La relatora de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Catalina Botero, advirtió ante el Congreso de Estados Unidos: “Venezuela está corriendo rápidamente hacia límites intolerables en libertad de expresión”.
Basta observar lo ocurrido la última semana para convalidar la afirmación. La intervención del Banco Federal, pese a que Globovisión no es una compañía relacionada de la entidad financiera, es un paso en la dirección de asaltar definitivamente el canal. Ya Chávez anunció cuál será la suerte de las empresas en las cuales posea acciones el empresario Nelson Mezerhane.
La creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación, Cesna que ha provocado el rechazo incluso de defensores de la política informativa chavista no es otra cosa en la práctica que la legalización de la censura pura y directa de las dictaduras tradicionales.
Otros casos, aparentemente aislados, forman parte de la nueva ofensiva. Los reporteros Carmen Marín de Finol y Junior Lugo, del diario La Mañana de Coro, son investigados por haber constatado la existencia de un lote de alimentos contaminados en depósitos de Pdval; y Francisco Pérez de El Carabobeño es víctima de una sentencia que lo condena a un régimen de presentación y la inhabilitación política y profesional por tres años.
Pérez fue demandado por el alcalde de Valencia por supuesta difamación e injuria y por denunciar hechos que el propio funcionario ha reconocido públicamente.
Sacar del aire a Globovisión significaría limpiar el espectro radioeléctrico de la opinión crítica y despejar el camino hacia la plena “hegemonía comunicacional”; el Cesna procura estimular la autocensura; las investigaciones a los periodistas Marín y Lugo buscan acentuar la inseguridad para quienes ejercen el diarismo, y la decisión contra Pérez establece un precedente que podría invocarse en otros casos para criminalizar la opinión plural. La nueva arremetida sintoniza con el endurecimiento del régimen en la creación de un clima de conflictividad política de cara a la consulta parlamentaria del 26 de septiembre, pero en el fondo busca cerrar todos los espacios de la comunicación democrática. No se trata de trapos rojos ni de amenazas producto del interés electoral, sino de agotar una fase decisiva para la consolidación del comunismo castrista y la perpetuación de Chávez en el poder.
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