A los empleados contratados de la Misión Identidad, que tienen más de seis años laborando en esa institución, los mantienen engañados con las contrataciones, y mejoras de sus beneficios. A pesar de que se les ha estado descontando por más de tres años el Seguro Social, no aparecen registrados. Ganan menos del sueldo mínimo y son obligados a trabajar en los operativos de cedulación en la calle sin ninguna bonificación a pesar de que atiende cada uno, un promedio de 400 personas diarias, esto incluye sábados y domingos y si se les ocurre faltar son despedidos sin derecho a pago alguno.
En contraste, los directores de la DIEX gana sueldos que oscilan entre 4000 y 6000 bolívares fuertes, a pesar de que ninguno tiene estudios superiores, esto sin contar lo que entra por darle identificación de venezolanos a extranjeros que ni siquiera hablan español.
Cómo el Régimen
Presiona a los jueces
La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Tulio Armando Jiménez, es rauda y veloz cuando se trata de suspender jueces por razones políticas.
El mecanismo es ordenar a la Comisión Judicial del TSJ, la suspensión de jueces titulares sin goce de sueldo, por tiempo indefinido, colocándolos en una incertidumbre jurídica, hasta que la Inspectoría General de Tribunales, presente acto conclusivo. Generalmente nunca cursa denuncia, y para aparentar, fabrican cualquier denuncia aunque sea inoficiosa, y con fecha posterior a la suspensión.
En cambio cuando las suspensiones de los jueces son de índole jurídico, se refleja un procedimiento previo, es decir, un inspector realiza una inspección extraordinaria o especial y le notifica al juez que existe una denuncia en su contra y ya el juez se encuentra a derecho y expone sus descargos y defensas.
La Inspectoría de Tribunales desapareció con la promulgación del Código de Etica del Juez. Sin embargo existe un contubernium, entre la Comisión Judicial y la Inspectoría, (ambas son miembros de la Comisión Judicial del T.S.J), que juegan al cansancio, desgaste emocional y físico del juez y sus familiares, sometiéndolos a situaciones que en varias oportunidades han causado depresiones en jueces honestos que a la final mueren infartados.
Mientras el juez está suspendido sin goce de sueldo, se le prohíbe desempeñar cualquier otra actividad remunerativa para cumplir con sus compromisos económicos.
Mientras tanto, los magistrados del TSJ, puestos a dedos por la Asamblea Nacional, disfrutan de los privilegios que todos conocemos.
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