vito Amorín echando espuma por la boca. No nos perdona que hayamos anunciado su derrota en las elecciones parlamentarias del 26S. Ahora, convertido en el botones del Bachaco Fundillúo de La Hojilla en VTV aguarda, agazapado, el momento oportuno de darle la puñalada trapera a su amo. ¡Ojo bachaco que ese “uruguayo” no es tan bolsa como parece!
Fuente: Las Verdades de Miguel
Uribe ante el Pleno de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. EFE/MAURICIO DUEÑAS
Bogotá, 16 jun (EFE).- La audiencia en la que el expresidente Álvaro Uribe iba a declarar hoy sobre el espionaje ilegal que realizó su Gobierno se suspendió indefinidamente por la recusación presentada a dos miembros de la Cámara de Acusaciones del Congreso por parte del abogado de Piedad Córdoba, una de las víctimas.
Tras un receso de 30 minutos para deliberar sobre si proceder o no con la comparecencia, el congresista Yahir Acuña, quien actuó como portavoz, informó que ante la imposibilidad de reunir al pleno de la Comisión de Acusaciones, encargado de tomar la decisión, se procedía a suspender la audiencia.
“Estamos notificando nuestra decisión de no seguir con el trámite de esa diligencia hasta tanto el pleno de la Comisión se reúna”, dijo Acuña, al explicar que esta situación era consecuencia de la “improvisación”, en alusión a la recusación presentada por el abogado de Córdoba, Jaime Pérez.
Acuña sólo dio la palabra por unos minutos a Uribe después de anunciar que la abogada de las víctimas, Sandra Rocío Gamboa, había pedido garantías de seguridad tras haber denunciado poco antes que durante el Gobierno de este expresidente se habían producido graves violaciones a los derechos humanos.
A lo que Uribe le respondió: “Esa ha sido una costumbre, me infaman, hoy me asignan responsabilidades sobre asesinatos cuando fue el Gobierno que protegió a los derechos humanos, periodistas y sindicalistas, y cuando pido el derecho a la defensa, salen a decir que están en riesgo de que los maten”.
El exmandatario dijo en alusión a las víctimas presentes en el Congreso: “Hoy se han lucido ante el mundo nuevamente, aprovechando la difusión publicitaria que se le quiso dar a este evento”.
“Y cuando me acusan, y simplemente yo invoco a que se me oiga, mandan decir que tienen miedo que haya atentados contra ellos, esa es la trampa, con la cual me han maltratado”, agregó.
Entre el bullicio y antes del cierre de una audiencia que no logró escuchar las explicaciones del exgobernante sobre el escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales que practicó su Gobierno a opositores, magistrados y periodistas, Uribe concluyó: “Sepan que aquí volveremos”. EFE
Fuente: Noticiero Digital
ND.- El exembajador de los Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, denunció este jueves “el silencio de la comunidad internacional” al trato “brutal” contra Peña Esclusa “es ensordecedor”.
En la noche del 12 de julio de 2010, la policía política venezolana (SEBIN por sus siglas en español) irrumpió en la casa de Alejandro Peña Esclusa, arrestándolo en presencia de su familia- incluyendo a su hija de 7 años de edad. La detención de Peña Esclusa no fue una sorpresa- porque este es el destino de muchos patriotas venezolanos que se atreven a resistir la dictadura de Hugo Chávez.
El 2 de julio, un presunto terrorista de El Salvador de nombre Francisco Chávez Abarca, fue detenido en el aeropuerto internacional de Caracas en Maiquetía. Su llegada a Venezuela es ciertamente misteriosa. Abarca, quien está acusado de colocar bombas en La Habana en 1997, inmediatamente implicó a Peña Esclusa como su contacto en un extraño plan elaborado por el dos veces candidato presidencial para irrumpir las elecciones de la Asamblea Nacional en septiembre de 2010. Después de enterarse de las acusaciones de Abarca, Peña Esclusa públicamente predijo su inminente detención por la policía secreta de Chávez.
Aproximadamente un año más tarde, Alejandro Peña Esclusa sigue detenido sin haber sido enjuiciado, en la sede de SEBIN, un centro comercial de los años sesenta que ha sido convertido en una prisión para atormentar y torturar a un número cada vez mayor de hombres y mujeres cuyo único delito es oponerse al régimen de Chávez. Esclusa está acusado de conspiración (de acuerdo con las acusaciones de Chávez Abarca) y por ocultar armas de guerra. Durante el allanamiento de su casa, la policía secreta SEBIN supuestamente encontró explosivos C4 en la habitación de su hija. Peña Esclusa, un demócrata comprometido, dice que los explosivos fueron plantados.
