Al declararse competente para investigar la rebelión contra la República, y al atribuirle al dictador Francisco Franco y a otros 34 generales y ministros del régimen haber puesto en marcha un plan de exterminio sistemático de sus opositores y “una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de crímenes contra la humanidad”, el juez de la Audiencia Española Baltasar Garzón enfrenta un proceso por prevaricación. El magistrado se declaró competente para investigar las denuncias de las asociaciones de la Memoria Histórica y ordenó que se iniciaran las exhumaciones de los cadáveres de 19 fosas comunes, entre las cuales una puede contener los restos de Federico García Lorca.
Una probable investigación del plan de exterminio contra los “rojos” puso al desnudo una realidad que se metamorfoseaba con astucia: el franquismo no sólo está vivo en España, sino que da signos de pretender restaurar su intolerancia, manteniendo los desafueros del generalísimo Franco como un tabú ante el cual la historia debe callar y rendirse. Baltasar Garzón se basa en el alegato de que Franco encabezó un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, asunto cuya investigación está dentro de las competencias de la Audiencia Nacional.
Más allá de las discrepancias entre abogados y juristas, de la guerra desatada contra Garzón por haberse atrevido a dictar un auto de detención contra el general Pinochet, primero, y luego por significarse como un juez que privilegia los derechos humanos, la cuestión está desnudando sus verdaderas implicaciones: la profunda división de la sociedad española. De algún modo, este proceso contra Baltasar Garzón puede vincularse con el golpe de Estado del extravagante coronel del tricornio y de los generales que se mantuvieron en la retaguardia, magistralmente relatado por el novelista Javier Cercas en Anatomía de un minuto.
Si Garzón es competente o no, es cuestión constitucional que debe decidir el Tribunal Supremo. Pero de ahí a enjuiciarlo por prevaricación y condenarlo a perder sus prerrogativas polariza a España y causa escándalo en el mundo. Desde The New York Times, “An injustice in Spain”, hasta José Saramago y un grupo de especialistas notables respaldan a Garzón por lo que este proceso implica. En el texto suscrito por Saramago se lee: “La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El documento demanda no olvidar a esas 114.266 personas, con sus nombres, apellidos e historias.
Una probable investigación del plan de exterminio contra los “rojos” puso al desnudo una realidad que se metamorfoseaba con astucia: el franquismo no sólo está vivo en España, sino que da signos de pretender restaurar su intolerancia, manteniendo los desafueros del generalísimo Franco como un tabú ante el cual la historia debe callar y rendirse. Baltasar Garzón se basa en el alegato de que Franco encabezó un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, asunto cuya investigación está dentro de las competencias de la Audiencia Nacional.
Más allá de las discrepancias entre abogados y juristas, de la guerra desatada contra Garzón por haberse atrevido a dictar un auto de detención contra el general Pinochet, primero, y luego por significarse como un juez que privilegia los derechos humanos, la cuestión está desnudando sus verdaderas implicaciones: la profunda división de la sociedad española. De algún modo, este proceso contra Baltasar Garzón puede vincularse con el golpe de Estado del extravagante coronel del tricornio y de los generales que se mantuvieron en la retaguardia, magistralmente relatado por el novelista Javier Cercas en Anatomía de un minuto.
Si Garzón es competente o no, es cuestión constitucional que debe decidir el Tribunal Supremo. Pero de ahí a enjuiciarlo por prevaricación y condenarlo a perder sus prerrogativas polariza a España y causa escándalo en el mundo. Desde The New York Times, “An injustice in Spain”, hasta José Saramago y un grupo de especialistas notables respaldan a Garzón por lo que este proceso implica. En el texto suscrito por Saramago se lee: “La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El documento demanda no olvidar a esas 114.266 personas, con sus nombres, apellidos e historias.
http://ultimahoraonline.com/baltasar-garzon-y-el-franquismo-como-tabu/
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