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jueves, 26 de mayo de 2011

Gobierno paraguayo de Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez

Lugo engaño a los medios presentándose como referente de la izquierda bolivariana




El gobierno del cura Fernando Lugo, tras agradecer la contribución de Álvaro Uribe en la caza de brujas contra la izquierda que actualmente lleva adelante su gobierno en Paraguay, arremetió contra los chavistas amenazando con destituir a su ministro de Defensa, quien menospreció la ayuda colombiana a su gobierno.

El ministro de Defensa en cuestión, general Bareiro Spaini, cometió el “gravísimo pecado” de negar el viernes pasado a través de un comunicado la ayuda militar de Colombia a Paraguay en materia de seguridad interna, lo cual fue considerado una grave falta por el gobierno luguista.

Luego de reunirse con el presidente Fernando Lugo, su principal vocero Miguel López Perito declaró que no se descarta que el ministro de Defensa sea cambiado. “Creo que el Presidente tiene que definir si efectivamente existe ahí una contradicción y cuál es la medida que se tiene que tomar”, señaló la fuente.

El gobierno del cura Fernando Lugo ganó las elecciones de abril del 2008 en Paraguay con fuerte respaldo de los organismos norteamericanos de penetración imperialista, como NED y USAID. Su gabinete fue integrado en su totalidad por los referentes de dichos organismos y sus ONGs subsidiarias en la sociedad paraguaya, así como por agentes del FMI y otros grupos relacionados con las políticas de Washington.

A pesar de ello, el cura logró engañar a ciertos medios presentándose como referente de la izquierda bolivariana, lo que no tardó en ser desmentido en los hechos, a pesar de la propaganda.

Los compromisos con sus publicistas de ultraderecha y la embajada norteamericana, evidentemente, eran más fuertes.

VISITAS MISTERIOSAS

Apenas conocerse la victoria electoral del obispo, empezaron las visitas extrañas de altos funcionarios norteamericanos que intentaban eludir la prensa para mantener encuentros con el cura Fernando Lugo.

Uno de los primeros en aparecer por Asunción fue el mismo Roger Noriega, director de USAID para Centroamérica, en los tiempos en que ese organismo desviaba fondos para favorecer a la contra que combatía al gobierno sandinista de Nicaragua. Noriega también es recordado por haber reconocido al gobierno ilegítimo de Pedro Carmona, durante el golpe contra Hugo Chávez de abril del año 2002, hecho que obligó al entonces secretario de estado Colin Powell a distanciarse de sus declaraciones.

Periodistas lo identificaron ingresando por una puerta trasera para entrevistarse con Lugo en su despacho, a poco de ganar las elecciones paraguayas de abril del 2008. El motivo de este y otros cónclaves secretos nunca fue aclarado.

Otro hecho significativo fue que en su primera gira por Estados Unidos como presidente, Lugo contó como guía turístico con los buenos oficios de Conrado Pappalardo, conocido empresario y ex director de ceremonias de Alfredo Stroessner, involucrado como operador del Plan Cóndor en el asesinato en Washington de Orlando Letelier, en 1976,

ORQUESTAJE ANTI-SANDINISTA

Estaba previsto que a la toma de posesión del cura Fernando Lugo asista, en agosto del 2008, el presidente nicaragüense Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo.

Para frustrar la visita del mandatario centroamericano, miembros del gabinete entrante organizaron la visita al Paraguay del sandinista disidente Ernesto Cardenal, y una ministra nombrada por Lugo, Gloria Rubin, organizó actos de repudio a Ortega. La coartada para las protestas anti-sandinistas eran las nebulosas denuncias de su hijastra Zoilamérica, quien acusaba al presidente nicaragüense de haber abusado de ella muchos años atrás, excusa que demostró ser una vulgar muestra de hipocresía cuando la misma ministra Rubin se mostró indiferente ante denuncias similares contra el mismo Lugo que aparecieron después.

En realidad, Gloria Rubin es conocida por sus estrechos vínculos con el National Endowment for Democracy, fondo conservador y anti-comunista que financia y asesora a varios grupos de la oposición venezolana, particularmente aquellos que ejecutaron el golpe de estado de abril de 2002 contra Hugo Chávez, para luego dedicarse al sabotaje y lockout.

EN LAS GARRAS DEL FMI

El principal responsable del rumbo económico del gobierno de Fernando Lugo es Dionisio Borda, conocido por sus estrechos lazos con el Fondo Monetario Internacional y por haber implementado impuestazos anti-populares durante los gobiernos anteriores en los cuales ya participó activamente desde la misma función que hoy ocupa.

Casi no hace falta recordar que el FMI, potente herramienta del neo-colonialismo y endeudamiento, es responsable de paradigmáticos desastres económicos en Venezuela y Argentina, que eclosionaron en verdaderas rebeliones populares como el Caracazo de 1989 y la destitución del presidente argentino en 2001.

El actual presidente del FMI es el francés Dominique Strauss Khan, personero del grupo Bildelberg, conocido por su hostilidad hacia la revolución bolivariana.

LA PRENSA AMIGA

Por si todo lo mencionado fuera poco, el cura Fernando Lugo es permanentemente presionado desde los medios de prensa que se constituyeron en sus aliados electorales fundamentales, en su mayoría de tendencia ultraconservadora.

Entre ellos sobresalen Aldo Zuccolillo, antiguo propagandista de la dictadura de Stroessner devenido en ficha del National Endowment for Democracy en las postrimerías de su régimen, y el ex animador del cumpleaños de Stroessner que siguió el mismo rumbo que el anterior, Humberto Rubin. A ellos se suma el grupo de medios de Antonio J. Vierci. La mayoría de los miembros del Sindicato de Periodistas del Paraguay, por su parte, se encuentran cooptados por la AFL-CIO, más conocida como AFL-CIA, por sus vinculaciones con la inteligencia norteamericana y su participación en varios golpes de estado y “revoluciones de colores”.

El resto del gabinete de Lugo está integrado por usurpadores que se autodenominan “sociedad civil”, también eternos vividores de la embajada norteamericana de Asunción, instalados en las llamadas ONG, cuyos miembros se eligen a sí mismos y que, con tan débil respaldo popular, reclaman la totalidad de la representación social y por ende, funciones, derechos y privilegios que corresponden a entidades legítimas.

Publicado por LAW

Fuente: Reporte24

EL ARTÍCULO SOBRE FERNANDO LUGO MÁS LEÍDO DE LA WEB

Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez


El gobierno paraguayo de Fernando Lugo decidió prohibir la mención de Hugo Chávez, para no importunar a su principal ideólogo, publicista y auspiciante, Aldo Zucolillo ni a sus amigos de la SIP

Reportero 24 - Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chavez

http://www.reportero24.com/2011/02/gobierno-paraguayo-de-lugo-prohibio-mencionar-a-hugo-chavez/

Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez -Diariosigloxxi

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/52815/prohibido-mencionar-a-hugo-chvez

Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez -La Prensa

http://www.laprensamisiones.co.cc/2010/02/prohibido-mencionar-hugo-chavez.html

Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez

http://www.aporrea.org/internacionales/n155916.html

Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez- Identidad Andaluza

http://identidadandaluza.wordpress.com/2010/03/03/prohibido-mencionar-a-hugo-chavez/

Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez-

http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=749834

Gobierno paraguayo de Fernando Lugo prohibió mencionar a Hugo Chávez-

http://escapitalradio.blogspot.com/2011/03/gobierno-paraguayo-de-lugo-prohibio.html



http://pelusaradical.blogspot.com/2011/03/fernando-lugo-gobierno-paraguayo-de.html



http://www.aldia.com.py/noticias_ver.php?id=2939&cat=2



http://www.abc.com.py/nota/lugo-engano-a-los-medios-presentandose-como-referente-de-la-izquierda-bolivariana/

http://www.megaresistencia.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=38861&start=0

