Por: Redacción Judicial
Hace 54 años el abuelo de Iván y Samuel Moreno, el general Gustavo Rojas Pinilla, tuvo que afrontar la justicia por sus abusos en la Presidencia.
Foto: Archivo - El Espectador
El general Gustavo Rojas Pinilla, en el juicio que afrontó en el Congreso en noviembre de 1958. Atrás Carlos Lleras Restrepo.
Los ecos de la jornada histórica del 10 de mayo de 1957 en que cayó la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla aún resonaban en la sociedad colombiana, cuando el periodismo y los partidos políticos empezaron a ventilar los secretos non sanctos de su paso por el poder. Once días después, a través del decreto 0981, nació la Comisión Nacional de Instrucción Criminal creada para investigar los delitos cometidos por “altos funcionarios del Estado durante los últimos tiempos”. Un escenario al margen de la rama judicial con un objetivo claro: juzgar al depuesto Presidente.
Al mismo tiempo, la prensa nacional, ya libre de la censura a la que la sometió Rojas Pinilla, se dio a la tarea de sacarle los trapos ocultos, con la convicción de que más allá de las arbitrariedades de la dictadura, debía ratificarse lo que entonces era un secreto a voces: el derrocado mandatario se había enriquecido en su paso por la Presidencia. La prueba fue quedando manifiesta en las páginas de los periódicos que a lo largo del segundo semestre de 1957 compartieron el deber de investigar a fondo cada negocio que pasó por las manos del general y su entorno familiar.
El lunes 22 de julio de 1957, por ejemplo, en las páginas de El Independiente, creado para sustituir a El Espectador clausurado por la dictadura un año antes, Gabriel Cano Villegas, bajo el título “El Presidente negociante”, dejó memoria de su investigación sobre cómo el general Rojas, a través de “sus actos personalistas y excluyentes”, sólo buscaba un fin: “su enriquecimiento más o menos caudaloso, pero en todo caso veloz”. Y concluyó que “al general Gustavo Rojas Pinilla no se le derrocó ni por conservador ni por militar sino sencillamente por negociante”.
El documento anticipó varios de los episodios que se incluyeron en el informe que preparó la Comisión Nacional de Instrucción Criminal y que llevaron a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a emprender una instrucción formal contra el exmandatario. Una decisión que se adoptó en agosto de 1958 y que se desdobló en tres subcomisiones que, en su orden, comenzaron a investigar posibles conductas de abuso de autoridad, concusión e indignidad por mala conducta y libertades arbitrarias en el contexto de violaciones a la Constitución Nacional.
Respecto al abuso de autoridad, a pesar de que se indagaron diversas circunstancias, la investigación se centró en establecer una indebida intervención del entonces presidente Rojas. En junio de 1954, el Ministerio de Agricultura le había autorizado al entonces secretario de hacienda de Bolívar, Carlos A. Barraza, la importación de 2.000 novillos por valor de US$ 220.000, que ingresó por el puerto de Buenaventura. Sin embargo, el entonces director general de aduanas, contralmirante Luis Baquero, detectó que en la negociación se había desconocido el arancel aduanero.
El lote de ganado fue retenido y se abrió una investigación administrativa. Entonces Barraza, cercano al general Rojas Pinilla apeló a su ayuda y desde el municipio de Melgar, donde se encontraba, el Presidente llamó telefónicamente a Cali para ordenar que los semovientes no fueran rematados sino que se le entregaran de inmediato a Barraza. Al enterarse de lo sucedido, el Director de Aduanas se negó a cumplir la orden para no violar la ley y prefirió renunciar. Rojas impuso su autoridad y el 10 de noviembre de 1954, Carlos Barraza recibió el ganado sin pagar impuestos.
La segunda causal de investigación resultó la más polémica y documentada. La instrucción corrió por cuenta del representante Emiliano Guzmán y literalmente aportó toda la información contable del presidente Rojas y su familia. En esencia, sostuvo que la declaración de renta del primer mandatario y su esposa en 1952 mostró un patrimonio bruto de $194.500; y que para el año gravable de 1956, este guarismo llegó a $6’220.000. Además, sus tres hijos Gustavo, María Eugenia y Carlos no tenían patrimonio en 1952, y cuatro años después, figuraron con $1’888.394.
