
En Svalbard, archipiélago ártico de Noruega, una trampa de la cámara captura un oso polar en busca fuera de lugar en suelo pardo desnuda.
Fotografia: National Geographic

De acuerdo con boletín informativo del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la tarde de este miércoles serán seleccionados los integrantes de las juntas electorales regionales, municipales y parroquiales, y el jueves se sortearán los miembros de las más de 50 mil mesas de votación.
El sorteo se realizará con la base de datos del Registro Electoral al 28 de febrero, a través de un software que garantiza la aleatoriedad de la selección y que fue auditado previamente por las organizaciones con fines políticos.
Tal como lo establece el artículo 98 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), en dicho sorteo se determinarán los o las integrantes que ostentarán el cargo de presidente o presidenta y secretario o secretaria.
A diferencia de procesos anteriores, en esta oportunidad el sorteo de todos los organismos se realizará en la sede del Poder Electoral en Caracas y no en las oficinas regionales electorales de cada estado.
Todos los seleccionados y las seleccionadas prestarán el servicio electoral obligatorio y se constituirán para la celebración de los procesos electorales que se produzcan en el año calendario de su activación, de acuerdo con los artículos 94 y 97 de la Lopre.
En total se escogerán 7 mil 200 integrantes para las juntas electorales, entre principales y suplentes, discriminados de la siguiente manera: 400 Juntas Electorales, de las cuales 24 son regionales (432 integrantes); 335 municipales (6.030 integrantes); y 41 parroqiales (738 integrantes).
Los miembros de los Organismos Electorales Subalternos (OES) son escogidos en un sorteo público a través de un sistema automatizado que garantiza la aleatoriedad de la selección.
El sorteo se realiza con la base de datos del último corte del Registro Electoral (RE), apoyado en un software que es auditado previamente por las organizaciones con fines políticos.
La función del software es generar números aleatorios que corresponderán a las posiciones de los electores en el padrón electoral, de acuerdo al siguiente método:
1.- Se genera un número al azar (lotería) en forma aleatoria.
2.- El número aleatorio generado indicará la posición de la electora o elector en el Registro Electoral para el organismo electoral correspondiente.
3.- A los fines de no repetir la selección, los o las integrantes seleccionados se identificarán con el estatus “sorteado”.
Por ejemplo, para el sorteo de un centro de votación con 500 electores, el sistema automatizado arroja aleatoriamente tantos números de 1 al 500 como miembros de mesa se requieran. Cada número obtenido en el sorteo corresponde a la identidad de un ciudadano, el cual, por haber sido seleccionado, deberá prestar el Servicio Electoral Obligatorio.
La lista de seleccionados se publicará en Gaceta Electoral, iniciándose la fase de notificación a los seleccionados. Dentro de los diez días hábiles siguientes, los interesados podrán impugnar la selección.
Son excepciones del Servicio Electoral Obligatorio las previstas en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales:
-Ser mayor de 65 años de edad.
-Tener alguna discapacidad física, mental, de salud o legal, debidamente certificada por las autoridades competentes.
-Ser candidato o candidata en el proceso electoral, ejercer un cargo de dirección nacional o regional en una organización con fines políticos o ser promotor o promotora de un grupo de electores y electoras.
-Prestar servicio de emergencia en razón de su profesión u oficio y aquellos trabajadores o trabajadoras, funcionarios y funcionarias que en razón de la naturaleza de sus labores les impide asistir a desempeñar sus funciones el día de la votación.
(Flash JC)- El sorteo se realizará con la base de datos del Registro Electoral al 28 de febrero. |
La AN ha rechazado esta noche las declaraciones del Guillermo Zuloaga, accionista de Globovisión, y ha pedido a la Fiscalía que inicie una investigación sobre las mismas ya que podría “generar responsabilidad penal”.
El diputado Manuel Villalba fue el proponente de la resolución y dijo que con la opinión de Zuloaga presuntamente se busca culpar a Chávez de “hechos de violencia alejados de la realidad”.
El parlamentario criticó el enfoque que le dan a las informaciones el sitio web Noticiero Digital y el diario Tal Cual. “Están en un plan contra las instituciones del país, buscan desconocer el Gobierno. Esa batalla mediática es todos los días, constante y permanentemente. No podemos esperar a que vuelvan a propiciar situaciones de violencia en el país. Esa posición de decir que el Presidente ordenó disparar no es casual”, afirmó.
Dijo que el objetivo del acuerdo es “rechazar la campaña de calumnias contra nuestro país y las instituciones de la república. Continuemos defendiendo lo que tiene que ver con este proceso humanista de justicia social, donde nos incluimos todos sin ningún tipo de exclusión”.