RUNRUNES - ALTO YA SABES QUE YO SÉ








Este es el sentido de las medidas estadounidenses. Medidas que “no sancionan” al país pues ninguna de ellas se corresponde con la realidad entre las dos naciones, tal y como lo confirmo el presidente de Pdvsa en su cadena con el canciller Maduro cuando además añadió que los que habían hablado eran funcionarios de cuarta categoría. Algo que ayer repetían -muy bien aprovechado para distraer al país de los dramas de luz eléctrica, viviendas, delincuencia, inflación y otra docena de males prioritarios- las focas rojas: no vendemos de gobierno a gobierno, no tenemos préstamos con el Export-Import Bank estadounidense y seguiremos enviando petróleo a pesar de que “preparan una invasión al país tarde o temprano” (Maripili&otros anti gringos dixit). La advertencia del gobierno estadounidense tiene fecha 2005 cuando a Rafael Ramírez le señalaron la inconveniencia de enviar ni gasolina ni derivados de las refinerías Citgo, Nynas (en ese entonces Pdvsa era accionista de la empresa sueca) e Isla de Curazao. Sin embargo el gobierno venezolano lo hizo , a sabiendas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo a Irán abrirse a una revisión internacional de su programa nuclear. Con el tiempo más bien Chávez siguió haciendo gala de su relación con Ahmadinejad pues el 2 de julio de 2007 anunciaba en Teherán el suministro de gasolina desde Venezuela. Los negocios aumentaron en un 3.767 %. Más tarde en la sexta visita del comandante criollo a Irán en Septiembre de 2009 sellaron el acuerdo para iniciar en Octubre de ese año y hasta septiembre de 2010 la venta de 20.000 barriles diarios de gasolina al país del golfo Pérsico por $ 800 millones. Dijo Chávez: “Esta cantidad se depositará en un fondo establecido en Irán y servirá para financiar la compra de equipos y de tecnología a ese país”, Precisamente lo que estaba en observación por el Consejo de Seguridad de la ONU. En octubre del año pasado, sin embargo, el presidente de Pdvsa, informó que Venezuela había dejado de exportar combustible a Irán porque ese país resolvió su problema con los derivados del petróleo (por la obsolescencia de las refinerías) y redujo en 35% su consumo. Ramírez agregó que los envíos eran ocasionales y que se hicieron antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU impusiera sanciones al régimen iraní. En nuestra columna del 26 /10/2010 escribimos: “Si estamos importando gasolina de Brasil ¿de dónde le vamos a enviar la gasolina refinada que acordamos por segunda vez con Irán? Aparte de que al hacerlo se viola el acuerdo de la ONU en cuanto a ese suministro mientras no se cumplan los requerimientos de inspección nuclear. Lo que si saben hacer los rojos rojitos es esconder las cifras, las cuentas y todo lo que tenga que ver con futuras contralorías sin rufianes o intermediarios”. Desde Singapur informó Reuters, el 1°/2/2011, que los envíos estuvieron pautados para Octubre del 2010 a pesar de todas las negaciones…

MEDIO
TA’S PILLAO:




Los departamentos de Estado, Energía y Tesoro del norte tenían detectadas otras violaciones venezolanas incluidas en el acta CISADA de sanciones contra Irán firmada por Obama el 1° de julio de 2010. La utilización de aviones registrados de Citgo en viajes a Irán llevando repuestos para las refinerías iraníes que incluyeron compresores, membranas y catalizadores, zigzagueando las resoluciones aprobadas hasta por China y Rusia en la ONU. La investigación sobre las operaciones del Banco Internacional de Desarrollo C.A. Banco Universal, “sucursal” del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán se ha mantenido desde su inauguración. La inversión binacional alcanzó los $ 1.200 millones y como se recuerda fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 22/10/2008 y por la Unión Europea el 27/7/2010 debido a sus vinculaciones con los militares y los programas nuclear y misilístico iraníes. En esos casos ningún banquero venezolano fue señalado pues ni la Asociación Bancaria ni el Consejo Bancario lo aceptaron como miembro. Además, Alí Rodríguez, ministro de finanzas en ese momento, no lo metió en la cámara de compensación bancaria. Unas transacciones bursátiles, trianguladas por dos venezolanos que estaban en la mira del FBI en Miami se interrumpieron cuando el régimen venezolano cerró las casas de bolsa…

BAJO
A CONFESIÓN…:


En esta columna, el pasado 13 de enero escribí sobre el tema Irán,Pdvsa&Citgo:

“Conociendo al régimen venezolano no dejó de sorprenderme una noticia dada a conocer por Pdvsa en la que por un lado parece indicar que tiene una buena relación con el gobierno de EEUU y por otro señala que su relación económica con el régimen iraní ha estado signada por algunas inconveniencias. Dando cuenta de una nota enviada por la Cámara de Representantes estadounidense el 24 de septiembre al ministro Rafael Ramírez en la que le advierten de las posibles sanciones que enfrentaría Venezuela si continuaba exportando sus productos a Irán, la noticia sorprende por la diligencia expresada por Pdvsa al aclarar que los envíos fueron antes de las sanciones a Irán. (“Los envíos de gasolina a Irán no han sido frecuentes… los despachos se hicieron antes de que se impusieran las sanciones”, dijo Rafael Ramírez en 2010 a Bloomberg). Enfatizaron que no se envían despachos de gasolina a Irán desde el año pasado, aunque la empresa estatal asegura que “la suspensión no responde a la exhortación que hizo el Congreso de EEUU sobre las posibles sanciones que afrontaría si continuaba con las exportaciones a esa nación asiática”. Como el gobierno no está dado a dar esas explicaciones en forma pública llama la atención la entrega de la noticia a los medios. Averiguando en Washington pude saber que la embajada venezolana se enteró por boca de un funcionario del Departamento de Estado que estaba en curso una investigación para saber si aquel anuncio del presidente venezolano de que enviaría gasolina venezolana a Teherán para ayudar a su par Ahmadinejad en la escasez del combustible se había concretado o era uno de los tantos anuncios del “comandante caudillo presidente” de mera retórica propagandística. Como Irán está en la mira no solo del “imperio estadounidense” sino de la Unión Europea y las Naciones Unidas hay que estar pendientes de las acciones a tomarse en los meses por venir en cuanto a las relaciones de “algunos países” que han tratado de violentar el embargo global contra el régimen de los ayatolas mientras no cumpla con la supervisión internacional en sus desarrollos nucleares… Lo que demuestra esta “voluntaria explicación de la petrolera venezolana” es la angustia que provoca una acusación de esa naturaleza al jefe del Estado en torno a los negocios que tienen con la nación norteña que es la única que paga los verdaderos precios del petróleo que se le envía. Basta recordar el cable de Wikileaks donde aparecieron a $ 5 los barriles venezolanos enviados a China…”¿Lo hicieron a propósito para coger este soplo nacionalista?…

Fuente: RunRun.es

Aviones de Citgo violaron embargo a Irán llevando repuestos prohibidos








Los departamentos de Estado, Energía y Tesoro del norte tenían detectadas otras violaciones venezolanas incluidas en el acta CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act) de sanciones contra Irán, firmada por Obama el 1° de julio de 2010. La utilización de aviones registrados de Citgo en viajes a Irán llevando repuestos para las refinerías iraníes, a sabiendas de las advertencias, para llevar compresores, membranas y catalizadores zigzagueando las resoluciones aprobadas hasta por China y Rusia en la ONU. La investigación sobre las operaciones del Banco Internacional de Desarrollo C.A. Banco Universal, “sucursal” del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán se ha mantenido desde su inauguración. La inversión binacional alcanzó los $ 1.200 millones y como se recuerda fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 22/10/2008 y por la Unión Europea el 27/7/2010 debido a sus vinculaciones con los militares y los programas nuclear y misilístico iraníes. En esos casos ningún banquero venezolano fue señalado pues ni la Asociación Bancaria ni el Consejo Bancario lo aceptaron como miembro. Además, Alí Rodríguez, ministro de Finanzas en ese momento no lo metió en la cámara de compensación bancaria. Unas transacciones bursátiles, trianguladas por dos venezolanos que estaban en la mira del FBI en Miami se interrumpieron cuando el régimen venezolano cerró las casas de bolsa. Los negocios se estaban haciendo por debajo de la mesa. También un iraní que desertó hacia Europa llevándose al menos 20 millones de dólares de la empresa de carros Venirán aportó datos de los negocios en la mira…

Fuente: RunRun.es

Dos hombres de Lula, uno ministro de Dilma y otro ganadero, acusados de corrupción en Brasil







De entrada el ex presidente brasileño Lula da Silva señala que las acusaciones contra quien fuera su ministro de Economía al comienzo de su primer gobierno, Antonio Palocci, son parte de la guerra política contra la actual presidenta del país, Dilma Rouseff. El investigado es el hombre de más confianza de ella pues ocupa el ministerio de la Casa Civil que es realmente la mano derecha de quien ocupe el sillón presidencial en Planalto. Palocci hubo de renunciar al ministerio de Lula cuando lo acusaron, al mejor estilo de Berlusconi, de mantener fiestas con prostitutas, maletines con dinero y violar el secreto bancario brasilero. Aunque luego el Tribunal Supremo lo exoneró de los cargos señalados. Por eso Lula exclamó: ¡Palocci otra vez!.
Hoy es señalado de incrementar por varias veces su fortuna personal lo que lo ha hecho sospechoso de enriquecimiento ilícito. Él lo niega pues dice que tiene una firma de consultoría privada que asesora especialmente a las líneas aéreas Gol y Azul aunque admitió que se enriqueció en 20 veces durante los últimos cuatro años, mientras fue diputado y coordinador de la campaña de Rousseff, dando consultoría a varias empresas a raíz de su pasado como ministro de Economía de Luiz Lula da Silva
Lula en persona viajó a Brasilia para asesorar a la presidenta Rouseff en el manejo del caso.
Pero para Lula, cuyo hijo fue acusado de “enriquecerse en demasía” asesorando empresas y comprando tierras mientras su padre gobernaba, el caso se complica pues otro de sus amigotes presidenciales, José Carlos Bumlai, empresario y ganadero, está siendo investigado por la Fiscalía del estado de Sao Paulo por corrupción en unas obras contratadas en la más importante ciudad paulista, Campinas

Copiamos de www.insurgente.org la reseña sobre el caso del ministro más cercano a la presidenta Rouseff

Enriquecimiento de Antonio Palocci desata escándalo en Brasil

JUEVES, 26 DE MAYO

OTRA VEZ PALOCCI !! DILMA ROUSEFF AMENAZADA Y LULA SALE EN SU DEFENSA: A mí comenzaron a pegarme tras el primer año y medio de Gobierno. El bombardeo al Gobierno de Dilma ha comenzado demasiado pronto”. Con esta reflexión lanzada en la intimidad de una reunión con senadores del Partido de los Trabajadores (PT), el ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dibujaba un horizonte poco halagüeño para su sucesora. Palocci es un bocado difícil de digerir…..