En consecuencia, el representante Guzmán calculó en $8’118.394 el patrimonio obtenido por Rojas y su familia durante su paso por la Presidencia. Pero eso no fue todo, el documento registró las compras de la sociedad ganadera De Patiño Ltda., donde eran accionistas Rojas, su esposa y sus tres hijos. Esta sociedad se constituyó el 10 de diciembre de 1955 y apenas 13 días después compró la Hacienda Sabanas de Román, en río de Oro, Magdalena. En enero de 1956, la misma sociedad compró las haciendas Mosquitos y Villa Luz, en Aguachica y Gamarra, César.
El asunto es que el dinero para acceder a estas propiedades, según la investigación, fue posible a través de presiones al entonces gerente de la Caja Agraria, Carlos Echeverri, para que prestara la plata. El funcionario ratificó ante la prensa y bajo juramento que prestó a diversas personas para facilitar la parcelación de una de las fincas. Así le facilitaron dinero a varios personajes que resultaron socios de Rojas. Y no fue el único caso. En los bancos Cafetero, Ganadero y Popular también hubo generosos préstamos que incluyeron al general Rojas, sus socios y su hijo Gustavo.
A esta relación de negocios se le sumaron múltiples informes de la prensa y aportes de otros congresistas. Y aparecieron también fincas en Cereté, Melgar, Paipa y Cali; adquisición de derechos como único postor del Ingenio de Berástegui, en estado de quiebra; y hasta comisiones de contratos, como la que documentó el periódico La República, donde la firma internacional Lewis Construction Company ganó un negocio en el Instituto de Crédito Territorial y el 7% del contrato le correspondió a tres abogados, entre ellos el yerno de Rojas, Samuel Moreno Díaz.
El tercer escenario de investigación, con fotografía conocida abordo, fue la acusación de cómo el general Rojas había intervenido arbitrariamente para que el pájaro León María Lozano, conocido como El Cóndor, famoso por sus asesinatos en el Valle del Cauca, recobraba su libertad en Buga. Y cómo había repetido el mismo procedimiento en favor de Francis P. Watson y Ulid Livingston en San Andrés, así como en favor de Darío Parra, en Melgar. Estas acciones permitieron al Congreso sindicar a Rojas de obstrucción a la justicia y de utilizar a la Fuerza Pública para hacerlo.
Con este acumulado de cargos, la sesiones en el Congreso fueron interminables y ganaron mayor expectativa cuando Rojas Pinilla regresó a Colombia el 13 de octubre de 1958, tras 16 meses en España. Cuatro días después, su secretario privado, Nicolás Petro, recibió la notificación del Senado de que debía comparecer ante la célula legislativa para rendir indagatoria. El expresidente, detenido en el apartamento del general Jaime Polanía, designó como abogado a Joaquín Estrada y, a través suyo, se negó a cumplir la diligencia. El 18 de noviembre fue llamado a juicio.
Pero súbitamente, el 3 de diciembre de 1958, el presidente Alberto Lleras anunció que con la dirección del general Rojas se estaba adelantando un movimiento subversivo que buscaba revocar el régimen constitucional. Por eso, se decretó el Estado de Sitio, Rojas junto a su hijo Carlos fue enviado a Cartagena y después puesto a abordo de la fragata Capitán Tono, que fue fijada como sitio de reclusión. Allí estuvo 19 días hasta que fue trasladado a una casa en Galerazamba, situada a dos horas de la ciudad heroica. El 20 de enero de 1959 estaba de regreso en Bogotá.