Juan José Molina llamó a dejar de lado el resentimiento por los sucesos de abril de 2002. “¿Hasta cuándo el resentimiento, vivir del pasado? Los venezolanos queremos ver hacia el futuro”, dijo.
Destacó que desde la Asamblea se promueve “una nueva forma de imputar a los ciudadanos, de abrirles procesos penales. Para eso existe el debido proceso”.
La diputada y periodista Desiré Santos Amaral explicó que la SIP es un sindicato patronal y que, según su opinión, “periodista que se cuadra con ellos es traidor al gremio. Si hay dictadores en este país son los dueños de los medios de comunicación social”, afirmó.
Explicó que para ella Leocenis García no es periodista y que ni él ni el periodista Gustavo Azócar están involucrados en delitos de opinión. “En Venezuela no existen los delitos de opinión. Azócar está procesado por estafa y Leocenis García está procesado por sobornos“, agregó.
Wilmer Azuaje manifestó que el acuerdo en rechazo a Zuloaga busca distraer la atención del país. “¿Quién detiene a Chávez cuando dice que va a eliminar, a pulverizar a cualquiera?”, inquirió.
Por su parte, Carlos Escarrá recordó que, según la Constitución, quien opine o informe será responsable ulterior de lo dicho.
Al igual que Cilia Flores, el diputado Calixto Ortega, instó a los órganos del Estado para que investiguen las “irresponsables afirmaciones en el exterior del señor Zuloaga”.
El diputado Henry Hernández calificó al Presidente de “magnánimo” y “misericordioso”. Explicó, con respecto al caso de Zuloaga, que “muchos de estos responsables han asumido una conducta reiterativa en su afanoso intento de darle una salida diferente a nuestro gobierno. El fascismo y la violencia los enloquece y los ha sacado de una línea institucional, constitucional y democrática. Hemos insistido en que debemos tener mayor contundencia en nuestra actuación”.
Para Pastora Medina, la agenda del día “transmite odio y violencia”.
“Nosotros no negamos ninguna investigación pero nos angustia y nos genera dolor la falsedad que están señalando en relación con los hechos del 11 de abril. ¿Por qué no le preguntan a Lucas Rincón y a Arias Cárdenas por sus declaraciones? Le tenemos miedo a la complicidad, al secuestro de las instituciones. ¿Todo el que hable, todo el que denuncie va a ser pasado a un tribunal?”, preguntó.
Mario Isea declaró que “Zuloaga ha pasado a ser un actor inmediato. Ya no es sólo el que pone el medio. Es una confesión de participación en los sucesos del golpe de Estado de abril de 2002”.
Para Isea, la libertad de expresión no debe interpretarse como “un derecho absoluto” sino que debe estar “al servicio del desarrollo de la sociedad”.
Destacó que “si hubiera dictadura no se discutiría sobre la libertad de expresión y el papel de los medios”.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, denunció la presunta existencia de planes de violencia y desestabilización desde el sector opositor de cara a las elecciones parlamentarias.
“No es casual que Zuloaga lleve a la SIP los hechos de abril y pretenda justificar acciones. Hay delitos que está cometiendo en este momento el señor Zuloaga, que no es información, no es su opinión, es delito. Se está cometiendo un delito no sólo acusando al Presidente, sino que esa acusación cae en contra de nuestras instituciones, nuestro pueblo, nuestra república”, declaró.
Flores también respaldó la detención del ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, quien se encuentra recluido en el Helicoide desde este lunes en la noche. “Está detenido porque cometió delito, porque por la boca muere el pez”, afirmó.
Ccs. 23 mar. (Enfoques365).- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela condenó las amenazas hechas por la periodista oficialista Maripili Hernández contra el colega y secretario general de esta seccional, Roger Santodomingo, emitidas a través del canal del Estado.
Durante su participación en un programa nocturno transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), la citada periodista, quien ha ocupado altos cargos en el gobierno del presidente Hugo Chávez, amenazó con agredir físicamente a Santodomingo, mientras que el diputado Carlos Escarrá, le ofreció “ayuda”.
“Estas declaraciones constituyen, cuando menos, incitación al odio y a la violencia contra el dirigente gremial, además de someterlo al escarnio público utilizando un canal que debería ser de todos los venezolanos y fungir como punto de referencia del desempeño de un medio de comunicación”, dijo el CNP en un comunicado.
El CNP también hizo un enérgico llamado al cese del discurso violento que, con demasiada frecuencia, es utilizado en los programas transmitidos por VTV y otros medios del Estado, así como en medios privados.