El ex-tornero, que sigue manteniendo una fortísima influencia en el seno de su partido, ha salido inesperadamente al ruedo político para atajar un fuego que amenaza con propagarse hasta alcanzar el Palacio de Planalto. El rotativo brasileño Folha de São Paulo publicaba la semana pasada un reportaje que relata el vertiginoso aumento del patrimonio personal del ministro de la Casa Civil y mano derecha de la presidenta, Antonio Palocci.

Llueve sobre mojado, ya que Palocci, ministro de Economía durante los primeros años del Gobierno de Lula, fue el protagonista en 2006 de un escándalo de tintes berlusconianos que incluyó fiestas con prostitutas, maletines de dinero y denuncias por violación de secreto bancario. El episodio se saldó con la dimisión de Palocci y su desaparición de la escena política. Al cabo del tiempo, el Tribunal Supremo lo declaró inocente de los cargos que se le imputaban.

Aún no existen pruebas consistentes contra Palocci, aunque la prensa brasileña airea que su patrimonio se multiplicó sospechosamente por 20 entre 2006 y 2010. Según los documentos filtrados al rotativo, el ministro adquirió el año pasado un piso de 500 metros cuadrados en São Paulo valorado en 6,6 millones de reales (más 2,8 millones de euros) y un local comercial por valor de 882.000 reales (383.000 euros). Por ahora nadie se ha atrevido a pronunciar formalmente la acusación que la oposición pretende articular en el Parlamento: tráfico de influencias.

Palocci, uno de los hombres fuertes del PT, ha negado que estas compras millonarias se deban a un enriquecimiento ilícito o que sean incompatibles con sus antiguas funciones de diputado. El ministro de la Presidencia tiene desde 2006 una empresa de consultoría cuyo capital ha crecido en los últimos cinco años y que ha atendido a clientes considerados “sensibles”, como las compañías aéreas brasileñas Gol y Azul. Ambas empresas han experimentado un crecimiento brutal en los últimos años, principalmente debido al aumento del poder adquisitivo de los brasileños y, consecuentemente, de la clase media.

La oposición trabaja intensamente para abrir una investigación parlamentaria que depure las posibles irregularidades, pero por ahora todos los intentos han sido en vano ya que los partidos aliados al Gobierno han conseguido formar un frente común para evitar que las acusaciones lleguen a prosperar.

El propio Lula mantuvo durante los dos últimos días una serie de reuniones con senadores del PT, líderes de los partidos aliados al Gobierno, Dilma y el propio afectado por las acusaciones, para articular la estrategia de defensa. La consigna, de momento, es frenar por todos los medios cualquier intento de apertura de una comisión de investigación en el Parlamento. Según el PT, la filtración de los datos patrimoniales de Palocci provienen del principal partido de la oposición, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), derrotado por la formación de Lula y Dilma en las últimas elecciones.

La presidenta ha ordenado hoy cancelar la distribución de vídeos y panfletos didácticos contra la homofobia por parte de los Ministerios de Educación y Salud. La decisión, a priori, pretende aplacar la indignación de los grupos parlamentarios religiosos (evangélicos y católicos principalmente), pero la lectura realizada por buena parte de la prensa brasileña sugiere que la decisión guarda una relación directa con el caso Palocci y que representaría una concesión del Gobierno a la bancada religiosa para ganarse su apoyo en el blindaje del ministro más relevante del Ejecutivo.

Mientras este caso parece estar lejos de cerrarse, la Fiscalía brasileña acaba de iniciar investigaciones por un posible delito de corrupción que implica al empresario ganadero José Carlos Bumlai, amigo de Lula. Las sospechas parten de la acusación realizada por la Fiscalía del Estado de São Paulo, que dice tener pruebas contundentes de contratos fraudulentos entre una de las empresas de Bumlai y el Ayuntamiento de Campinas, la ciudad más relevante del interior paulista. Los investigadores, acusados por la presidenta de ser oposicionistas de su gobierno, no dudan que el propio Lula haya intercedido de manera ilegal a favor de su amigo para la obtención de los contratos.

Esta es la nota que sale en el diario paraguayo ABC Digital (ABC.com.py)


Investigan a un amigo de Lula por actos de corrupción en Brasil

BRASILIA (ANSA). Fiscales brasileños investigan por corrupción a un amigo de Luiz Lula da Silva y no descartan que el ex mandatario esté relacionado con maniobras ilegales, publicó ayer un diario local.

Grupo de Acción contra el Crimen Organizado, de la Fiscalía del estado de São Paulo, cuenta con indicios claros de corrupción contra el empresario José Carlos Bumlai, amigo de Lula da Silva, escribió Estado de São Paulo.

El empresario es uno de los principales sospechosos de participar de una asociación ilícita que realizó contratos fraudulentos en la ciudad de Campinas, la más importante del interior de São Paulo.

Grabaciones en poder de los fiscales al parecer revelan que el empresario Bumlai dijo estar dispuesto a proteger a Lula para que este no sea afectado por las investigaciones que causaron una crisis en la alcaldía de Campinas.

La denuncia se conoce en momentos en que la oposición pidió la renuncia, por su supuesto tráfico de influencias, de Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula y actual jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff.

Según el canal de noticias Record, Lula viajó a Brasilia esta semana para aconsejar a Rousseff sobre cómo enfrentar la crisis.

Gobierno acusa a municipio paulista por caso Palocci

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff acusó ayer a la alcaldía de la ciudad de São Paulo, en manos de la oposición, de haber divulgado a la prensa informaciones sobre el patrimonio del jefe de la Casa Civil, el ministro coordinador Antonio Palocci.

El funcionario admitió que se enriqueció en 20 veces durante los últimos cuatro años, mientras fue diputado y coordinador de la campaña de Rousseff, dando consultoría a empresas a raíz de su pasado como ministro de Economía de Luiz Lula da Silva.

“Alguien de la Municipalidad de São Paulo, de la Secretaría de Finanzas, dejó divulgar esos datos para intentar golpear al Gobierno y hacer una lucha política”, dijo el secretario general de la presidencia brasileña, Gilberto Carvalho.

“No existe ninguna denuncia. Palocci actuó dentro de la ley y declaró todo lo que ganó”, dijo Carvalho.

Fuente: RunRun.es

Policía española impide venta de armas a Irán y Venezuela

La Policía española ha impedido la venta de nueve helicópteros de combate a Irán y material de guerra a Venezuela, en una operación en la que han sido detenidos los vendedores -cinco empresarios españoles- y tres ciudadanos iraníes que habían viajado a España para formalizar la compra.

Según informó hoy la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los detenidos también tenían previsto vender piezas y repuestos de las aeronaves de combate a Venezuela.

En la operación se han intervenido en Madrid y Barcelona nueve helicópteros BELL-112, repuestos y diverso material de guerra, todo ello valorado en unos 100 millones de euros (unos 140 millones de dólares).

Los helicópteros y el material de repuesto eran ocultados en naves industriales ubicadas en las poblaciones de Navas del Rey (Madrid), Sabadell y Tarrasa (Barcelona).

En las naves industriales, propiedad del consorcio empresarial de los españoles detenidos, preparaban su montaje y desmontaje antes de proceder a su venta y traslado a Irán y a Venezuela y aparentaban trabajar bajo la cobertura legal de actividades de reparación de aeronaves.

Los helicópteros de combate BELL-212, de fabricación estadounidense, son destinados al transporte militar de tropas y de material de guerra, desarrollan una velocidad de 230 kilómetros por hora y una autonomía media de 600 kilómetros.

Las aeronaves de este tipo están sometidas a control por la normativa comunitaria y española y su exportación está prohibida por la ONU.

Los empresarios españoles ofertaban dichas aeronaves contraviniendo las normas que regulan estas exportaciones, como dar cuenta e interesar las autorizaciones de la Junta Interministerial reguladora de Comercio Exterior de material de Defensa y Doble Uso.

Los investigadores conocieron la llegada a España de los compradores iraníes para cumplimentar los trámites documentales y económicos con los empresarios españoles y formalizar la venta, por lo que se desplegó un operativo para su detención.

De los ocho detenidos, cinco lo han sido en Madrid y tres en Barcelona, todos ellos acusados de delitos de tenencia y depósito de armas de guerra y de contrabando.

La Policía ha llevado a cabo tres registros en las naves de Sabadell, Navas del Rey y en unas oficinas empresariales de Jerez de la Frontera, en la sureña provincia de Cádiz.

La operación, que ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información, sigue abierta.

