Junio 28, 2010
Pese al título, y pese a la buena disposición y franco amor por la poesía de quien suscribe, no tiene nada de poético el tema de esta entrega. Y es que poco a poco la garra del poder desata sus iras contra lo poco productivo y eficiente que queda en el país mientras los venezolanos observamos absortos y confundidos la escena sin más posibilidades, por el momento, que las de irlo registrando todo, paso a paso, para el momento en el que la justicia, que llegará, llegue.
“Las Carolinas” fue la primera de las fincas de Diego Arria, acérrimo opositor y probablemente el venezolano con mayor proyección internacional –y eso es quizás lo que le duele a nuestro “showman” local- al día de hoy, que fue confiscada y saqueada por los esbirros de la barbarie. Se trataba –que ya no es así- de una hacienda en plena y auspiciosa producción de lácteos, de una “taza de plata” en la que los patrones disfrutaban de los proventos que rinde el trabajo bien hecho y los trabajadores gozaban de innumerables beneficios y de digna estabilidad para llevar adelante sus proyectos y desarrollarse como personas. Y la semana que acaba de culminar nos deja otro trago amargo, y no de agua de azahares precisamente. La segunda de las fincas de Diego Arria, “Los Azahares” fue también confiscada y saqueada por el poder. Esta vez se trata de una finca de unas cuarenta hectáreas en la que más de ocho mil naranjos, desde el lunes –momento en el que el INTI y la GN se pasaron por allá- han empezado a dejar de producir sus frutos. En la primera, “Las Carolinas” desde el “rescate” -¿de qué?- a los trabajadores y empleados, que son las verdaderas víctimas de toda esta locura, no se les han pagado sus salarios mientras que la producción láctea ha mermado en más de un 80%. En la segunda, en “Los Azahares”, sencillamente se cerraron todas las puertas y nadie puede, al día de hoy, entrar. Ni siquiera para recoger sus enseres personales.
En “Las Carolinas”, como tenía piscina, se montó luego del saqueo todo un espectáculo al estilo “Robin Hood” en el que se pretendía mostrar que ahora la hacienda no estaba en manos de los supuestos “abusadores terratenientes” y era ya “del pueblo”. Para ello, violando toda previsión de la tan vapuleada Ley Orgánica para la Protección al Niño y al Adolescente, se llevó a un grupo de niñitos y niñitas para que, mientras nadasen allí, se mostrasen las imágenes al mundo entero abonadas –pues sólo como abono sirven estas expresiones- de cuentos de camino sobre el trasegar del socialismo “a paso de vencedores”. Pocas veces había el poder en Venezuela sido tan drástico en la instrumentalización -si, en eso de la muy poco socialista “explotación del hombre por el hombre”- como en ese momento, en el que ocultó su cobardía y la inconstitucionalidad de sus abusos contra Diego Arria tras las risas de aquellos inocentes infantes.
Y la cosa va de mal en peor. No sólo las fincas del respetado Diego Arria, sino –según cifras oficiales- más de 2,6 millones de hectáreas, representadas en otras 500 haciendas agropecuarias, han sido sujetas a los mismos procedimientos –es decir, han pasado por la fuerza de las manos de los particulares a las del Estado- con graves daños para la economía nacional y sin que ello haya supuesto ninguna mejoría en cuanto al desabastecimiento que se padece y sin que ello haya garantizado, pese al gamelote que desde el poder se suelte sobre esto, la cacareada “seguridad alimentaria”. Por otra parte Café Madrid, Cementos Lafarge, Hipermercados “Éxito” –ahora ya famosos por su “fracaso”- Cemex, Venepal, CANTV, la Polar y la Electricidad de Caracas, los negocios del Edificio “La Francia” en el centro de Caracas y otras 250 empresas más en los últimos diez años han sido víctimas de la misma fervorosa –más no por ello menos dañina- “lucha contra el capitalismo”. Ello sin contar con los innumerables casos de “ocupaciones temporales”, “rescates” e invasiones toleradas a inmuebles que hemos padecido. En la gran mayoría de los casos de supuesta “expropiación” a los legítimos propietarios de estos negocios ni siquiera se les indemniza, con lo que se violan, además, el artículo 115 de la Constitución Bolivariana que dispone con claridad que la expropiación, como conclusión de un procedimiento, sólo procede mediante sentencia firme de un tribunal y previo el pago de la justa retribución por lo expropiado, y el artículo 116, también de nuestra Carta Magna, que prohíbe de todo punto las confiscaciones de bienes, salvo que éstas se produzcan como consecuencia, absolutamente excepcional, de sentencias firmes, dictadas por tribunales –que no por resoluciones del INTI o desde el “Aló Presidente”- en casos de resguardo del patrimonio público.