La detención de Peña Esclusa no fue una coincidencia. Él había sido un promotor de lo que la oposición venezolana conoce como “350,” en referencia al artículo 350 de la constitución venezolana que aprueba la rebelión ante un régimen antidemocrático. Él también se había opuesto a las intervenciones de Chávez en los asuntos internos de otros países bajo la rúbrica del Foro de São Paulo, una organización fundada por el dictador cubano Fidel Castro y su compañero Lula da Silva para sustituir a los conflictos armados en el continente con una red agresivos “movimientos sociales” agresivos. La organización de Peña Esclusa “UnoAmerica” (que fue creada específicamente para contrarrestar la influencia del Foro de São Paulo) había sido una de las pocas organizaciones que apoyó al gobierno interino de Honduras tras la expulsión de la entonces marioneta de Chávez, Manuel Zelaya, por tratar de robar un segundo término como presidente. Por último, a Peña Esclase se le imputa el haber acusado a Chávez de “cometer crímenes contra la humanidad” en el Tribunal Internacional de la Haya.
La detención prolongada de Alejandro Peña Esclusa con cargos sin fundamento, marca una nueva audacia en la guerra judicial de Hugo Chávez contra las voces independientes o de oposición. En primer lugar, y más importante, son las acusaciones falsas formuladas en este caso y que demuestran que a Chávez poco le importan las apariencias. En el pasado, Chávez ha utilizado procedimientos administrativos para hostigar a sus oponentes con acusaciones de corrupción confusas o recurriendo a largos juicios que dictaminan sentencias draconianas.
Para el caso de Peña Esclusa, la llegada oportuna de Chávez Abarca a Venezuela es una parte clara de un complot de los secuaces de Chávez para la fabricación de acusaciones en contra de un oponente político. (Esta táctica es similar a la empleada por la herramienta chavista Boliviana, Evo Morales, para incriminar a docenas de líderes de la oposición cívica basándose en el testimonio cuestionable de un “terrorista.”) Por otra parte, la naturaleza descarada del caso Peña Esclusa es expuesta por el descubrimiento melodramático de explosivos colocados en la habitación de su hija.
El segundo aspecto preocupante de este caso es la creciente brutalidad de las detenciones por el régimen de Chávez. Peña Esclusa está detenido en una celda de 20 pies cuadrados en el centro comercial SEBIN. A pesar de su deteriorada salud y reciente diagnóstico de cáncer de próstata, sus custodios no le han ofrecido un mejor trato o atención médica adecuada, por no hablar de arresto domiciliario. A pesar de que se le ha permitido visitar a un médico, tendrá que someterse al tratamiento de cáncer bajo el estrés físico y emocional de una detención arbitraria en condiciones inhumanas.
El silencio de la comunidad internacional sobre este trato brutal es ensordecedor.
Peña Esclusa es un demócrata respetable y prominente. Él es un líder de la sociedad civil. Es un esposo y padre ejemplar. Su familia es aterrorizada por el régimen de Chávez porque Alejandro tiene la audacia de creer en una mejor Venezuela y por tratar de hacer realidad esa visión. Él está siendo castigado por tener la valentía de denunciar la intervención de Chávez en otros países y por tratar de frustrar los planes imperialistas contra la libertad.
Hasta que la comunidad internacional – los gobiernos “decentes” y las organizaciones de derechos humanos por igual – le hagan pagar a Chávez algún precio por abusar de individuos como Peña Esclusa, su régimen ampliará la persecución de cualquiera que se atreva a decir simplemente la verdad sobre su agenda agresiva. El Pueblo de Venezuela y toda América, cuya libertad Peña Esclusa ha trabajado para defender, tienen la obligación moral de hablar para pedir su integridad personal y libertad incondicional.
Fuente: Noticiero Digital
Explican que esa ley fue promulgada “sin tomar en cuenta si sus ocupantes son morosos, ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios” y agregan que esa normativa “suspende todos los juicios sin importar la causal y los derechos del propietario de cualquier clase social”.
Recuerdan que actualmente, el Ministerio de Vivienda “aún no tiene la infraestructura para procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de juicios inmobiliarios dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes requieran justicia deberán esperar que se constituyan los departamentos a nivel nacional que llevarán estos procedimientos”.
A continuación la nota de prensa:
Se ha tratado de crear durante los últimos 5 años, una matriz de opinión de que todos los desalojos judiciales son arbitrarios e ilegales, lo cual es evidentemente falso pues las medidas de desalojos son el resultado de la aplicación de la vigente Ley de Arrendamientos y otras leyes y constituyen actos legales del Poder Judicial. En mayo el Presidente de la República promulga la Ley contra Desalojos Arbitrarios, la cual es en realidad una ley contra los desalojos judiciales, la cual desmonta el estado de derecho inmobiliario, al suspender todos los juicios inmobiliarios donde la posesión de una vivienda este en discusión.
