En lugar de insultar y de descalificar al juez español Eloy Velazco, lo que le corresponde al gobierno de Chávez es no obstruir las investigaciones de la justicia española, abrir, en Venezuela, las pesquisas para establecer responsabilidades y expulsar a los extranjeros incursos en tales ilícitos y en los casos de ciudadanos naturalizados, revocarles la nacionalidad y extraditarlos, sin pérdida de tiempo.
.Por Santiago Alcalá
Cuando Hugo Chávez y el bobo-vivo de la Cancillería, ante la incriminación del Juzgado de Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de España, auto procesamiento del 24/02/2010, sumario 75/09, se defendieron diciendo que al terrorista vasco, Arturo Cubillas, lo había traído a Venezuela Carlos Andrés Pérez, supimos que algo olía mal en la Dinamarca de las relaciones Chávez-ETA-FARC.
Una cosa es haberle dado cobijo a Cubillas, en el marco de un acuerdo humanitario de pacificación celebrado por Pérez y Felipe González y otra, que una vez aquí, el pretendido pacificado con la ciencia y complacencia de Chávez haya reemprendido sus acciones terroristas.
Esto último, era lo que le tocaba desmentir a Chávez. No levantar una cortina de humo culpando a CAP. Menos aún, acudiendo a la socorrida muletilla, según la cual todo el que lo cuestione – con pruebas al canto, como en el presente caso- forma parte de una conspiración internacional comandada por el Imperio norteamericano.
¿QUÉ DICEN LOS AUTOS DE LA AUDIENCIA DE ESPAÑA?
En “La Razón” hemos leído con detenimiento, el “auto de procesamiento” dictado por el juez Velazco, titular del mencionado tribunal.
No es cierto, como lo expresaron los peleles de nuestra Asamblea Nacional, que los únicos elementos incriminatorios contra el gobierno de Chávez, contenidos en el sumario, hayan sido extraídos de la computadora del narcoguerrillero Raúl Reyes. En el auto de procesamiento se analizan varios indicios contenidos en la mencionada computadora, pero se los concatena con otras pruebas como, las declaraciones de guerrilleros “movilizados” y numerosas documentales incautadas a los integrantes de ETA, José J. Irazcuren, José Dorronsoro y José Ángel Urtiaga, entre otros.
El fallo del juez Velazco pone los pelos de punta. Allí vemos cómo las FARC y ETA, actuando en nuestro territorio con el apoyo del gobierno de Venezuela, formalizaron y ejecutaron diversas acciones terroristas: entrenamiento para la fabricación de cilindros-bomba que después fueron utilizados en atentados perpetrados en España; adiestramiento en el empleo de teléfonos celulares como detonantes de explosivos; acarreo y activación del peligroso C-4; entrenamiento en la manufacturación morteros y granadas; pruebas de lanzamiento de tales arfefactos y lo más grave: intercambio de información para asesinar a las siguientes personalidades colombianas: Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, Andrés Pastrana, ex Presidente, Noemí Sanín, ex Canciller, Atanas Mockus, ex candidato a la Presidencia, Francisco Santos, Vicepresidente y Bernardo Gutiérrez, periodista y ex guerrillero.
En lo que se refiere de manera específica a Venezuela, el juez Velazco se señala que los cursos o sesiones de adiestramiento de los terroristas de las FARC y la ETA se realizaban en nuestro territorio con el apoyo y protección de “gloriosa Fuerza Armada” Bolivariana y de efectivos de la DISIP, siempre bajo la coordinación de Cubillas, quien desde 1999, año de la llegada de Chávez al poder, fue nombrado jefe de la ETA en Hispanoamérica.
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