Fuente: Venetubo

El Gobierno paga 42 millones a comisionistas por la venta de ocho patrulleras a Chávez




José Luis Rodríguez Zapatero y Hugo Chávez acordaron en mayo de 2005 que el grupo de astilleros público Navantia construyera ocho buques de vigilancia para la Armada Venezolana, de los que ya se han entregado cuatro. El contrato fue rubricado el 28 de noviembre de ese año. Pues bien, unos días antes, el 30 de septiembre de 2005, Navantia firmaba un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd, por el cual esta firma cobraría una comisión del 3,5% de la venta. El precio de los ocho buques es de 1.207 millones de euros, por lo que el intermediario se reserva casi 42 millones de euros.

Así lo refleja un documento interno de Navantia titulado “Nota sobre Gestión de Comisión Comercial – Contrato de Patrulleros POVZEE y BVL para la Armada de Venezuela”, al que ha tenido acceso El Confidencial, y que fue aprobado por la Dirección de Control y Auditoría el 26 de mayo de 2006. En esa fecha Rebazve Holding Ltd. ya había girado las dos primeras facturas, por un importe total de 3,66 millones de euros, ya que el intermediario cobra sus comisiones a medida que la Armada venezolana va haciendo los pagos a Navantia.


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Según las fuentes consultadas, la empresa pública española no debería haber pagado comisiones por esta venta, ya que era un acuerdo que se cerró entre los gobiernos de España y Venezuela. “Si le vendes un barco a un armador privado de Singapur, por ejemplo, es normal que haya un bróker que se lleva un uno por ciento, porque es el que consigue al cliente, pero entre gobiernos no deberían pagarse comisiones y mucho menos tan elevadas”, afirma un ingeniero naval que ha participado directamente en operaciones similares. Por su parte, un reconocido abogado maritimista español sostiene que un 3,5% de comisión en un contrato de 1.200 millones de euros es una “brutalidad”.

Es más. El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó públicamente en varias ocasiones que con el encargo “queríamos ayudar a España porque el presidente Zapatero me dijo un día que tenían problemas con los astilleros y entonces orientamos la adquisición de Estado a Estado”. El encargo fue una bendición para el astillero de San Fernando–Puerto Real, que se garantizó unos cinco años de trabajo. El ministro de Defensa en esa fecha, José Bono, que fue quien preparó la venta, acudió a la firma del contrato en Caracas junto al entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén.

Los comisionistas

Unos meses después de la firma del contrato, Rebazve Holding Ltd. abrió una filial en España, Rebazve Holding S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. La dirigen dos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides. Carvallo pertenece a la burguesía de aquel país que ha seguido haciendo negocios en la etapa de Hugo Chávez, una suerte de capitalistas adaptados al régimen. De hecho, Juan Rafael Carvallo ha aparecido en la prensa del corazón venezolana, sobre todo por la boda de su hijo arquitecto con una presentadora de televisión, Verónica Silva.

Por su parte, y según datos del Registro Mercantil de Tenerife, el nombre de Pedro Enrique Malavé, el otro administrador mancomunado de Rebazve Holding S.L., aparece al frente de una segunda empresa española, Fashion Canary Islands, dedicada al negocio de peluquería y belleza.

Lo que no está nada claro es qué ha hecho Rebazve para cobrar más de 40 millones de euros de Navantia, los astilleros militares públicos que nacieron en 2005 de la segregación del Grupo Izar. El entonces presidente de la empresa pública, Juan Pedro Gómez Jaén, ahora al frente de la filial Sainsel Sistemas Navales S.A., ha declinado responder a El Confidencial alegando que es un asunto competencia de Navantia. Fuentes oficiales de los astilleros públicos se han limitado a decir que “Rebazve ha estado históricamente en las operaciones de venta a Venezuela”. A la pregunta de por qué concepto se le paga una comisión de 42 millones de euros cuando fue una venta conseguida por Zapatero y Bono, las mismas fuentes sugieren: “Pregunta en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato”. Pero el citado ministerio tampoco ha respondido a la petición de El Confidencial.

Por su parte, el domicilio social bilbaíno de Rebazve Holding S.L. coincide con el de una asesoría que reconoce a Carvallo y Malavé como “clientes”, a los que han trasladado la solicitud de información de este medio, que no ha recibido respuesta.

Comisiones del 3,5%

Navantia estableció con Rebazve que la intermediaria cobraría un porcentaje de comisión variable: un 5% en los primeros cien millones de euros, que iría descendiendo por tramos a medida que aumenta la facturación, hasta quedar en el 2% a partir de quinientos millones de euros.

El cómputo final de la comisión por los cuatro patrulleros BVL (Buque de Vigilancia Litoral) quedó en el 3,5%, el techo que marcaba el contrato: 17,80 millones de euros de los 508,68 que costaban los barcos. Ya han sido entregados tres. Por su parte, de las otras cuatro embarcaciones, las POVZEE (Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva), valoradas en 698,71 millones de euros, los comisionistas cobran 23,97 millones, un 3,43% del contrato. El pasado 14 de mayo se entregó la primera de estas cuatro embarcaciones. Esto significa que, aproximadamente, la mitad de la comisión total ya debe haber sido satisfecha.

Las comisiones ascenderán al final de la operación hasta la cifra de 41,78 millones de euros abonados por Navantia, una empresa cien por cien pública y que había conseguido el contrato gracias a las gestiones directas del presidente Zapatero y el ministro Bono con Hugo Chávez, en las que, a priori, no era necesario que un intermediario se adjudicara una minuta de ese calibre.

El documento que revelamos sirvió para aprobar las comisiones que había que pagar a Rebazve cuando ésta emitió sus primeras facturas. Dio el visto bueno a la “Nota sobre Gestión de Comisión Comercial” la dirección de Control de Navantia.

Los tribunales investigan la operación

Tal y como destapó El Confidencial el pasado cuatro de abril, la Fiscalía Anticorrupción denunció a Javier Salas Collantes, presidente del Instituto Nacional de industria (INI) entre 1990 y 1995 por tráfico de influencias y delito fiscal en relación a su participación en la venta de los ocho patrulleros a Venezuela. El holding Rebazve contrató a la consultora de Salas y su socio, Antonio Rodríguez, para que ésta los representara en España. Salas ha asegurado a los medios que “se trata de un error del Ministerio Fiscal y del juzgado que se aclarará en breve”.

La denuncia se presentó en el juzgado de instrucción número ocho de Madrid. La magistrada Rosario Espinosa Merlo ya ha tomado declaración a Salas, un político del entorno de lo que un día se llamó ‘beautiful socialista’. Además del INI, presidió Iberia. Actualmente es consultor y consejero de Red Eléctrica, entre otras empresas.

Fuente: El Confidencial.com

Venezuela y México en la encrucijada

By: Casto Ocando Hernandez
Channel: Univision Investigates

In the lucrative business of drug trafficking, the emergence of new smuggling routes is leading to a rise in earnings for large international drug trafficking cartels. Among the most active and promisingly profitable: the new axis between Venezuela and Mexico.

During the last five years cocaine shipments along a route that begins in the plains of southern Venezuela and ends in the heart of Mexico, have reached significant proportions, confirmed by the dozens of reports, seizures and complaints filed by individuals and official bodies in Mexico, Venezuela, Colombia, and the United States.

In hitherto unpublished exclusive conversations with Univisión, alleged drug trafficker Walid Makled revealed that he became personally aware of the dispatch of at least ten shipments on DC-9 jets from Caracas to Mexico, each consisting of more than 5 tons of cocaine. Makled did not specify whether he participated in these shipments, made between 2005 and 2008.

Walid Makled

(Walid Makled: Reuters)

Makled has been accused by the United States of having shipped, from the international airport at Maiquetía, Venezuela, 5.5 tons of cocaine aboard a DC-9 aircraft. The plane was later confiscated at the Ciudad del Carmen airport in the Mexican state of Campeche in April of 2006. In several interviews, Makled has suggested that the shipment was made with the help of high ranking Venezuelan military officers.

Univisión has been able to establish that at least five important Mexican criminal organizations—the Sinaloa, Juárez and Guadalajara cartels, as well as the Beltrán Leyva and Los Zetas cartels—are conducting, or have conducted drug trafficking operations in Venezuela from 2003 until now.

The U.S. State Department, in their most recent report on international drug trafficking, emphasized the prominence of Mexican-Venezuelan drug networks and made reference to reports of “an increased presence of Mexican drug trafficking organizations, including the Sinaloa cartel and Los Zetas in operations to smuggle drugs through Venezuela.”

According to information shared with Univisión by federal sources in Mexico, Makled maintained a close relationship with drug traffickers Gerardo Álvarez Vásquez, alias “El Indio,” one of the kingpins in the Beltrán Leyva cartel. According to Mexico’s Secretariat of National Defense, Vásquez controlled organized crime in the states of Guerrero, Morelos and Mexico, and served as contact for buying cocaine from suppliers in Central and South America, including Makled.

According to official figures from the Mexican Foreign Office, between 2003 and 2007, Venezuelan law enforcement authorities arrested 20 Mexicans for crimes related to drug trafficking.

