Los gobiernos democráticos no pueden intervenir en las decisiones de un juez
Quien nunca se caracterizó por haber contado con cultura ni trayectoria democrática difícilmente puede entender que la esencia del sistema requiere del equilibrio y la separación de los poderes públicos. Su interpretación “endógena” de lo que es la democracia a lo sumo pasa por permitir unas elecciones, para después hacer lo que venga en gana. Pero en una democracia, tan importante como la legitimidad de origen -que proviene del acto electoral-, es la segunda condición: la legitimidad de desempeño, … esa le importa un rábano.
El reciente episodio de la jueza María Lourdes Afiuni resulta en extremo esclarecedor a la hora de analizar si en nuestro país existe equilibrio entre poderes y, por tanto, si existe democracia. Ante una decisión que no fue del agrado del gobernante, su reacción fue inmediata: “A la juez esa deberían meterle 30 años de cárcel &”. Pocos minutos después la jueza fue a dar con sus huesos a la cárcel, donde todavía permanece ¡Viva la independencia del Poder Judicial!
No está muy lejano el caso de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo donde los magistrados Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggieri y Perkins Rocha, tomaron una decisión que no gustó en las altas esferas gubernamentales. ¿El resultado?: fueron inmediatamente destituidos de sus cargos. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual determinó las violaciones del Estado venezolano y ordenó reintegrar a los magistrados destituidos al Poder Judicial. La respuesta del TSJ -violatoria de la Constitución- fue declarar que esa decisión era “inaplicable”, con lo cual el funcionamiento de la justicia quedó una vez más en entredicho. Abundan casos similares.
Pero volvamos al tema que nos ocupa. A medida que la crisis se profundiza y las encuestas hablan de manera más elocuente, la radicalización pareciera ser el camino.
Progresivamente van perdiendo los límites, incluso los límites territoriales del país. El interfecto ahora se quiere pronunciar también sobre lo que deciden los jueces en otros países y lanza feroces insultos contra algunos ex mandatarios.
Ejemplo de lo anterior podemos verlo en el caso de una decisión de un juez de la Audiencia Nacional Española, tribunal que tiene a su cargo las investigaciones en casos de terrorismo. La reacción no se hizo esperar. Aunque las siguientes no fueron textualmente las palabras utilizadas, a buen entendedor pocas palabras bastan:
- ¿Cómo es que Zapatero no mete en cintura a su juez?
- ¿Cómo es que ese juez no es destituido tal como aquí fueron destituidos Apitz, Ruggieri y Rocha?
Parodiando el caso de la juez Afiuni, desde las filas del oficialismo imaginamos que se escucha un clamor: A ese juez deberían meterle 30 años de cárcel.
Todo lo anterior no es más que una evidencia palpable de la poca cultura democrática que caracteriza a quienes nos gobiernan y su monumental desprecio por las formas que deben regir las relaciones entre las naciones. Las reacciones destempladas que surgen desde los más altos niveles de los poderes públicos venezolanos sólo evidencian desesperación. Quien no la debe, no la teme, reza el proverbio. ¿O es que acaso sí la temen?
La respuesta lógica hubiese sido negar toda relación y a la vez ponerse a la orden para colaborar en el esclarecimiento del asunto, pues al fin y al cabo ningún gobierno que no sea forajido puede aceptar una relación con grupos declarados como terroristas por la comunidad internacional y menos aún reunirse con sus líderes. Antes algún embajador afirmó: No miren lo que dice sino lo que hace. Hoy en cambio el mundo mira lo que dice & y lo que hace.
Para colmo, se recurre a una forma de presión que resulta inaceptable y que le hace un flaco servicio a nuestro país al dar al traste con la poca seguridad jurídica que aún pudiera existir:
- Ya que no podemos meter preso al juez -supongo que discurren en el oficialismo- amenacemos a los inversionistas para que sean ellos quienes presionen a su gobierno y a sus políticos. Eso se traduce en expresiones como estas:
“Sería sano que empresas españolas con intereses en Venezuela comentaran el asunto con quienes buscan dañar la relación. España sería la que más perdería y no Venezuela precisamente”.
Eso es una barbaridad. Las inversiones no prosperan bajo el signo del chantaje y los gobiernos democráticos no pueden intervenir en las decisiones de un juez.
http://www.noticierodigital.com/2010/03/30-anos-para-el-juez-eloy-velasco/
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