“De igual forma, exhortamos a nuestra agremiada Maripili Hernández Domínguez a respetar a sus colegas y apegarse a las normas que rigen al gremio, establecidas en el Código de Ética del Periodista”, agrega el texto.
“Condenamos todo tipo de violencia, sin discriminar su procedencia. Exhortamos a los venezolanos, especialmente a nuestros agremiados y trabajadores de la prensa en general, a evadir las tentaciones del lenguaje cáustico y elevar el debate al terreno del respeto, la tolerancia y la racionalidad, lo cual, en el ambiente excesivamente polarizado en el que vivimos, no es sólo una necesidad, sino un deber”, concluye el documento.
Santodomingo es editor del portal de noticias Noticiero Digital, en el cual se publicó hace días una información de un lector, que resultó ser falsa, sobre el asesinato de Diosdado Cabello, ministro y presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y de Mario Silva, un conocido periodista del canal del Estado.
Vea el video con las amenazas de Maripili Hernández contra Roger Santodomingo:
http://www.youtube.com/watch?v=j0TEawyy1yU
En Aragua, famoso por las costas de Ocumare y Choroní, el trayecto es al costado de la famosa montaña, Parque Henri Pittier. El general Juan Vicente Gómez será siempre recordado por mí como un viejo dictador desgraciado que no tuvo ni la piedad de mandar a hacer esas carreteras rectas. Muchas curvas que han creado accidentes por montón, ya que la gente trata de no cruzar la raya amarilla vial, pero es que el piso está amarillo de todas las votadas de tripas que da la gente y los conductores se confunden.
Todos esos pensamientos hace años no los tengo porque no he ido a la playa. Cuando lo haga, espero ir bien acompañado, alguna chica con la cual se oiga la expresión ¡mami! ¿Qué haces con ese cotejo? Pero este cotejo estará de lo más feliz, viendo el mar, la puesta de sol, sentado en las sillas bajo un toldo, enterrando a la compañera (en la arena) y sobre todo preguntándome ¿qué estará haciendo la gente pobre en este instante?
Los gobiernos democráticos no pueden intervenir en las decisiones de un juez
Quien nunca se caracterizó por haber contado con cultura ni trayectoria democrática difícilmente puede entender que la esencia del sistema requiere del equilibrio y la separación de los poderes públicos. Su interpretación “endógena” de lo que es la democracia a lo sumo pasa por permitir unas elecciones, para después hacer lo que venga en gana. Pero en una democracia, tan importante como la legitimidad de origen -que proviene del acto electoral-, es la segunda condición: la legitimidad de desempeño, … esa le importa un rábano.
El reciente episodio de la jueza María Lourdes Afiuni resulta en extremo esclarecedor a la hora de analizar si en nuestro país existe equilibrio entre poderes y, por tanto, si existe democracia. Ante una decisión que no fue del agrado del gobernante, su reacción fue inmediata: “A la juez esa deberían meterle 30 años de cárcel &”. Pocos minutos después la jueza fue a dar con sus huesos a la cárcel, donde todavía permanece ¡Viva la independencia del Poder Judicial!
No está muy lejano el caso de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo donde los magistrados Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggieri y Perkins Rocha, tomaron una decisión que no gustó en las altas esferas gubernamentales. ¿El resultado?: fueron inmediatamente destituidos de sus cargos. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual determinó las violaciones del Estado venezolano y ordenó reintegrar a los magistrados destituidos al Poder Judicial. La respuesta del TSJ -violatoria de la Constitución- fue declarar que esa decisión era “inaplicable”, con lo cual el funcionamiento de la justicia quedó una vez más en entredicho. Abundan casos similares.
Pero volvamos al tema que nos ocupa. A medida que la crisis se profundiza y las encuestas hablan de manera más elocuente, la radicalización pareciera ser el camino.
Progresivamente van perdiendo los límites, incluso los límites territoriales del país. El interfecto ahora se quiere pronunciar también sobre lo que deciden los jueces en otros países y lanza feroces insultos contra algunos ex mandatarios.
Ejemplo de lo anterior podemos verlo en el caso de una decisión de un juez de la Audiencia Nacional Española, tribunal que tiene a su cargo las investigaciones en casos de terrorismo. La reacción no se hizo esperar. Aunque las siguientes no fueron textualmente las palabras utilizadas, a buen entendedor pocas palabras bastan:
- ¿Cómo es que Zapatero no mete en cintura a su juez?
- ¿Cómo es que ese juez no es destituido tal como aquí fueron destituidos Apitz, Ruggieri y Rocha?