An important kingpin who had been serving as an intermediary between two Mexican cartels supplied revealing information on activities by these two organizations in Venezuela and the alleged official support they were receiving.

In a statement made to Colombia’s Administrative Office of Security (DAS), drug trafficker Fared Feris Domínguez, alias “El Médico,” said that he had worked in Venezuela as coordinator for air routes to countries in Central America and into Mexico for various Mexican cartels.

Fared Feris Dominguez

(Fared Feris Domínguez: madcowprod.com)

“Those who have control of the narcotics leaving Venezuela are Venezuelan military officers and those who buy such merchandise are the Mexican cartels called “Los Zetas” and the Guadalajara Cartel,” said Dominguez in an interview with investigative reporter Gerardo Reyes.

Several of the Mexican drug traffickers jailed in Venezuela had received help from Venezuelan law enforcement authorities in order to continue with their activities.

In 2009, alleged drug trafficker Gloria Rojas Valencia, age 53, a representative of the Los Zetas cartel in Venezuela, was arrested twice but managed to escape before charges could be filed. Last March, Rojas was finally captured and deported to the United States, where she faces charges of drug trafficking.

Eight months prior to that, Rojas’s boyfriend, Luis Frank Tello, had been deported to the United States by the Chávez government, also under accusations of belonging to the Los Zetas cartel.

Halfway through last year, Mexicans Roberto Ávila, age 30, and Carlos Irazábal Martínez, age 33, accused of belonging to the Juárez Cartel, staged a spectacular escape from their central Venezuelan prison in Cojedes. Venezuela’s Attorney General ordered the arrest of a total of 21 police officers, including the commander of the local police on charges of having enabled the escape.

The Mexican cartels have found fertile ground in Venezuela for their activities, apparently with official support, according to private individuals and experts who have studied the topic.

In an explosive statement three months ago in the Dominican Republic, former Mexican president Vicente Fox accused Venezuelan president Hugo Chávez of maintaining “a partnership” with the drug cartels in the land of the Aztecs. Fox’s statement was fueled by the noticeable increase in the confiscation of narcotics coming out of Venezuela.

Fox and Chavez

(Vicente Fox and Huge Chavez: rapadoo.com)

“It appears there is a partnership between Chávez and the drug cartels,” said Fox, not mincing words, yet not presenting any evidence.

The Venezuelan head of state did not reject Fox’s statements directly. Venezuela’s ambassador in Santo Domingo, Alfredo Murga Rivas, answered with statistics, stating that the Chávez government had seized 63 tons of narcotics just in 2010 and had ordered the arrest of some 13,000 people linked to drug trafficking, among them 17 kingpins who have already been deported to other countries.

Fox’s impressions are shared by experts in Venezuela. “The Mexican cartels are protecting themselves and jumping on the bandwagon in Venezuela in order to guarantee their business,” told by Bayardo Ramírez, an expert on drug trafficking and former director of Venezuela’s National Commission Against the Illegal Use of Drugs.

Ramírez said that an environment of “tolerance” in Venezuela is enabling the activities of the international drug trafficking cartels.



TRADUCCION AL ESPAÑOL:



En el lucrativo negocio del tráfico de drogas, la aparición de nuevas rutas de contrabando está conduciendo a un aumento en las ganancias para los grandes carteles internacionales del narcotráfico. Entre las más activas y rentables prometedora: el nuevo eje entre Venezuela y México.

Durante los cargamentos de cocaína últimos cinco años a lo largo de una ruta que se inicia en las llanuras del sur de Venezuela y termina en el corazón de México, han alcanzado proporciones significativas, confirmada por las decenas de informes, ataques y denuncias presentadas por particulares y organismos oficiales en México, Venezuela, Colombia y los Estados Unidos.




Makled ha sido acusado por Estados Unidos de haber enviado desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, Venezuela, 5,5 toneladas de cocaína a bordo de un avión DC-9. El avión fue confiscado más tarde en el aeropuerto de Ciudad del Carmen en el estado mexicano de Campeche en abril de 2006. En varias entrevistas, Makled ha sugerido que el envío se realizó con la ayuda de oficiales de alto rango militar de Venezuela.

Univisión ha podido establecer que al menos cinco importantes organizaciones criminales mexicanas-de Sinaloa, Juárez y los cárteles de Guadalajara, así como los Beltrán Leyva y Los Zetas, los cárteles están llevando a cabo, o han realizado operaciones de tráfico de drogas en Venezuela desde 2003 hasta ahora.

Los EE.UU. del Departamento de Estado, en su informe más reciente sobre el tráfico internacional de drogas, hizo hincapié en la importancia de las redes de la droga mexicanos y Venezuela e hizo referencia a los informes de "una mayor presencia de organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, incluido el cártel de Sinaloa y Los Zetas en las operaciones de el contrabando de drogas a través de Venezuela.




De acuerdo a la información compartida con Univisión por fuentes federales en México, Makled mantenido una estrecha relación con los traficantes de drogas Gerardo Álvarez Vásquez, alias "El Indio", uno de los cabecillas del cártel Beltrán Leyva. De acuerdo con la Secretaría de México de la Defensa Nacional, Vásquez controlado la delincuencia organizada en los estados de Guerrero, Morelos y México, y sirvió como contacto para la compra de la cocaína de los proveedores en Centro y Sur América, incluyendo Makled.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de México, entre 2003 y 2007, las autoridades policiales venezolanas arrestaron a 20 mexicanos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Un importante capo que había estado sirviendo como intermediario entre dos cárteles mexicanos facilitado información que revela sobre las actividades de estas dos organizaciones en Venezuela y el apoyo oficial denunciaron que estaban recibiendo.
En una declaración hecha a la Administración de Colombia Oficina de Seguridad (DAS), narcotraficante Fared Feris Domínguez, alias "El Médico", dijo que había trabajado en Venezuela, como coordinador de rutas aéreas con países de América Central y en México por varios cárteles mexicanos .

"Los que tienen el control de los narcóticos salir de Venezuela son militares venezolanos y quienes compran dicha mercancía son los carteles mexicanos llamado " Los Zetas "y el Cártel de Guadalajara", dijo Domínguez en una entrevista con el periodista de investigación Gerardo Reyes.

Varios de los narcotraficantes mexicanos encarcelados en Venezuela había recibido ayuda de Venezuela, las autoridades policiales a fin de continuar con sus actividades.
En 2009, el presunto narcotraficante Gloria Rojas Valencia, 53 años, un representante del cártel de Los Zetas en Venezuela, fue detenido dos veces, pero logró escapar antes de que los cargos podrían presentarse. En marzo pasado, Rojas fue finalmente capturado y deportado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas.

Ocho meses antes de que, el novio de Rojas, Luis Frank Tello, había sido deportado a Estados Unidos por el gobierno de Chávez, también bajo acusaciones de pertenecer al cártel de Los Zetas.

A mediados del año pasado, los mexicanos Roberto Ávila, 30 años de edad, y Carlos Irazábal Martínez, de 33 años, acusado de pertenecer al Cartel de Juárez, protagonizaron una espectacular fuga de la prisión central de Venezuela en Cojedes. Fiscal General de Venezuela ordenó la detención de un total de 21 agentes de policía, incluido el comandante de la policía local, acusada de haber permitido la fuga.

Los cárteles mexicanos han encontrado un terreno fértil en Venezuela por sus actividades, al parecer con el apoyo oficial, de acuerdo con los particulares y expertos que han estudiado el tema.

En una declaración explosiva hace tres meses en la República Dominicana, el ex presidente mexicano Vicente Fox acusó al presidente venezolano Hugo Chávez de mantener "una alianza"con los cárteles de la droga en la tierra de los aztecas. Declaración de Fox fue impulsada por el notable incremento en el decomiso de narcóticos que sale de Venezuela.



"Parece que hay una alianza entre Chávez y los carteles de la droga", dijo Fox, no picar palabras, aún no presentan ninguna prueba.

El jefe de Estado venezolano no rechazó las declaraciones de Fox directamente. El embajador de Venezuela en Santo Domingo, Alfredo Murga Rivas, respondió a las estadísticas, que indica que el gobierno de Chávez se había apoderado de 63 toneladas de estupefacientes sólo en 2010 y había ordenado la detención de cerca de 13.000 personas vinculadas al tráfico de drogas, entre ellos 17 cabecillas que ya han sido deportados a otros países.

Impresiones de Fox son compartidos por los expertos en Venezuela. "Los cárteles mexicanos están protegiendo a sí mismos y se suben al carro en Venezuela con el fin de garantizar su negocio", dijo Bayardo Ramírez, experto en tráfico de drogas y ex director de la Comisión Nacional de Venezuela contra el Uso Ilegal de Drogas.



Ramírez dijo que un ambiente de "tolerancia " en Venezuela está permitiendo a las actividades de los cárteles de tráfico internacional de drogas.

Fuente: Univision.com

Mensaje urgente a los peruanos

Por UnoAmerica
Comandante (r) Ollanta Humala Tasso
Lunes, 23 de Mayo de 2011

Queridos hermanos peruanos:

Ciudadanos y organizaciones de toda América Latina, agrupados en torno a UnoAmérica, nos dirigimos a ustedes con carácter de urgencia, para advertirles del grave peligro que corren en este momento.


