Quizás esta columna no llegue a tiempo para ser publicada en el conocido espacio semanal. Estoy preso y sometido a juicio penal mediante un arbitrario y atropellado procedimiento que, en tiempo record, ha servido para privarme de la libertad personal y colocarme en situación difícil para la defensa.
El 8 de marzo de este año fui invitado, al programa de opinión Alo ciudadano dirigido, en el canal de TV Globovisión, por el abogado y periodista Leopoldo Castillo. El tema fundamental giro en torno al Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velazco, magistrado de la audiencia nacional de España, relativo al sumario que se instruye sobre las probadas relaciones, según ese acto judicial, entre la ETA y las FARC de Colombia. En el expediente hay respaldos documentales y testimoniales suficientes como soporte al proceso. Adicionalmente el juez señala con nombres y apellidos, circunstancias de lugar y tiempo que permiten presumir participación y colaboración de miembros de ETA que viven en Venezuela y funcionarios vinculados al alto gobierno. Se trata, entre otras cosas, de cursos operativos para acciones terroristas e intercambio de tecnologías para la fabricación de instrumentos adecuados a esos fines.
El juez pidió la colaboración del gobierno venezolano, pero el Sr. Chávez respondió atacando tanto al presidente español como a la oposición, al juez Velazco y al ex presidente Aznar, a la corona española, al “imperialismo Yankee”, al gobierno colombiano y a todo el mundo.
Mi intervención se limito a criticar severamente esa conducta y a exigir las explicaciones y cooperación solicitadas por la justicia española y necesitadas por la opinión pública venezolana. Una vez más señale, que el terrorismo, el narcotráfico y las violaciones a los derechos humanos, son temas sometidos a jurisdicción internacional ocupando atención mundial. Lamentablemente Venezuela es mencionada, con creciente insistencia, con relación a la actitud del gobierno, como señalan múltiples informes de distintos países y organismos multilaterales.
Un par de diputados oficialistas solicitaron a la fiscalía del ministerio público una investigación en mi contra. Fui citado para ser imputado sin señalar el delito. Asistí y rechace los cargos. Exigí evacuación de diligencias y consigne recaudos en dos días hábiles consecutivos. Fui acusado por “Instigación al odio”, por “Divulgar informaciones falsas” y finalmente por “Conspiración”. En síntesis, tres delitos con penas que pueden ir desde tres hasta dieciséis años de prisión, según los casos.
El mismo día se ordeno mi detención. Estoy recluido por opinar, alertar y criticar al gobierno sobre asuntos que son del dominio público, a los cuales he dedicado buena parte de mi vida. Así esta Venezuela. Represión, violencia física e institucional para criminalizar la disidencia, cerrar medios de comunicación e impedir informaciones contrarias al régimen. Dictadura abierta. Pero, la cuenta regresiva esta en marcha.
26 DE MARZO DE 2010
oalvarezpaz@gmail.com
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