Ligia Istúriz
(@seleccionada en Twitter)
CARACAS (infoCIUDADANO)
11/Junio/2011
En pasados días llegué a la pequeña Oficina de un Banco para hacer una operación de taquilla, encontrando una larguísima e inusual cola que esperaba ser atendida por un solo cajero, (los puestos de los otros dos se encontraban vacíos). Me incorporé a la fila, dispuesta a esperar el tiempo que fuese necesario porque la diligencia si bien sencilla era impostergable. Pero he aquí que se me acerca mi hijo que, sin yo saberlo, estaba en esa misma cola acompañando a una amiga a cuatro puestos de llegar a la caja y me dice que me vaya para allá y pase junto con su chica.
Mi reacción, muy molesta fiel a mi estilo y principios, fue negarme y decirle que eso era un abuso, que cómo me iba a “colear”, cómo iba a pasar por encima de las personas que llevaban horas ahí, y todas esas cosas que pensamos cuando otro hace algo así. Él insiste: “Ve, yo me quedo en tu puesto y si tienes problemas regresas aquí”.
Me toma un segundo la decisión de hacer un elemental ejercicio de evidencia empírica para poner a prueba una vez más la hipótesis (docimasia) de que en nuestro país los abusos y arbitrariedades -de la escala que sea- gozan de impunidad más por falta de los abusados, que de los abusadores. En efecto, tanto la chica como yo hicimos nuestras operaciones sin problemas.
Cuando salimos los tres, pues mi hijo se había quedado en el lugar donde había llegado yo inicialmente por si se hacía necesario que tuviera que devolverme, me comentaron ambos que hubo personas que en voz muy baja murmuraron “molestos”: “Pero, qué abusadora”, “¿a cuenta de qué se coleó?”, “seguro es chavista”, “nooo, esa tiene pinta de sifrina”, “ah, que se robe el turno. No voy a pelear por un piche puesto”. Y la tapa del frasco: “Lo que uno tiene que aguantar en este país”. Ninguna de esas frases las oí, porque hubiera bastado escuchar una sola de ellas, dicha en voz alta, clara y directa hacia mí, para que hubiese regresado a mi lugar con la satisfacción de encontrar a alguien que supiera ejercer su derecho de hacer respetar su turno de llegada.
II
Hechos tan repetidos y cotidianos como el narrado, que representa la unidad mínima dentro del sistema de abusos que se adjudican a la llamada “viveza criolla” -infeliz eufemismo para calificar la conducta de burla o perjuicio sistemático de muchísimos venezolanos- son moneda corriente en Venezuela, donde por iniciativa propia, amiguismo, parentesco, pago de dinero, posición de poder, órdenes “de arriba”, y un cortejo de “inexplicables”, una persona obtiene privilegios sobre todas las demás que en el mismo tiempo, lugar y circunstancia cumplen con los deberes establecidos para obtener un determinado beneficio.
Trátese de una oficina pública o de un ente privado. En casi ninguno de esos casos se producen hechos individuales o colectivos, sin violencia, pero firmes y contundentes que impidan el abuso. Que reclamen el derecho que está siendo vulnerado por un igual. Sólo murmullos, expresiones de resignada molestia, anécdotas, las pequeñas historias que quedan para el difuso campo del chismorreo. Hay ocasiones en que la indignación acumulada ha ocasionado disturbios indeseados, con consecuencias de agresiones graves que -demás está decirlo- no se contabilizan como ejercicio de los derechos. Por el contrario, pasan a ser hechos punibles.
En el mismo contexto, y casi con la misma indiferencia ciudadana como reacción, pero en otro tramo de la pirámide jerárquica –y una escala de importancia y trascendencia mayores- están los derechos cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, que los enuncia agrupados en diez categorías.
III
No hay un solo medio de comunicación que en Venezuela no cite cada día la violación de derechos como práctica corriente.
Sin embargo pareciera que la sociedad no tiene conciencia de sus derechos y/o más grave, muchas veces teniendo perfecto conocimiento de ellos, no los ejerce. Desde el caso, elemental y sencillo, de permitir que una persona se nos adelante en el turno que nos corresponde, o que el precio de un producto nos sea cobrado en un establecimiento comercial a un valor doble o triple del que tenía el día anterior, hasta obligaciones constitucionales para con los ciudadanos como el derecho social a la vivienda y a la salud, o el derecho político que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, salvando lógicamente las distancias en magnitudes y escalas de gravedad y las consecuencias entre los casos.
Sólo se manifiesta el llamado coloquialmente “derecho al pataleo”, definido por la Academia como la “última y vana actitud de protesta que adopta o puede adoptar el que se siente defraudado en sus derechos”.
IV
Esta actitud tendencialmente indiferente del venezolano de dejarse arrebatar el orden en la cola, de que le aumenten los precios al arbitrio del vendedor, de que lo asalten y le quiten sus pertenencias, sin ejercer acciones por la falta de protección policial, de que le quiten facultades al Alcalde que eligió, o le impongan que debe marchar en favor o en contra de una causa que a veces ni siquiera conoce, de la restricción en la compra de divisas y, en consecuencia, de libre movilización fuera del país, ¿será la misma que ha ido permitiendo un país donde el abuso y la arbitrariedad imperan, porque así lo aceptan los abusados? De ser así, cabe la pregunta ¿Por qué los venezolanos no ejercen sus derechos?