Parodiando el caso de la juez Afiuni, desde las filas del oficialismo imaginamos que se escucha un clamor: A ese juez deberían meterle 30 años de cárcel.
Todo lo anterior no es más que una evidencia palpable de la poca cultura democrática que caracteriza a quienes nos gobiernan y su monumental desprecio por las formas que deben regir las relaciones entre las naciones. Las reacciones destempladas que surgen desde los más altos niveles de los poderes públicos venezolanos sólo evidencian desesperación. Quien no la debe, no la teme, reza el proverbio. ¿O es que acaso sí la temen?
La respuesta lógica hubiese sido negar toda relación y a la vez ponerse a la orden para colaborar en el esclarecimiento del asunto, pues al fin y al cabo ningún gobierno que no sea forajido puede aceptar una relación con grupos declarados como terroristas por la comunidad internacional y menos aún reunirse con sus líderes. Antes algún embajador afirmó: No miren lo que dice sino lo que hace. Hoy en cambio el mundo mira lo que dice & y lo que hace.
Para colmo, se recurre a una forma de presión que resulta inaceptable y que le hace un flaco servicio a nuestro país al dar al traste con la poca seguridad jurídica que aún pudiera existir:
- Ya que no podemos meter preso al juez -supongo que discurren en el oficialismo- amenacemos a los inversionistas para que sean ellos quienes presionen a su gobierno y a sus políticos. Eso se traduce en expresiones como estas:
“Sería sano que empresas españolas con intereses en Venezuela comentaran el asunto con quienes buscan dañar la relación. España sería la que más perdería y no Venezuela precisamente”.
Eso es una barbaridad. Las inversiones no prosperan bajo el signo del chantaje y los gobiernos democráticos no pueden intervenir en las decisiones de un juez.
http://www.noticierodigital.com/2010/03/30-anos-para-el-juez-eloy-velasco/
Por: FVB
El ex presidente del Gobierno español Felipe González consideró que el régimen vigente en Venezuela es "un caudillismo rural militar con una manguera de petróleo". Junto a un grupo de expertos en economía consideraron que, en la actualidad, no hay propuestas sobre el modelo de socialismo del siglo XXI. "A no ser que se quieran considerar como alternativas algunas de las utopías regresivas que vemos aflorar por el mundo, como la del socialismo del siglo XXI que nos hacen desde Venezuela", indicaron. "Es obvio que es una utopía regresiva que no tiene mucho que ver con la articulación de una propuesta alternativa como la que era en su día la soviética", apuntó el ex presidente español. Durante las jornadas organizadas por el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York y la Fundación Euroamérica, González aprovechó la oportunidad para llamar la atención sobre la creciente influencia de China en Latinoamérica, una relación que, a su juicio, puede reequilibrar las fuerzas internacionales. "China se comporta con América Latina de forma completamente diferente a como lo hace con África y toma decisiones de contenido político-estratégico, y no sólo económico", dijo hoy González en unas jornadas organizadas por el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York y la Fundación Euroamérica. Como ejemplo, cito que "los chinos saben que en América Latina tienen que buscar socios locales para acometer sus inversiones, al contrario de lo que hacen en África". Respecto a la relación del resto del mundo con Latinoamérica, Felipe González recordó que su PIB per capita es 2,5 veces superior al chino y, por lo tanto, tienen mucha más capacidad de compra, algo que hace que EEUU "tenga un recorrido de relaciones comerciales infinitamente mayor" con la región vecina que con el país asiático. "Estos datos no se están teniendo en cuenta, entre otras razones porque hay otras corrientes de fuerza que están cambiando el mundo, como la que ejerce China", añadió. Ese país, dijo González es "una potencia demográfica, militar, económica y de capacidad de ahorro, por lo que hay que tenerlo en cuenta al diseñar un nuevo modelo de sistema financiero para evitar una nueva crisis como la actual". A su juicio, en la actualidad no hay propuestas sobre ese nuevo modelo, "a no ser que se quieran considerar como alternativas algunas de las utopías regresivas que vemos aflorar por el mundo, como la del socialismo del siglo XXI que nos hacen desde Venezuela". "Es obvio que es una utopía regresiva que no tiene mucho que ver con la articulación de una propuesta alternativa como la que era en su día la soviética", apuntó el ex presidente español, quien consideró que el régimen vigente en Venezuela es "un caudillismo rural militar con una manguera de petróleo". El ex presidente español también ironizó con otros calificativos utilizados para describir sistemas y proyectos socioeconómicos, entre ellos el de "soviético", utilizado por políticos demócratas de Estados Unidos para referirse a la reforma sanitaria que busca Barack Obama. "Oí en el debate de anoche que se decía que la reforma sanitaria era un paso hacia la sovietización de Estados Unidos. Me impresionó mucho, porque creo quien lo decía lo hacía con convicción", apuntó. Respecto a la crisis económica, aseguró que "puede sonar dramático, pero estamos ante una de las últimas oportunidades de hacer una reforma del sistema financiero que trate de salvarlo" y lamentó que se siga creyendo que "la mano invisible del mercado puede autorregularlo, pese a la brutal demostración que ha supuesto la intervención masiva de los gobiernos afectados". A su juicio, "se está incubando ya la siguiente crisis" y si la UE y EEUU no pasan de los "discursos moralizantes que no interesan a nadie" y ofrecen una reformar "con elementos de gobernanza global y un marco regulatorio, "la próxima crisis será una crisis de sistema".

