Mañana se cumple un año de la muerte de Jennifer Carolina, esposa del boxeador Inca Valero. Aún no hay sanciones para los funcionarios que pudieron evitar la tragedia. El femicidio, como se denomina el homicidio de género, se incrementa en el país
Hay golpes que no enseñan. No fue suficiente que Jennifer Carolina haya estado hospitalizada en terapia intensiva por dos costillas rotas y un pulmón perforado a punta de trancazos. Ni el disparo en una pierna que recibió durante una pelea en una discoteca protagonizada por su marido armado. Tampoco la denuncia de que su suegra y cuñada hubiesen sido maltratadas por su propio esposo. O que éste estuviera involucrado en un asesinato en El Vigía en 2007.Para las autoridades policiales y judiciales no bastaron estos antecedentes. Nunca advirtieron la inminencia de un desenlace trágico. O prefirieron no verlo.
Mañana 18 de abril se cumple un año del asesinato de Jennifer Carolina Vieira Finol a manos de su esposo, el campeón mundial de boxeo Edwin Valero, conocido como "El Inca", quien se quitó la vida al día siguiente de su última -y fatal -pelea.
Jennifer Carolina, oriunda de Mérida como su pareja y victimario y madre de un niño y una niña, fue una de las cuatro mujeres que cada día murieron de forma violenta en Venezuela el año pasado. Es el nombre y el rostro de una tragedia nacional que comienza a trascender el silencio.
La cifra corresponde al Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, OVDHM (que agrupa 43 organizaciones del país que se inscriben en la lucha contra la violencia de género), y al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), adscrito al Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCV (Lacso).
Ante la inaccesibilidad a los números oficiales, estas organizaciones no gubernamentales realizan proyecciones basadas en los casos que manejan directamente y las noticias que recogen de los periódicos nacionales y regionales. Por lo tanto, se trata de un subregistro que también permite hacer aproximaciones cualitativas al problema, advierte Ofelia Alvarez, directora general de Fundamujer.
"Por cada caso denunciado, 10 permanecen ocultos", recuerda Mercedes Muñoz, presidenta de la junta directiva de Avesa.
Aun cuando la relación de muertes es dispar, observa el OVV, con una tendencia en los últimos años de 91% hombres frente a 9% mujeres, a partir de 2010 se evidencia un incremento de la mujer como víctima de la violencia en el país. Se han ido convirtiendo en "objetivos", al involucrarse más con el delito tomando la figura de señuelo, con el riesgo de estar más expuestas.
El femicidio, término relativamente nuevo aceptado por las Naciones Unidas para definir el asesinato de mujeres debido a su condición, está creciendo en Venezuela.
Según los datos del Comité de familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic), para el año 2009 la proporción de mujeres asesinadas pasó de 1,5 a 2,5 puntos porcentuales. Esas muertes ya no sólo son cometidas por sus parejas o familiares, sino que se inserta en la violencia general del país. Aunque es en el ámbito privado donde ocurre con mayor frecuencia estos crímenes (90%).
Para Marta Hernández, abogada y activista en los derechos de género, el número de mujeres asesinadas por sus parejas no ha crecido sino que se está haciendo más visible, "porque hay más conciencia de parte de las propias víctimas y sus familiares de que se trata de un delito, a partir de la existencia de medidas de protección contenidas en la ley".
Femicidio-feminicidio. El femicidio como delito aún no es reconocido como tal por el Código Penal venezolano ni por la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (LOMDVLV), en vigencia desde 2007. Las bajas femeninas se siguen registrando como "homicidios", lo que dificulta la sistematización de datos para abordar el problema y definir políticas para erradicarlo o al menos controlarlo, advierte el OVDHM.
Aunque se manejen como sinónimos, entre "femicidio" y "feminicidio" hay distinciones, advierte Hernández. Ambas están basadas en la relaciones desiguales de poder y control entre hombres y mujeres, coinciden las expertas sobre la materia consultadas.
"Con el cambio de roles en la sociedad contemporánea, se generan confrontaciones muy fuertes entre la emancipación de las mujeres y el modelo patriarcal", describe Hisvet Fernández, coordinadora del núcleo Lara del OVDHM.
Femicidio es cuando un hombre le quita la vida a una mujer que es su pareja o familiar directo. Su ámbito es privado. Feminicidio se refiere al funcionario o funcionaria que en ejercicio de sus funciones omite acciones que pueden evitar la muerte.
Mientras que el "fenocidio" inculpa al estado o nación que no genera políticas para prevenir la muerte o no aplica las leyes correctamente. Tal es el caso de México, primer país condenado en la historia por la Corte Interamericana de DDHH por su responsabilidad en el asesinato de varias jóvenes en 2001 en Ciudad Juárez.
Si bien es cierto que en Venezuela están muriendo violentamente más hombres que mujeres, el asesinato en la población femenina está vinculado a dinámicas distintas. La psicóloga social León identifica que las mujeres, al igual que los niños, siempre están en situación de mayor vulnerabilidad en la sociedad.