Una organización denominada el Foro de Sao Paulo -controlada por Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y las FARC- pretende tomar el poder próximamente en el Perú, destruir la democracia desde dentro, y usar los recursos de los peruanos para impulsar el expansionismo chavista en la región.


El instrumento para materializar este perverso plan se llama Ollanta Humala, quien se inscribió en el Foro de Sao Paulo (FSP) hace dos años, como él mismo lo reconoce.


Todos los países que han sido conquistados por el FSP -como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua- han pasado por el mismo proceso de degradación:


Primero, un candidato financiado por el Foro de Sao Paulo, con antecedentes golpistas, se presenta a sí mismo como demócrata. Promete respetar la Constitución y las leyes, y defender los intereses de los pobres.

Segundo, el pueblo vota por ese candidato buscando un cambio, pero una vez en el poder, éste destruye la democracia desde adentro, secuestrando los poderes públicos, persiguiendo a la oposición, acabando con la empresa privada y promoviendo su propia reelección.
Tercero, se entrega la soberanía de la nación a agentes cubanos y venezolanos, que se encargan de establecer en el país un modelo totalitario y represivo.

Cuarto, se utilizan los recursos de la nación, no para resolver los problemas de la gente, sino para promover una ideología comunista, dividir el país en grupos enfrentados entre sí, controlar la educación para adoctrinar a los más jóvenes, y montar un sistema de inteligencia y judicial que persiga a quienes piensen diferente al gobierno.

Quinto, se destruye la economía, en aras de un modelo marxista que se apropia de los bienes privados, ya sea mediante confiscaciones, controles cambiarios, o leyes socialistas.

Sexto, se crean las condiciones para que se incremente la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el fundamentalismo islámico.


Es muy fácil conocer cómo funciona este terrible proceso de degradación; basta preguntarles a los ciudadanos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, qué ha pasado en sus respectivos países.


Pregúntenle a Ollanta Humala si él pertenece al Foro de Sao Paulo; estamos seguros que no lo negará. Luego averiguen qué es el Foro de Sao
Paulo y quiénes pertenecen a esa organización. Con estas dos sencillas pruebas, ustedes podrán comprobar la verdad de lo que aquí decimos.


Queridos hermanos peruanos: no cometan el mismo error que han cometido otros pueblos de América. No permitan que el Perú se destruya para satisfacer las ambiciones expasionistas de Hugo Chávez.


Nos despedimos enviándoles todo nuestro aprecio, y deseándoles el mejor de los éxitos y el máximo bienestar.


Los integrantes de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica)


Presidente Santos: ¿quién será el demente?

Las declaraciones de Juan Manuel Santos contienen un cinismo aterrador: "Me acusan de querer la paz. Esa acusación me honra. Cualquier persona tiene que estar mentalmente enferma si no quiere la paz".

Lo último que le faltaba a Santos era retroceder a los años ochenta y noventa del siglo pasado, cuando los candidatos presidenciales se presentaban, sin excepción, como los portadores de la llave de la paz. De hecho, no puedo dejar de recordar a Ernesto Samper, ya en la Presidencia de la República, cuando ofrecía desmilitarizar La Uribe, en el Meta, como punto de partida para una negociación de paz con las FARC. Es más: Samper dijo, en aquel momento, que nadie podía dudar de la voluntad que animaba a su gobierno, al tiempo que sostenía que la paz era prioridad nacional.

¡Qué similitud en el discurso! Santos se siente honrado por las críticas de querer "buscar la paz", mientras que Samper anunciaba con entusiasmo, la voluntad de paz como una prioridad nacional.

Un año más tarde, en 1995, el mismo Ernesto Samper les pidió a las FARC una muestra real de paz, tal y como lo hizo, 16 años después, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, al solicitarles a los terroristas que liberaran a los secuestrados o hicieran cualquier gesto que generara confianza en la ciudadanía.

Ya sabemos en qué terminó la prioridad de la paz a cualquier precio: 42 mil kilómetros despejados en los que las FARC no sólo delinquieron, sino que aseguraron el control territorial como requisito indispensable para el reconocimiento de la beligerancia.

Ahora el samperista presidente colombiano —¡qué cosas, el golpista ahora tiene como consejero insigne a quien quería derrocar!— retrocede a los tiempos pre-caguaneros, repitiendo los mismos pasos de Samper y de Pastrana.

Dice Santos que cualquiera que no quiera la paz, tiene que estar demente... ¿será cierto? Comencemos por lo básico: ¿cuál es la paz que propone Juan Manuel Santos, con la jauría de ex presidentes favorables al terrorismo? Por lo visto hasta el momento, es una paz vindicativa en la que se extermina física o moralmente a todo aquel que pueda ser vinculado con Álvaro Uribe, cuya popularidad sigue siendo un obstáculo para las aspiraciones del triunvirato que gobierna.

La paz santista incluye silenciar a quien no apruebe o celebre las ocurrencias pacifistas y cleptocráticas del Presidente, como las leyes de víctimas y de tierras y la anunciada ley de paz, que ha venido a liderar el cuestionado Baltasar Garzón.

De igual forma, la paz versión Juan Manuel Santos, neutraliza la acción militar, mediante el apoyo solapado a la persecución judicial a la que vienen sometiendo a los soldados y policías de Colombia. Lo anterior no sólo posibilita que las FARC puedan recuperar algunos territorios, a costa de la vida de uniformados y civiles, sino que permite que la ciudadanía esté indefensa ante el accionar terrorista.

Esto, como ocurre en cualquier proyecto autoritario impulsado por el Foro de Sao Paulo, tiene el propósito de arraigar la vulnerabilidad para que la ciudadanía apoye cualquier propuesta de paz, por disparatada que sea: eso ya pasó, cuando Pastrana fue elegido por una nación desesperada por el accionar terrorista y vio en la foto con 'Tirofijo', una oportunidad para alcanzar la paz a cualquier precio: tres mil secuestros por año, miles de uniformados asesinados o multilados, expansión del narcotráfico como negocio alternativo de las FARC, alcaldes gobernando desde las capitales de departamentos, intentos del terrorismo por dinamitar hidroeléctricas como El Guavio y muchas atrocidades más... ¡Ésa es la paz que quiere Santos!

Así mismo, la paz santista incluye la entronización de la dictadura de los jueces, quienes vienen aplicando la ley interpretativa, como fórmula para justificar el régimen inquisitorial, sesgado y político que han implantado en el país: mientras que los computadores de alias 'Jorge 40' no requirieron protocolo alguno, ni se detuvieron en detalles mínimos como la cadena de custodia de esos aparatos; las certificaciones de la policía de policías, Interpol, no son suficientes para validar la información contenida en los computadores de 'Raúl Reyes'.

Pero lo más importante: esa paz santista incluye la negociación de las leyes con los representantes del terrorismo, ajustando la Constitución de Pablo Escobar a los intereses de la izquierda latinoamericana (en lo internacional) y de los Colombianos por la Paz, en lo nacional.

Lo grave para Santos, es que en Colombia somos millones los locos que nos negamos enfáticamente a semejante propuesta de "paz", pues tal adefesio es una deformación total del concepto y una puerta al infierno del socialismo totalitario, que padecen por desgracia, varios pueblos latinoamericanos.

Es más: somos muchos colombianos que anhelamos la verdadera paz, es decir, la de la rendición de los delincuentes y terroristas, con una cláusula de inhabilidad política permanente. A muchos no les preocupa que paguen sólo cinco años de cárcel por todos sus crímenes, pues la verdadera paz se alcanzaría si se les despoja del poder que están a punto de conseguir por la "tercera vía" santista.

Lo cierto es que estamos locos, pues millones consideramos que los terroristas no son criminales altruistas, ni mucho menos sujetos políticos a los que se les deba premiar, acordando con ellos las leyes y una reforma constitucional.

En retrospectiva, viendo la tragedia del secuestro, el sufrimiento ocasionado por el terrorismo a miles de familias, por el asesinato de sus seres queridos; los miles de civiles y uniformados discapacitados por obra y gracia de las minas antipersona y el estado de postración en el que estaba el país en 2002; uno se pregunta: ¿será que quien propone la paz, versión Santos, Samper y Pastrana; no es un orate que requiere atención prioritaria en un sanatorio mental?

Parece que otro cambio en la Casa de Nariño, éste sí indispensable, debe ser la especialidad del médico que atiende a Santos: la aromaterapia debe abrirle paso a la psiquiatría, pues la paz de Juan Manuel Santos es sólo un síntoma más de la dolencia mental de aquel que ha renunciado a aplicar la voluntad de sus votantes.

Fuente: http://atrabilioso.blogspot.com/

Explosivo auto inhibitorio

Con el triste episodio del auto inhibitorio el país constata, una vez más, que un organismo de justicia ha substituido a la justicia, y que ese organismo no elegido por nadie exhibe pretensiones que van más allá de lo que un colombiano puede tolerar: un gobierno en la sombra que obra por encima del gobierno visible, y que solapadamente lleva al país hacia la dependencia de una tiranía extranjera. Esos esfuerzos arteros, si las mayorías colombianas no los desbaratan, mediante una movilización masiva y permanente de repudio a tales engendros, terminarán en algo terrible: en una dictadura castrista en nuestro suelo, o en una guerra civil, pues Colombia no se dejará llevar a esa catástrofe sin reaccionar y sin organizar su resistencia acudiendo a todos los medios posibles.

