Inesperado e inoportuno. Así es visto desde las empresas del sector petrolero el nuevo impuesto o “contribución especial por precios extraordinarios y exorbitantes” del petróleo, mejor conocido como impuesto a las ganancias súbitas.
Las compañías se enfrentan a un escenario de incertidumbre sobre el alcance y posibles efectos del nuevo impuesto, que establece tasas de 80% a 95% sobre las diferencias de precios cuando el barril de petróleo supere los 70 dólares.
El tributo afecta sensiblemente los flujos de caja de las empresas y socias minoritarias de Pdvsa, lo que constituye un nudo que impide en buena parte concretar los planes de “remediación” que el ministerio de Energía y Petróleo ordenó a finales de 2010 sus socios para elevar la producción petrolera en las empresas mixtas.
La salud fiscal y contable de los socios en las empresas es fundamental para que se pueda acceder a créditos y financiamiento.
Y aunque el ministro Ramírez negó obstáculos para concretar el financiamiento, el momento en que se anunció el impuesto coincidió con las negociaciones que sostenían las petroleras minoritarias, y afectó sus posibilidades para obtener financiamiento e invertir para elevar la producción.
Aspectos por resolver
Dentro de los proyectos de las empresas mixtas, con mayoría accionaria de Pdvsa, hay diferentes aspectos que deben resolverse, relacionados con problemas de infraestructura, de carencia de personal calificado, y de suministro de energía eléctrico y gas.
También es necesario aclarar como afectará la carga tributaria a los proyectos futuros, y sobre todo, las expectativas de retorno de inversión para las empresas socias de Pdvsa, que según el Gobierno nacional siguen siendo positivas.
Inestabilidad
Dentro de la industria se menciona que algunos puntos en discusión podrían aclararse a través de un reglamento de la ley de precios extraordinarios.
Sin embargo, la sensación de frustración entre las empresas petroleras surge ante la abrupta culminación de lo que se consideraba un lapso de relativa estabilidad en el marco jurídico.
Fuente: Infocifras
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