"Mueren más hombres pero en manos de hombres. Las mujeres por la hegemonía del poder machista", explica Hernández. "Se trata de un problema de todos por igual, no podemos seguir reproduciendo una sociedad desigual y violenta".
"El incremento del maltrato y asesinato de mujeres en Venezuela se inscribe dentro del aumento de la violencia en general", analiza Magdimar León, coordinadora de Avesa.
Aunque Jennifer Carolina no sea la primera víctima trágica, con su caso se comenzaron a emplear los conceptos de femicidio y feminicidio en Venezuela para identificar la muerte violenta de mujeres.
El crimen de la esposa del Inca Valero convocó el 29 de abril de 2010 a un frente amplio de mujeres, formado por unas 100 agrupaciones y más de 500 firmas individuales, que dejaron de lado las diferencias políticas de un país polarizado para exigir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "justicia ejemplarizante", que sancionara a los funcionarios del Estado que fueron responsables de la mala aplicación del instrumento legal que facilitó el "asesinato anunciado".
Pero un año después, la justicia no da su mejor ejemplo: ningún juez o fiscal ha sido señalado por omitir las acciones que hubieran evitado esa muerte.
Más denuncias. Otra señal del aumento de la violencia contra las mujeres se evidencia en la creación de instancias oficiales encargadas de los procesos penales contra los agresores.
El pasado mes de marzo, dos nuevas fiscalías abiertas en Parque Central se sumaron a la Dirección de protección y familia del Ministerio Público.
También, a los 29 tribunales especializados en materia de género que funcionan en la actualidad (ocho en el área metropolitana de Caracas y 21 en siete estados), se incorporarán 20 más, según anunció el TSJ.
Según la magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa y coordinadora de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, los nuevos tribunales fueron escogidos "sobre la base de estadísticas que reflejaron auge denuncias de hechos de violencia contra la mujer", indicó el pasado mes.
Desde el 2008, a este tipo de tribunales han ingresado 108.200 denuncias, de las cuales 50% recibió sentencia, ha reiterado Jaimes en varias oportunidades ."Ahora la mujer maltratada se atreve a denunciar, al saber que hay una ley que la protege, órganos receptores de denuncias y tribunales especializados".
Sin embargo, la existencia de leyes, fiscalías y tribunales especializados no son suficientes para suprimir o disminuir las cifras rojas, concluye el OVDHM.
Cuentas pendientes. Las representantes del OVDHM denuncian que si bien existe una ley desde 2007, no está compañada del reglamento para su aplicación.
Además, recalcan que no existen concordancia entre los avances de la ley y la Constitución Nacional con otros instrumentos como el Código Penal, que data de 1942, reformado en 2006, que remarca desigualdades entre hombres y mujeres.
Lo más grave: los funcionarios policiales y judiciales encargados de recoger las denuncias de las víctimas no están entrenados para atender a mujeres maltratadas en situación de extrema vulnerabilidad, con peligro de muerte, generando una "revictimización" de la mujer.
La concepción de crimen pasional debe ser superada, señala Muñoz. Se trata de un delito tipificado en la ley. "La muerte de Jennifer Carolina, como de miles de mujeres venezolanas se pudo evitar. Con el suicidio de su esposo no hay que asumir que el caso está cerrado. La ley tiene mecanismos para impedirlo".
Hay que tener en cuenta que la violencia de género no es sólo contra la mujer, sino contra toda la familia, agrega Hernández. "Constituye un drama social, sobre el cual tiene responsabilidad el Estado venezolano. Siempre se puede prevenir.
La otra discriminación
El viernes pasado se cumplió un mes del compromiso verbal asumido por el Ministerio para la Salud (representado por la viceministra Miriam Morales) para la entrega de los desembolsos pendientes de 2010 y 2011, correspondientes al subsidio asignado a la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). La organización, que atiende desde hace 25 años a mujeres, niños y adolescentes víctimas de maltrato sexual, aún no ha recibido esos recursos vitales para su funcionamiento, a pesar de las autoridades sanitarias aseguraron hacerlo efectivo en un plazo de 10 días hábiles.
Un comunicado de Avesa difundido el pasado 9 de abril alertó que "el servicio de atención psicológica sigue a su mínima expresión, las deudas continúan creciendo cada día, los recursos obtenidos por la vía de las donaciones sólo han alcanzado para cubrir una pequeña parte de los servicios generales y el peligro de que Avesa tenga que cerrar definitivamente el servicio es cada vez más inminente. Nosotras seguiremos haciendo presión al MPPS para que cumpla con los compromisos adquiridos públicamente".
En el pronunciamiento público del frente amplio de mujeres presentado ante el TSJ el año pasado para exigir justicia al Estado sobre el asesinato de Jennifer Carolina Vieira Finol, más 100 organizaciones firmantes advirtieron sobre el recorte de financiamiento a las Ong's que no son afectas ideológicamente al gobierno, "lo que perjudica directamente a las víctimas en tanto disminuyen el número y la capacidad de las instituciones a donde acudir".
Fuente: UltimasNoticias
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