El jefe de armamento del CICPC anda contrariado porque le ordenaron entregar esa cantidad de armamento y simplemente no las tiene. Es posible que en el grupo de 250 personas que ingresarán, estarán incluidos agentes del G2 cubano.
El director del CICPC, ordenó inmediatamente poner a la orden el cargo al director de recursos humanos y el de armamento que son funcionarios de carrera.
Facturas a nombre
De Henry Falcón
Ya el Gobierno comenzó a pasar las facturas a cuenta de la rebelión del gobernador del estado Lara, Henry Falcón.
Una de las instituciones que está siendo afectada por la represalia oficial, es Unefa-Lara. El decano, a quien por cierto nunca se le ve trabajando en su oficio, está tomando medidas políticas fuertes contra los estudiantes y profesores de planta. El viernes, en un consejo, advirtió que cualquier docente contratado o de planta que apoyara al gobernador Henry Falcón en las movilizaciones que convoque sería despedido por “estar contra la Revolución”.
Lo irónico es que muchos de los docentes trabajan para la gobernación pues fue el mismo Henry Falcón quien para ayudar con la precariedad financiera de la Unefa, incluyó a esa Universidad en el presupuesto de este año, y está resolviendo la situación con una de las sedes.
En una de las clases, ocurrió un incidente con una docente y un teniente del Ejército de planta, quien pasó un informe diciendo que la docente habló mal del gobierno y el decano la despidió sin siquiera escuchar al resto de los docentes y estudiantes. El teniente aseguró que había inventado lo de la docente por órdenes del Decano.
Hasta ahora, no se habían presentado presiones de este tipo en la Unefa y la comunidad estudiantil reconoce que Henry Falcón ha sido un gran apoyo para la universidad.
La mayoría de los docentes y los estudiantes civiles, aseguran que van a apoyar a Henry Falcón así los expulsen de la institución.
Impostores
en el Facebook
Una nueva estrategia del Régimen, para llegar a los informantes de los periodistas y medios, es montar páginas impostoras de Facebook para hacer seguimiento de los mensajes que reciben.
En las páginas, colocan fotografías de los periodistas que bajan de internet, y reproducen sus trabajos, escritos, y hasta programas para convencer a quiénes visitan las páginas de que realmente se trata de ellos.
De hecho hay una página impostora en Facebook de la periodista Berenice Gómez, y también de esta columnista.
Lo recomendable es que quiénes deseen comunicarse con los periodistas a través de Facebook, se cercioren bien primero de que realmente se trata de ellos, antes de enviar cualquier dato o información.