Dos días después, el 22 de enero, en sesiones extras, se inició el juicio. Como acusador ofició Antonio José Uribe Prada. La defensa estuvo a cargo de Carlos Rey y Daniel Valois. La base de las acusaciones fue la mezcla de las actividades de Estado con los negocios particulares. Ríos de tinta hubo en los periódicos registrando los comentarios y exposiciones de los oradores, los incidentes de recusación, los aportes del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), la sumatoria de declaratorias de renta, participación accionaria y otros cuantos documentos públicos.
El 23 de febrero, como lo relata Jorge Serpa en su extensa biografía del general Rojas, el expresidente empezó su alegato, pero después de defender a su hija María Eugenia de acusaciones sobre malos manejos en la entidad Sendas, y a su yerno Samuel Moreno de cargos de tráfico de influencias y contrabando de café, le dio la vuelta a sus argumentos y empezó el contrataque. El blanco de sus dardos fue la familia Gómez Hurtado y sus negocios. Después la emprendió contra el senador Diego Tovar. El 16 de marzo, 43 senadores contra 23 votaron para que Rojas no siguiera haciendo uso de la palabra.
48 horas después, el Senado profirió veredicto condenatorio. A la primera pregunta de si Rojas era responsable de varias conductas anómalas, entre ellas no haber cuidado de la exacta recaudación de las rentas y caudales públicos, 62 senadores votaron afirmativamente, cuatro se negaron. A la segunda pregunta de si Rojas había aprovechado su jerarquía para obtener préstamos bancarios para sí mismo y para otros, y si se había servido del cargo de Presidente para acrecentar de forma indebida su patrimonio, 65 senadores votaron por el sí, y uno solo por el no.
El 2 de abril de 1959, de un total de 80 senadores, 45 condenaron a Rojas a la pérdida perpetua de sus derechos políticos, lo cual incluyó interdicción de derechos y funciones públicas, privación de la facultad de elegir y ser elegido, y prohibición de cualquier función oficial o pensión de jubilación. Gustavo Rojas Pinilla fue declarado indigno por mala conducta en el ejercicio del cargo de Presidente de la República. 172 días después de su regreso de España y casi dos años después de su caída, el exdictador fue castigado por la justicia política. La sociedad que lo elogió ahora lo señalaba.
Sus partidarios nunca arriaron sus banderas políticas y crearon la Alianza Nacional Popular (Anapo), con el liderazgo de su hija María Eugenia Rojas. Su yerno Samuel Moreno Díaz también había pasado por el congreso. El 19 de diciembre de 1966, por dos votos contra uno, una sala de decisión del Tribunal de Bogotá falló a favor de la rehabilitación de derechos y funciones públicas para Gustavo Rojas Pinilla. Tras un agitado debate político, la decisión fue apelada, pero el miércoles 18 de octubre de 1967, los ocho miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmaron la decisión.
Al recobrar sus derechos políticos, primero Rojas se hizo congresista y después fue candidato presidencial en las polémicas elecciones del 19 de abril de 1970, que perdió con Misael Pastrana pero cuyo resultado aún controvierte la historia. Su hija María Eugenia intentó sin éxito llegar a la Presidencia en 1974 y a la alcaldía de Bogotá en 1988. Sus dos nietos Iván y Samuel Moreno Rojas, fueron elegidos congresistas y alcaldes. El primero en Bucaramanga en 2000, el segundo en Bogotá en 2007. Hoy ambos viven las mismas horas ante la justicia que vivió su abuelo.
En la mira de las autoridades
Los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas están en la mira de las autoridades por el escándalo del carrusel de la contratación y ya tienen medidas cautelares en medio de los procesos en curso. La situación del senador Iván parece la más complicada: está detenido en La Picota por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema, enfrenta el proceso por pérdida de investidura en el Consejo de Estado y está pendiente del reinicio del juicio disciplinario ante el procurador general.
Por su parte, Samuel, el alcalde de Bogotá, recientemente fue suspendido por orden del procurador general de la Nación, que elevó pliego de cargos. Además, la Corte Suprema compulsó copia a la Fiscalía para que lo investigue por el carrusel de la contratación.
§ Redacción Judicial | Elespectador.com
Fuente: El Espectador
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