25 Mayo 2011

Eduardo Mackenzie

Los nueve magistrados de la CSJ que declararon ‘ilegal” la documentación decomisada en el campamento ecuatoriano de “Raúl Reyes”, pretenden destruir la prueba más contundente que el Estado colombiano tiene sobre la amplitud y peligrosidad de la actividad de las FARC.

Con su auto inhibitorio ellos pretenden desbaratar las investigaciones en curso, y las futuras, sobre la guerra subversiva (militar y política) que adelantan las FARC contra el Estado y contra la sociedad colombiana. Pretenden borrar las actuaciones ilegales de los presidentes Chávez y Correa a favor de esa organización narco-terrorista, reveladas por el abatido “Reyes” en sus archivos electrónicos.

Buscan crear una base artificial para la rehabilitación de gente cuestionada como Wilson Borja y Piedad Córdoba y otros delincuentes de las FARC. La suspensión del proceso en Chile contra el comunista Manuel Olate, pedido por Bogotá por sus vínculos con las FARC, es apenas un primer efecto externo de la absurda medida.

Esos magistrados quieren borrar del ámbito judicial toda huella del alcance de las operaciones de las FARC, de la perversidad de sus acciones y, sobre todo, de su infiltración en la sociedad colombiana. Las víctimas de las FARC, los que están y los que fueron secuestrados por ellas, y las familias de quienes murieron o fueron heridos, mutilados y extorsionados por las FARC, no olvidarán nunca lo que acaban de hacer esos nueve magistrados.

Al cuestionar la Operación Fénix, un acto de legítima defensa de Colombia, respaldado en legislación internacional vigente, los nueve cruzaron una línea que ningún colombiano, salvo los miembros de las FARC, había osado cruzar.

El presidente de la CSJ dice que el auto no cuestiona la incursión militar en Sucumbios, pero que las pruebas recogidas allí son ilegales. El y los otros firmantes del auto no saben ahora cómo salir de esa contradicción. El pretexto de que Colombia, al recoger esas pruebas, violó un pretendido “tratado de cooperación judicial” entre Colombia y Ecuador, es débil. Ese “tratado” nunca fue respetado por Quito, sobre todo cuando los intereses de las FARC estaban de por medio.

Los nueve se comportaron, por eso, como tinterillos de dos regímenes detestables, enemigos de Colombia, el de Chávez y el de Correa, y como instigadores de hecho de futuros litigios internacionales contra Colombia, cuya forma final nadie podrá predecir. La responsabilidad de lo que ocurra en ese campo recaerá sobre los nueve.

Los alcances anti colombianos del absurdo auto inhibitorio son enormes. Chávez y Correa soñaban con darle un golpe brutal a nuestro país pero ello había sido imposible hasta ahora. La situación ha cambiado. Colombia está ahora expuesta a cualquier aventura. La estrategia del caballo de Troya está dando resultados espectaculares.

Por una combinación muy especial, que algún día el país descubrirá, esa gente y las FARC obtuvieron un formidable regalo judicial. Y, lo peor: consiguieron eso al mismo tiempo que lograban la neutralidad del gobierno de Juan Manuel Santos. Este, que dice estar “respirándole en la nuca” a Alfonso Cano, recibió la noticia del explosivo auto inhibitorio sin inmutarse. El nuevo golpe de la CSJ contra la seguridad y la estabilidad nacional no le quita el sueño a ningún miembro del gobierno actual. Lo cual muestra una cierta miopía, pues el coletazo de esa decisión podría llegar hasta el mismo presidente Santos, quien hizo parte, como ministro de Defensa en esa época, de la cadena de mando de la incursión en Ecuador.

Este episodio deja otra impresión desagradable: que los nueve obraron con criterio político inspirados por la agenda de terceros países, donde la justicia fue transformada en instrumento de persecución política y de lucha revolucionaria.

El grupo que dirige la CSJ es el mismo que violó la Constitución colombiana al retirarle de hecho al presidente Álvaro Uribe la potestad de nombrar Fiscal General. Ante la impotencia de los poderes públicos para bloquear esa grave deriva, la clique prosigue su labor: desmontar, capítulo tras capítulo, nuestro sistema político, pues éste, parece, es un obstáculo a la realización de la justicia “social”.

Con el triste episodio del auto inhibitorio el país constata, una vez más, que un organismo de justicia ha substituido a la justicia, y que ese organismo no elegido por nadie exhibe pretensiones que van más allá de lo que un colombiano puede tolerar: un gobierno en la sombra que obra por encima del gobierno visible, y que solapadamente lleva al país hacia la dependencia de una tiranía extranjera.

Esos esfuerzos arteros, si las mayorías colombianas no los desbaratan, mediante una movilización masiva y permanente de repudio a tales engendros, terminarán en algo terrible: en una dictadura castrista en nuestro suelo, o en una guerra civil, pues Colombia no se dejará llevar a esa catástrofe sin reaccionar y sin organizar su resistencia acudiendo a todos los medios posibles.

Eduardo Mackenzie es abogado y periodista colombo-francés residente en París desde hace más de una década. Es autor del "Best seller" "FARC: Fracaso de un terrorismo" (Colección actualidad, Debate, 2007, Bogotá) y de "El enigma IB" (Sobre el caso de Ingrid Betancourt) (Random House Mondadori, 2008, Bogotá).

Fuente: www.comentariodigital.com

| compartir | La revolución de los indignados






Stéphane Hessel le dice a los jóvenes ante el mundo de hoy, ¡Indignaos!



JULIO CÉSAR PINEDA
| EL UNIVERSAL

jueves 26 de mayo de 2011 12:00 AM

En España el gobierno del PSOE fue derrotado, el PP lo superó con cerca de 10 puntos y más de 2 millones de votos, se impusieron en 13 de las 17 ciudades autonómicas. Esto anuncia la victoria de los conservadores en las elecciones presidenciales de 2012, frente a un gobierno populista e ineficaz; de nuevo se impone el espíritu del cambio. El desempleo con 21.3% golpea fundamentalmente a los jóvenes. De los casi 5 millones de desempleados el 40% son jóvenes. Todo dentro de un frugal crecimiento del 1.3% para este año, el menor de la Zona Euro.

Más allá del resultado electoral y del futuro político de los partidos tradicionales el fenómeno más importante en España es la denominada "Revolución de los Indignados". Los indignados han ocupado las más grandes plazas del país. Aprovecharon la fecha límite de elecciones municipales y autonómicas para manifestar su "indignación" comenzando en la tradicional Puerta del Sol, la cual llamaron Plaza de la Solución, en recuerdo a la Plaza Tahir de El Cairo y la Redoma de la Sorbona.

¿Coletazo de las Revoluciones de la Primavera Árabe que empieza a golpear la otra ribera del Mediterráneo?, o ¿Reedición del Mayo Francés del 68 con sus consignas prohibido prohibir -la imaginación al poder? En el actual laberinto de la vida internacional a partir de la Puerta del Sol, entre los temas del momento (Trending Topics) de lo que se habla y se analiza, es el tema de la indignación, con la invocación al pequeño libro best seller del nonagenario francés Stéphane Hessel con rabia de adolescente, quien afirma que sus palabras son "un alegato a la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica". Es un grito a la inconformidad ante un mundo donde el hombre se ha quedado totalmente solo, sin mundo, sin Dios y sin sí mismo. Hoy pretende acabar con su propia vida por el uso irracional de la tecnología, la tragedia de Fukushima y la desenfrenada carrera armamentista con conflictos y guerras, además de problemas sociales como el terrorismo, el fanatismo y la pobreza. Este pequeño libro "Indignez - vous" (¡Indignaos!) es una denuncia, pero también una caricia a la esperanza. Con 6.8 millardos de seres humanos el planeta está plano, recalentado y sobrepoblado en términos del periodista ecologista Thomas Friedman. La política y los políticos de izquierda y de derecha han fracasado, ni el socialismo ni el capitalismo en sus visiones antagónicas han podido conciliar la libertad y la justicia. En España, como en otras partes del mundo y así se están manifestando, los jóvenes parecen no esperar nada de las fuerzas políticas tradicionales, pero tampoco desean reeditar formulas totalitarias de derecha o de izquierda: "Nazismo, Comunismo", ni autoritarismos mesiánicos con falsas democracias.

Sin repetir la amenaza integrista de la dictadura iraní, en el Mundo Árabe aunque tarde, la democracia se ha sembrado y difundido la semilla de la libertad. Las antenas parabólicas y el Internet en el Magreb como en el Macresh han mostrado la posibilidad de un mundo diferente con poderes limitados, prensa libre, alternativas de gobierno y bienestar social. La esperanza es mimética con la empatía de la rebelión.