Email:
factoresdepoder@gmail.com
http://www.patriciapoleo.com/patriciapoleo/ESTA_SEMANA.html
A las 80 empresas que se les suspendió el servicio eléctrico por 24 horas, no solamente se les impuso la mención en un aviso de Corpoelec, sino que también los fiscales de la corporación le han señalado la eventualidad de multas y el cobro de tarifas con el recargo hasta de 100%. Es común la queja de los dueños de los establecimientos a los que se les hizo un cambio arbitrario de calcomanías: de la roja a la verde o viceversa, según sean o no ahorradores de energía, y luego les suspendieron el servicio sin ninguna explicación ni la posibilidad de apelar la decisión. "No hay precedentes de medidas de este tipo que convierte el consumo de electricidad en un delito", dijo Víctor Poleo, ex director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas. "El ahorro se logra mediante un incentivo con las tarifas, no ordenando que se suspenda el servicio, quizás con la intención de amedrentar", agregó. Varios de los comercios afectados acudieron a Anauco, Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, para exponer su caso. De allí que esta organización prevea ejercer acciones contra esta medida ante el Tribunal Supremo de Justicia. "No se descarta que acudamos a organismos internacionales para denunciar esta arbitrariedad", dijo Roberto León Parilli, presidente de Anauco. Lecciones europeas. A criterio del abogado español Luciano Parejo, experto en Derecho Administrativo, el problema eléctrico se convirtió en "lo que juristas llaman estado de necesidad" y por eso se ve obligado a aplicar medidas de racionamiento, pero alerta sobre la improcedencia legal de sanciones como el corte de luz por 24 horas. "Me parece una medida drástica y desproporcionada", dijo el abogado. "De acuerdo con los cánones del derecho europeo no se podría imponer de plano una sanción de este tipo porque habría que instruir un procedimiento con acusación y defensa", añadió. Las críticas hechas por abogados venezolanos parten de advertir que la decisión de Corpoelec no sólo omitió que no haya iniciado un procedimiento, como sostiene Parejo, sino que también resulta de mayor gravedad porque se tomó sin que exista ley que sancione a los usuarios que se consideren como consumidores de alta energía. |
Los fracasos suelen medirse por la dimensión de las ambiciones y así como en un principio Hugo Chávez logró el gran objetivo de convertirse en referencia mundial del antinorteamericanismo y en líder de una ideología que redimiría a los preteridos del continente, ahora la ilusión se desvanece dejando la sensación de una farsa en fase terminal.
Luego de once años el engendro conocido como socialismo del siglo XIX, no puede ocultar, ni siquiera ante los más cándidos observadores, su naturaleza autocrática, totalitaria y expansionista.
Chávez, finalmente, está perdiendo la batalla mediática internacional, su imagen resulta cada vez más antipática y si antes lucía como un rústico campechano con la razón de su lado, ahora lo que muestra es el hosco rostro de un hombre obsesionado por el poder y sólo los más retrógrados regímenes del planeta, así como algunos gobiernos que por encima de los principios, colocan los intereses económicos, continúan dándole oxígeno a un proyecto que, en un momento dado, amenazó con destruir las democracias de América Latina.
Luego del fracaso para imponer su franquicia en Honduras, el intervencionismo venezolano se estrella contra la muralla uribista aquí al lado, el sueño gran colombiano se esfuma y gane quien gane el 31 de mayo (bien sea Noemí Sanin o Juan Manuel Santos) la continuidad de la política de Seguridad Democrática está garantizada. Los más diversos aliados de Chávez están en plan de derrota. Desde las FARC hasta los liberales (aun cuando Piedad Córdoba haya conservado su curul), pasando por los comunistas, la franja más atrasada del Polo Democrático y hasta algún expresidente.
Así, Chávez se va quedando con lo peorcito del planeta: el bielorruso Lukachenko (conocido como el último dictador de Europa), el rijoso Daniel Ortega, el obsecuente Evo Morales, el fundamentalista Ahmadinejad, el bravucón Rafael Correa, los inefables hermanos Castro, la pareja Kirchner, algunos cancilleres europeos empeñados en defender lo indefendible y el “hermano Lula”, que resulta un caso aparte de alcahuetería.
Pero si eso ocurre hacia afuera, hacia adentro también operan un fenómeno similar y el mutis del gobernador Henri Falcón, que seguramente arrastrará consigo a otros mandatarios regionales y no sabemos aún cuánto de masa chavista, nos da una idea de cómo si antes la palabra del jefe era sagrada, ahora la criada le salió respondona y si en otros tiempos las defecciones solían fortalecer al caudillo, ahora le achican el universo, le plantan cara en sus dominios y sólo le va quedando n puñado de fieles sumidos en su incapacidad para gobernar y en una pelea a cuchillo por los despojos.
rgiusti@eluniversal.com
El Universal
La Dirección Nacional de COPEI Partido Popular expresa su más enérgica protesta y condena por la arbitraria detención de Oswaldo Álvarez Paz, quien ha sido uno de los más importantes dirigentes de la democracia cristiana venezolana. Como Diputado, Gobernador del Zulia, candidato presidencial y dirigente nacional, Álvarez Paz ha demostrado valentía, probidad y rectitud.
El gobierno nacional, utilizando una vez más sus instituciones secuestradas, pretende silenciar la crítica y la denuncia de aquellos que no pensamos igual a éste. El actual régimen considera un delito opinar. Sólo la cobardía de un gobierno que se sabe caído justifica una actuación de esta naturaleza.
Las acusaciones contra Oswaldo Álvarez Paz carecen de lógica jurídica y son completamente absurdas. Sus afirmaciones en un programa de televisión, lejos de constituir un delito, constituyen un alerta a las autoridades venezolanas para que investiguen gravísimas situaciones que se vienen presentando en nuestro país.
