Las comillas duelen.
Irritan. Representan la retórica oficial, la voz del poder queriendo salvarse, tomando distancia. Hablan desde otro lado. Como si esta historia no fuera suya.
Dice el ministro Tareck el Aissami que el Estado no tolerará violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Se refiere a los tres detenidos que murieron a finales del mes pasado en la sede del Cicpc en la urbanización El Rosal.
Dice Cilia Flores que no es necesario interpelar al director del Cicpc en la Asamblea Nacional. Piensa que no hace falta. Que las cosas van bien. Cree que llevar al responsable de la institución al Parlamento sería “perturbar la investigación”.
Dice Iris Varela que también podría resultar muy conveniente investigar desde cuándo trabajan en el cuerpo de seguridad los funcionarios implicados en el suceso. Sospecha la diputada que los posibles responsables de seguro pertenecen a la república anterior.
Todo resulta tan paradójico y bochornoso que uno ya no sabe si reírse o soltar un alarido, si hacer un chiste cínico o patear el aire y ponerse a llorar.
La simple descripción de los lugares de reclusión que usa el Cicpc en su sede de El Rosal podría ser el relato de un crimen. Celdas de menos de veinte metros cuadrados, sin ventanas, sin ventilación, sin baños, sin agua. Celdas donde ponen a tantos detenidos que sólo pueden estar de pie, apretujados, hacinados, tropezando con la piel y el olor del vecino, peleándose el aire y el humor. Es un minicampo de concentración llamado calabozo.
En un país con un gobierno medianamente serio, el simple anuncio de una muerte producida por “falta de aire respirable” hubiera sido una contundente acusación, un señalamiento brutal. Pero aquí no pasa nada. O peor: pasan las declaraciones. Pasan las excusas de siempre. Dice el ministro Tareck el Aissami que se trata de “un caso aislado”.
Como si el hacinamiento carcelario fuera una condición variable, un a veces sí, a veces no, dependiendo de cómo te muevas, de hacia dónde dirijas la nariz.
Quizás por eso mismo, en la rueda de prensa, el forense destacó la naturaleza particular de los dos ciudadanos muertos por “sofocación”.
Uno, señaló el doctor Pérez, sufría de “síndrome convulsivo” y el otro “era asmático”.
Tal vez creen que esas características específicas sirven para matizar los hechos, tal vez quieran decirnos que las víctimas tampoco eran biológicamente inocentes, que también ellas pusieron algo de su parte. Si no hubieran padecido de esas rarísimas e íntima anomalías, de seguro estarían todavía vivos, de pie, en esa misma celda, todavía.
Es indignante que el Gobierno siempre actúe como si todo fuera eventualidad.
Ahora resulta que los calabozos del Cicpc son un accidente. Que nadie los había visto.
Que estaban así, ese día y en ese momento, por pura casualidad o por un inesperado estallido del azar, o incluso por culpa de una certera conspiración del capitalismo interplanetario. Ahora resulta que, durante más de una década, esos calabozos jamás existieron. Surgieron de pronto. Por generación espontánea. Quién sabe cómo y por qué. Nunca nadie se dio cuenta de que había muchos más presos que barrotes, que el oxígeno era un campo de batalla, que aquello era una mierda inenarrable.
Para el discurso oficial, las cárceles venezolanas, y sus dramáticas situaciones, al parecer sólo son un imprevisto. Algo que apareció de repente, esta mañana, sin aviso. Igual que la crisis de la vivienda. Igual que la crisis en los hospitales. Como la inflación. Como los apagones… Tienen doce años en el poder y todavía hablan como si hoy fuera su primer día de gobierno. Actúan como si no tuvieran pasado, como si no supiéramos que desde hace muchos dólares están aquí.
Según la noticia, hay ciudadanos que llegan a permanecer hasta más de un mes en los calabozos del Cicpc en El Rosal. No se trata de un imprevisto. No es un caso aislado. Lo que ocurre es ya rutina. Lo que ocurre es procedimiento regular. Lo que ocurre es un sistema. Eso los mató.
Dice el ministro Tareck el Aissami que el Estado no tolerará violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Pero no dice el ministro Tareck el Aissami que, justamente, ese mismo Estado asesinó por lo menos a dos de los detenidos en uno de sus calabozos.
“Podemos estar satisfechos con la respuesta del Estado”, dice encima Cilia Flores cuando rechaza que se interpele al director del Cicpc en la Asamblea.
“Sofocación”: hasta las comillas dan asco. La asfixia también puede ser un crimen.
Fuente: La Patilla
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