Se han formado con auspicio gubernamental organizaciones civiles de ocupantes o inquilinos, que vienen desacatando desde hace 3 años, en el Área Metropolitana, gran parte de los desalojos de derecho o judiciales. Se estableció como práctica el desacato a las órdenes de entrega judicial, ya que estas organizaciones impedían la medida o reintroducían en el inmueble a los desalojados o a otros ciudadanos, ante la vista indiferente de muchos jueces ejecutivos de medidas, jueces de la causa y autoridades policiales quienes tenían el deber de restablecer el orden infringido. En los desalojos desacatados, los propietarios de igual manera tenían que pagar altos gastos en cerrajeros, depositarias y avaluadores, quedando de todas maneras sin la posesión del inmueble y sobre todo quedando burlada la administración de justicia.
El Presidente Chávez solicitó públicamente a la Presidenta del Tribunal Supremo Luisa Estella Morales, la paralización de los desalojos judiciales de viviendas por cualquier causa, quien no tardó una semana en dictar en su carácter de Presidenta de la Comisión Judicial del T.S.J., creándose una interrupción de todos los debidos procesos inmobiliarios.
Luego en mayo el Presidente promulga por vía habilitante el decreto Ley contra los Desalojos Arbitrario, el cual suspendió a nivel nacional todos los juicios y procedimientos administrativos de recuperación de bienes inmuebles destinados a viviendas principales, sin tomar en cuenta si sus ocupantes son morosos, ocupantes ilegales, usufructuarios, comodatarios, hasta tanto el Gobierno Nacional, no realice un acto conciliatorio entre las partes. Esta es la violación más absoluta del derecho de propiedad, pues suspende todos los juicios sin importar la causal y los derechos del propietario de cualquier clase social.
Al día de hoy, el Ministerio de Vivienda, aún no tiene la infraestructura para procesar los 40.000 juicios inquilinarios y otros miles de juicios inmobiliarios dejando un gran vacío de justicia, ya que quienes requieran justicia deberán esperar que se constituyan los departamentos a nivel nacional que llevarán estos procedimientos. Es decir, a más de un mes de promulgada la ley la justicia Inmobiliaria está paralizada, en perjuicio de miles de propietarios que ya tenían sentencias o de propietarios que necesitan la vivienda para habitarlas sus familiares o cuyos inquilinos no le pagan. Esto deslegitima e inhabilita el verdadero papel del Poder Judicial que es el de impartir justicia y el de resolver los conflictos de los ciudadanos, dejando en manos del Poder Ejecutivo en primer término, la aplicación de las leyes, para que después el ciudadano de igual manera deba acudir a los tribunales.
Es una ley arbitraria e irracional que pone en peligro todas las propiedades, todas las posesiones legítimas, ya que pone al Poder Ejecutivo por encima del Poder Judicial y crea un procedimiento previo al judicial y suspendiendo todos los juicios iniciados en materia de vivienda, hasta tanto no se tomen decisiones administrativas y se realicen actos conciliatorios, suspendiendo la restitución de la propiedad alquilada u ocupada por un tercero, hasta tanto hasta tanto el Ministerio de Vivienda, no le haya dado una nueva vivienda a las personas desalojadas. El Estado ni siquiera tiene viviendas disponibles para los damnificados, difícilmente las tendrá para los ocupantes salientes, lo que deja la propiedad alquilada o dada bajo cualquier figura, bajo una situación de “confiscación indirecta”.
Propietarios miembros de APIUR afectados por este decreto Ley contra los Desalojos, en los próximos días interpondrán un recurso de nulidad ante el tribunales competentes, a los efectos de restituir las garantías constitucionales infringidas contra la propiedad privada, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, previstos en la Constitución, el Código Civil, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y el Código de Procedimiento Civil, es por lo que solicitamos públicamente al Presidente revocar este decreto y dejar a la Asamblea Nacional terminar de discutir la Ley de Arrendamientos de Viviendas y en caso contrario que el Ministro de la Vivienda, active los actos conciliatorios a nivel nacional, para que se reactive la justicia inmobiliaria.
Los efectos más nocivos de esta situación es para las millones de familias venezolanas que no tienen vivienda, ya que esta ley ha extinguido prácticamente la oferta de viviendas en alquiler, que en el año 2003 constituía el 30% de las soluciones habitacionales.
Fuente: Noticiero Digital