En nada se diferencian sus aseveraciones a las realizadas por el Presidente de la República cuando acusó a la oposición de tener vínculos con paramilitares.
Exigimos a las autoridades respeto a los derechos constitucionales de Oswaldo Álvarez Paz, el debido tratamiento y lo hacemos responsable por lo que le pueda ocurrir.
Reiteramos a su esposa, hijos y demás familiares nuestras más sinceras palabras de solidaridad en estos momentos, a la vez de que hacemos votos para que esta situación se resuelva lo antes posible.
Luis Ignacio Planas
Presidente Nacional
Luis Carlos Solórzano
Secretario General Nacional
(Flash JC)- El partido verde exige a las autoridades "respeto a los derechos constitucionales de Oswaldo Álvarez Paz" |
Según El Mundo Economía & Negocios, la Sudeban estableció nuevas normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y entre las novedades, contempla nuevas reglas de control que rayan en el espionaje por parte de las instituciones financieras.
A través de sus oficiales de cumplimiento, los bancos deberán reportar las actividades normales y sospechosas de sus clientes a la una unidad que llevará por nombre Sistema de Administración Integral de Riesgo (Siar), según la nueva normativa publicada el pasado 17 de marzo en la Gaceta Oficial Nº 39.388.
La Sudeban ordena a los bancos establecer procedimientos y reportes para: los movimientos de las Personas Expuestas Políticamente (PEP), de la banca virtual, de los nuevos clientes, de los oficiales de cumplimiento poco diligentes, de los procedimientos retardados, de las cuentas bancarias multi operativas, de los depósitos y retiros por más de Bs.F. 4.500, de la transferencia de divisas por más de 10.000 dólares, de los movimientos fiduciarios, transacciones realizadas con tarjetas de crédito en el exterior, de los nuevos empleados bancarios y los desincorporados, seguimiento a cajeros automáticos y demás actividades que se consideren sospechosas para la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Artículo 77).
Con esta larga lista de reportes, la nueva norma de la Sudeban hace pagar a justos por pecadores, en un intento por recuperar la credibilidad, luego de la intervención de siete entidades bancarias y la liquidación de otras dos a finales del año pasado, lo que evidenció la vulnerabilidad del sistema financiero.
Este reglamento (vigente dentro de 180 días continuos) saca del stand by al Sicri, ahora Siar, el cual tendrá la función de promover y controlar los monitoreos de reportes sospechosos.
El Siar contará con una estructura organizativa compuesta por una junta directiva, un comité y una unidad de oficiales de cumplimiento, que recibirán todos los reportes de sospecha de desvío de capitales a que haya lugar en las instituciones financieras del sistema.
Con nuevos procedimientos, el Siar será la plataforma institucional que regirá sobre el control de riesgos de la Sudeban, y tendrá relación intrínseca con la Unidad Nacional de Información Financiera (Unif), que a su vez tendrá nexos con los circuitos de investigación penal.
Las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamientos al Terrorismo que está vigente hoy día, data del año 2001, cuando el superintendente nacional era Alejandro Cáribas.
Para entonces, era comprensible que un depósito por reportar al Sicri de un monto equivalente a los Bs.F. 2.500 de hoy, no fuera objeto de seguimiento continuo a la banca electrónica, puesto que en esa fecha este servicio no estaba tan desarrollado como ahora y dos millones de bolívares viejos era una cifra relativamente alta.
Las normas de riesgo bajo las cuales se rige el sistema financiero quedaron en desuso desde el mismo momento en que comenzaron a desarrollarse nuevas tecnologías, nuevas formas de desvío de capitales y el aumento de nuevos clientes bancarios con ingresos monetarios considerables.
Y es que la Sudeban tendrá en la mira, no sólo los depósitos y los retiros, sino la compra y venta de bienes a través de instrumentos financieros; de las transferencias, y de la participación de su clientela en figuras fiduciarias que manejan grandes montos en divisas y bolívares.
En el reglamento publicado por la Gaceta Oficial la Sudeban detalla cada procedimiento que deberán seguir los bancos para vigilar al sistema electrónico y a los nuevos clientes del sistema.
La banca “deberá prestar especial atención a cualquier riesgo de legitimación de capital y financiamiento al terrorismo que surja de la utilización de nuevas tecnologías o en desarrollo que dificulten la verificación de la identidad del cliente y adoptar las medidas para impedir su utilización con fines ilícitos”, dice el Artículo 59 de la reciente normativa.
La banca estará obligada a presentar fichas y expedientes mensuales de sus nuevos clientes a la Sudeban. Además, cada vez que algún usuario abra una cuenta nueva, deberá ser objeto de una entrevista personal.