En todos los casos, pero especialmente en los más recientes, se ha visto un fenómeno particular pero de especial relevancia: Han sido los mismos trabajadores y empleados de las fincas y de las empresas “rescatadas” los que se han opuesto, y de manera muy clara, a las acciones del gobierno. Las razones son más que evidentes y se reflejan en los últimos estudios sobre el tema. Y es que de acuerdo a las cifras de Keller y asociados, hasta mayo de este año, la “toma” de empresas y de fincas por parte del gobierno ha resultado ser negativa en la percepción de las personas en más de un 60% en promedio. Y más allá, cuando se indaga sobre la eficiencia real de tales negocios y haciendas, una vez saqueadas por el poder, en la mayoría de los casos resulta –ver por ejemplo los casos de la Electricidad de Caracas, del Banco de Venezuela, de las empresas siderúrgicas y petroleras u otras similares- que el ciudadano común percibe y corrobora en su día a día que todas ellas han dejado de ser eficientes y que, de hecho, funcionan mucho peor que cuando estaban en poder de los particulares.
El problema es que, bajo el disfraz de falsas expropiaciones y al amparo de una muy dudosa legalidad, se confiscan las cosas –lo cual ya de por sí es inconstitucional- pero sin tener además la más mínima idea de qué hacer con lo expropiado o confiscado. Te saqueo la finca –es así la lógica “revolucionaria”- y hago de ello todo un show dirigido a hacer creer, desde la perspectiva de la “efectividad netamente simbólica”, a los incautos que lo hago para el “bien del pueblo”, pero cuando me toca la parte difícil –es decir, cuando me toca ponerme a trabajar en serio para que se produzca lo que se debe producir- sencillamente no hago nada y dejo que lo “tomado” se me pudra en las manos. Se habla mucho del discurso “legitimador” – de aquello de “ser rico es malo”, de eso de “devolver al pueblo los medios de producción” y de otras sandeces similares- pero, a la hora de las chiquitas, como no se comprenden las variables a las que están sometidas –les guste a estos socialistas de medio pelo o no- la oferta y la demanda de bienes y servicios, se termina destruyendo lo que no se debía destruir. Y todo ello, nada más, porque este es un régimen depauperado al que ya lo único que le queda claro es que, perdida la popularidad originaria, y ante la incapacidad absoluta que muestra para la resolución de nuestros verdaderos problemas, lo que le resta es recurrir al miedo para neutralizar cualquier protesta o reclamo que se le haga.
Pero le ha salido respondón el pueblo. Diego Arria le ha cantado sus cuatro muy claramente al comandante –y es quizás eso lo que más le inquieta, viniendo de un hombre de la credibilidad de Arria- y le ha expresado sin tapujos que será en La Haya, ante el Tribunal Penal Internacional, donde se enderezarán las cargas y se responderá por los crímenes cometidos. Los trabajadores de “Las Carolinas” y “Los Azahares”, y hasta los de la Polar, también se han opuesto, en su sabiduría y ante la expectativa de perder sus puestos de trabajo, a los abusos del poder.
Y tras todo eso lo que se escucha, para el temor de mandantes y de esbirros, es el coro que ya había empezado cantarse en el 2004 y que hoy repite casi toda la Venezuela consciente y democrática: “Te esperamos en La Haya”.
http://www.noticierodigital.com/2010/06/de-carolinas-y-azahares/
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