En Occidente y así se inició en España como en el Medio Oriente donde han sido los jóvenes y mujeres quienes se lanzan a la búsqueda de lo nuevo con su insurrección pacífica. Como lo señala el autor "en todas partes hay razones para indignarse, aunque puedan parecer menos nítidas y el mundo demasiado complejo". En Venezuela como en cualquier sociedad nos diría Hessel, si buscamos encontraremos motivos de la indignación y para la rebeldía, porque la peor actitud es la indiferencia, aquí hay también energías humilladas, promesas incumplidas, pobreza manifiesta, se intenta ahogar a la sociedad civil, expresión limitada, militarización de la sociedad y poder ininterrumpido.

Stéphane Hessel, es un diplomático que colaboró con la naciente ONU, integró el equipo que concibió y elaboró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. En Ginebra tuvimos la oportunidad de conocerlo en 1977 cuando se desempeñó como Embajador de Francia ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas. Es un defensor de la causa palestina a pesar de ser judío y haber conocido los campos de concentración, aunque reclama la racionalidad a Hamas, comprendiendo su exasperación. Precisamente de la indignación surgió la Resistencia contra el Nazismo y posteriormente contra el Comunismo. Hessel le dice a los jóvenes ante el mundo de hoy, ¡Indignaos!, invocando figuras como Gandhi, Martin Luther King y Mandela. Por una insurrección pacífica. El texto integral puede encontrarlo en brújulainternacional.com.

jcpineda01@gmail.com//T: @jcesarpineda

Fuente: El Universal

Diputado afirma que le ofrecieron US$ 200.000 para apoyar a Venezuela



“A mí se me ofreció, y eso es categórico y lo voy a demostrar en su momento”, dijo el diputado Víctor Yambay durante su intervención en la Cámara de Diputados.

El mismo expresó que habló en primera persona y no mencionó a ningún colega.

El senador Juan Carlos Galaverna había confirmado que se ofrecía la citada suma a cada uno de los parlamentarios paraguayos para permitir el voto favorable al ingreso de Venezuela al Mercosur.

Fuente: ABCdigital

La injusticia de la Corte

Los argumentos esgrimidos por el alto tribunal de justicia para desestimar las pruebas de los computadores de Reyes son una auténtica vergüenza jurídica, moral e intelectual. Produce verdadero asco asomarse a un auto inhibitorio que no sólo pasa por alto información valiosa y verdadera sobre los vínculos de gobernantes y políticos con los tenebrosos “cuervos” narcoterroristas de las FARC, sino que además constituye un ultraje y un insulto para las miles de víctimas de esa alianza abyecta y para los miembros de la fuerza pública, quienes diariamente se juegan la vida consiguiendo pruebas que terminan en el basurero. ¿Qué es la injusticia? Juvenal, el poeta romano de finales del siglo I d. C., tiene una definición tan precisa como actual. Según el sabio antiguo, la acción de la injusticia se caracteriza porque “Dat veniam corvis, vexat censura columbas”, lo cual se puede traducir como “perdona a los cuervos y veja a las palomas”. El fallo inhibitorio a través del cual la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de descartar la validez probatoria de la información contenida en los computadores de Raúl Reyes, en el proceso contra el congresista Wilson Borja por vínculos con las FARC, encaja perfectamente en la definición de Juvenal sobre la injusticia.

25 Mayo 2011

Editorial (Por Juan David García Vidal)

¿Qué es la injusticia? Juvenal, el poeta romano de finales del siglo I d. C., tiene una definición tan precisa como actual. Según el sabio antiguo, la acción de la injusticia se caracteriza porque “Dat veniam corvis, vexat censura columbas”, lo cual se puede traducir como “perdona a los cuervos y veja a las palomas”. Es decir, la injusticia, a diferencia de la equivocación, la ignorancia y la negligencia, se distingue porque ignora la acción dañina de los depredadores más miserables y, al permitirles actuar con una libertad que no merecen y una impunidad que resulta intolerable, causa un daño insultante a los seres más inocentes. Ahí radica la gravedad de la injusticia perpetrada por un tribunal, no sólo por excluir la verdad o la Ley, sino principalmente por las consecuencias que tal conducta implica para aquellos a los que debería proteger y que, sin embargo, desampara.

El fallo inhibitorio a través del cual la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de descartar la validez probatoria de la información contenida en los computadores de Raúl Reyes, en el proceso contra el congresista Wilson Borja por vínculos con las FARC, encaja perfectamente en la definición de Juvenal sobre la injusticia. Produce verdadero asco asomarse a un auto inhibitorio que no sólo pasa por alto información valiosa y verdadera sobre los vínculos de gobernantes y políticos con los tenebrosos “cuervos” narcoterroristas de las FARC, sino que además constituye un ultraje y un insulto para las miles de víctimas de esa alianza abyecta y para los miembros de la fuerza pública, quienes diariamente se juegan la vida consiguiendo pruebas que terminan en el basurero.
Los argumentos esgrimidos por el alto tribunal de justicia para desestimar las pruebas de los computadores de Reyes son una auténtica vergüenza jurídica, moral e intelectual. Vamos por partes.
Según la Corte Suprema, las pruebas recogidas por las fuerzas armadas colombianas en la operación en la que se dio de baja a Raúl Reyes son ilegales, porque no se le pidió permiso a Ecuador, en virtud del Convenio colomboecutoriano de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal de 1996 y también porque las autoridades nacionales estaban desprovistas de facultades de Policía Judicial, “pasando por alto que las pruebas provenientes del exterior no son ajenas al principio de legalidad y con él al del debido proceso”. Con esto la Corte insinúa, sin el más mínimo respeto por el interés nacional, que Colombia violó no sólo la soberanía ecuatoriana, sino también tratados internacionales. Además acusa a las autoridades que ordenaron la operación de haber cometido una arbitrariedad.
Ahora bien, si los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia tuvieran algo de rigor jurídico y el mínimo pudor intelectual podrían haber reconocido que Colombia no le pidió permiso a Ecuador para ejecutar la operación contra Reyes, porque actuó conforme al principio de la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El mismo título jurídico internacional en el que se amparó Estados Unidos para dar de baja a Osama Bin Laden, hace pocas semanas, en territorio pakistaní y sin autorización previa del gobierno de ese país.
Además, si la Corte hubiese analizado el contexto de la Operación Fénix y la información extraída de los computadores de Reyes, conforme a las reglas de la sana crítica, habría llegado a la conclusión, probada y confirmada, de que el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa nunca ha sido un aliado de la democracia colombiana, sino un obstáculo evidente para la lucha contra el terrorismo marxista. En consecuencia, ¿qué cooperación podía brindar a Colombia un gobierno, como el ecuatoriano, que nunca había mostrado tal disposición y que ahora se sabe, por los mismos computadores de Reyes, que tenía una alianza, al más alto nivel, con las FARC? Si el gobierno colombiano hubiese aplicado, en marzo de 2008, la absurda tesis que ahora impone la Corte Suprema, Raúl Reyes seguiría ordenando y planificando, sin ser molestado, masacres, extorsiones, secuestros y demás fechorías terroristas contra el pueblo y las instituciones colombianas desde su inexpugnable base permanente en la selva ecuatoriana.
Ahora bien, el argumento excesivamente formalista de la Corte de que se violó la cadena de custodia de las pruebas, porque las autoridades colombianas que ejecutaron la Operación Fénix estaban desprovistas de atribuciones de policía judicial, resulta no menos falaz y aberrante. En primer lugar, porque en el momento del operativo, era materialmente imposible, para los miembros de la policía que recogieron las pruebas, contar con la autorización previa de una autoridad judicial, en el marco de un operativo secreto y sorpresivo. En segundo lugar, el argumento de la Corte es mentiroso, porque la cadena de custodia de las pruebas se respetó escrupulosamente. La policía recaudó, embaló y etiquetó las pruebas. En 24 horas llegaron a Bogotá, donde fueron entregadas al general Óscar Naranjo. Al otro día, él las entregó formalmente a la INTERPOL, para analizar su autenticidad y determinar si fueron o no contaminadas o adulteradas. INTERPOL certificó, actuando como laboratorio forense, que durante todo el tiempo que pasó desde su recolección, las evidencias contenidas en los computadores de Raúl Reyes no fueron alteradas y que las autoridades colombianas encargadas de custodiarlas actuaron con total trasparencia, profesionalismo y rigor.
Así las cosas, a la vista de estos sórdidos e inquietantes despropósitos del más alto tribunal de justicia de la Nación, en un asunto tan delicado para la seguridad y el prestigio de Colombia, los ciudadanos sólo podemos sentir vergüenza de tener semejante casta judicial. ¿Para esto pagamos impuestos? ¿Estamos pagando para que unos cuantos jueces le abran la puerta a la impunidad, con argucias de quinta categoría? Los delincuentes ya no le tienen miedo a los jueces, pero los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos motivos sobrados para temerles por sus fallos injustos. Con unos jueces leguleyos y sectarios, jamás podremos derrotar a los terroristas.
Juan David García Vidal es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y magíster en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Columbia en Nueva York y con Sciences Po de París. Es director general de Comentario Digital.

Fuente: Comentariodigital.com

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