…………………………………………..
ILUSTRACIÓN: @milagrosblue para infoCIUDADANO.
infoCIUDADANO no se solidariza o avala las opiniones de los colaboradores. Toda la información de este sitio se distribuye bajo Licencia de Creative Commons.
© 2011. infoCIUDADANO. Términos legales.
Fuente: Infociudadano
Mi reacción, muy molesta fiel a mi estilo y principios, fue negarme y decirle que eso era un abuso, que cómo me iba a “colear”, cómo iba a pasar por encima de las personas que llevaban horas ahí, y todas esas cosas que pensamos cuando otro hace algo así. Él insiste: “Ve, yo me quedo en tu puesto y si tienes problemas regresas aquí”.
Me toma un segundo la decisión de hacer un elemental ejercicio de evidencia empírica para poner a prueba una vez más la hipótesis (docimasia) de que en nuestro país los abusos y arbitrariedades -de la escala que sea- gozan de impunidad más por falta de los abusados, que de los abusadores. En efecto, tanto la chica como yo hicimos nuestras operaciones sin problemas.
Cuando salimos los tres, pues mi hijo se había quedado en el lugar donde había llegado yo inicialmente por si se hacía necesario que tuviera que devolverme, me comentaron ambos que hubo personas que en voz muy baja murmuraron “molestos”: “Pero, qué abusadora”, “¿a cuenta de qué se coleó?”, “seguro es chavista”, “nooo, esa tiene pinta de sifrina”, “ah, que se robe el turno. No voy a pelear por un piche puesto”. Y la tapa del frasco: “Lo que uno tiene que aguantar en este país”. Ninguna de esas frases las oí, porque hubiera bastado escuchar una sola de ellas, dicha en voz alta, clara y directa hacia mí, para que hubiese regresado a mi lugar con la satisfacción de encontrar a alguien que supiera ejercer su derecho de hacer respetar su turno de llegada.
II
Hechos tan repetidos y cotidianos como el narrado, que representa la unidad mínima dentro del sistema de abusos que se adjudican a la llamada “viveza criolla” -infeliz eufemismo para calificar la conducta de burla o perjuicio sistemático de muchísimos venezolanos- son moneda corriente en Venezuela, donde por iniciativa propia, amiguismo, parentesco, pago de dinero, posición de poder, órdenes “de arriba”, y un cortejo de “inexplicables”, una persona obtiene privilegios sobre todas las demás que en el mismo tiempo, lugar y circunstancia cumplen con los deberes establecidos para obtener un determinado beneficio.
Trátese de una oficina pública o de un ente privado. En casi ninguno de esos casos se producen hechos individuales o colectivos, sin violencia, pero firmes y contundentes que impidan el abuso. Que reclamen el derecho que está siendo vulnerado por un igual. Sólo murmullos, expresiones de resignada molestia, anécdotas, las pequeñas historias que quedan para el difuso campo del chismorreo. Hay ocasiones en que la indignación acumulada ha ocasionado disturbios indeseados, con consecuencias de agresiones graves que -demás está decirlo- no se contabilizan como ejercicio de los derechos. Por el contrario, pasan a ser hechos punibles.
En el mismo contexto, y casi con la misma indiferencia ciudadana como reacción, pero en otro tramo de la pirámide jerárquica –y una escala de importancia y trascendencia mayores- están los derechos cuyo respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, que los enuncia agrupados en diez categorías.
III
No hay un solo medio de comunicación que en Venezuela no cite cada día la violación de derechos como práctica corriente.
Sin embargo pareciera que la sociedad no tiene conciencia de sus derechos y/o más grave, muchas veces teniendo perfecto conocimiento de ellos, no los ejerce. Desde el caso, elemental y sencillo, de permitir que una persona se nos adelante en el turno que nos corresponde, o que el precio de un producto nos sea cobrado en un establecimiento comercial a un valor doble o triple del que tenía el día anterior, hasta obligaciones constitucionales para con los ciudadanos como el derecho social a la vivienda y a la salud, o el derecho político que toda persona privada de libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, salvando lógicamente las distancias en magnitudes y escalas de gravedad y las consecuencias entre los casos.
Sólo se manifiesta el llamado coloquialmente “derecho al pataleo”, definido por la Academia como la “última y vana actitud de protesta que adopta o puede adoptar el que se siente defraudado en sus derechos”.
IV
Esta actitud tendencialmente indiferente del venezolano de dejarse arrebatar el orden en la cola, de que le aumenten los precios al arbitrio del vendedor, de que lo asalten y le quiten sus pertenencias, sin ejercer acciones por la falta de protección policial, de que le quiten facultades al Alcalde que eligió, o le impongan que debe marchar en favor o en contra de una causa que a veces ni siquiera conoce, de la restricción en la compra de divisas y, en consecuencia, de libre movilización fuera del país, ¿será la misma que ha ido permitiendo un país donde el abuso y la arbitrariedad imperan, porque así lo aceptan los abusados? De ser así, cabe la pregunta ¿Por qué los venezolanos no ejercen sus derechos?
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ILUSTRACIÓN: @milagrosblue para infoCIUDADANO.
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