Tanto para las sospechas emanadas del Home Banking, como de los movimientos de su clientes, los oficiales de cumplimiento deberán reportar al Siar y la Unif las actividades de posible legitimación de capitales en un máximo de 48 días. Actualmente, hay un espacio de 30 días para hacer la notificación a la Sudeban.
Los lapsos que ahora deberán cumplir los vigilantes del sistema quedan acortados para remitir el reporte de la nueva clientela a la Sudeban: anteriormente, se hacía en 30 días hábiles; con el nuevo reglamento, el tiempo se reduce a los 15 días calendarios siguientes al cierre mensual.
El nuevo reglamento contra la legitimación de capitales alcanzará hasta a las ONGs, calificadas ahora como clientes “de alto riesgo”. Para los bancos, la tarea financiera no será tan fácil dentro de seis meses.
Una larga lista de clientes, canales, actividades, productos, países y jurisdicciones fueron calificadas como agentes de “alto riesgo”.
Entre los clientes están: casas de cambio no domiciliadas en el país; empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos y remesas; casinos y salas juegos; ONGs; casas de empeño; comercializadoras de vehículos; embarcaciones y aeronaves, operadores cambiarios fronterizos; prestamistas; personas expuestas políticamente, incluyendo a familiares cercanos y sus estrechos colaboradores.
También están dentro de los clientes de alto riesgo los contadores públicos; los abogados, y otras profesiones independientes cuando ayudan a la planificación y ejecución de transacciones para clientes relacionados con la compra-venta de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores.
La nueva normativa de administración de riesgos relacionados con legitimación de capitales dice que cuando existan dudas o la presunción de que las operaciones que realice una persona jurídica sea distinta o incompatible con las actividades por ella descritas al banco, la Sudeban podrá suspender la publicidad de esa empresa, sus operaciones, clausurar el establecimiento y asegurar los recursos obtenidos de esa compañía en la entidad bancaria.
Además, podrá “solicitar a las autoridades competentes que acuerden las medida de inmovilización de cualquier tipo de cuenta, colocación o transacción financiera; así como la prohibición de enajenar y gravar bienes de las personas naturales, de las personas jurídicas y de los representantes, directores o accionistas de dichas empresas o personas involucradas”.
El reglamento que realizó la Sudeban junto a representantes del sistema financiero también crea nuevos procedimientos para los políticos nacionales y extranjeros. Las entidades deberán exigirles como mínimo los siguientes requisitos: Identificación del titular de la cuenta; suministrar información respecto al origen de los fondos; obtener la aprobación de la administración superior para establecer las relaciones de comercio con dichos clientes; verificación de referencias; suministro de información de las personas que tengan firmas autorizadas en la cuenta.
La institución bancaria deberá hacer esfuerzos razonables para revisar fuentes públicas de información.
Según la Gaceta Oficial Nº 39.388, al abrir una cuenta a una persona natural, la institución financiera deberá requerir como mínimo la siguiente información: Motivos por los cuales solicita los servicios de la entidad y el uso que dará a la cuenta; promedio mensual estimado en el cual movilizará la cuenta; origen de los fondos; actividad económica; cuentas u otros productos que posee; dirección y teléfono de la empresa donde trabaja; una o más referencias bancarias; monto del salario y otros ingresos mensuales.
Por su parte, las personas naturales deberán otorgar el volumen de las ventas mensuales; actividad profesional o comercial a la que se dedica, el RIF y las empresas relacionadas.
Esta información deberá ser anexada en un expediente que el banco deberá presentar ante el Siar y la Unif, en el caso de que sea nuevos clientes del banco.
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) también están dentro de la categoría de “alto riesgo”, incluyendo a familiares cercanos, asociados y estrechos colaboradores, según se señala en el artículo 32 de la resolución.
La banca electrónica también califica como un “canal de distribución de alto riesgo”.
Banca electrónica, por Internet y/o negocios o transacciones que no son “cara a cara” o que no impliquen la presencia física de las partes es la definición.
Banca telefónica, cajeros automáticos y negocios a través de intermediarios también están en esta lista. Las cuentas de corredores y fideicomisos están de igual manera incluidas en la norma dictada por la Sudeban.
Gleixys Pastrán C.
A través de un comunicado emitido este martes, la Mesa de Unidad condenó de forma “enérgica” la detención de Oswaldo Álvarez Paz. “Se apresa a Álvarez Paz por un delito de opinión, algo inadmisible en una democracia”, sostiene la MUD.
Este es el comunicado de la Mesa de Unidad:
La Mesa de la Unidad Democrática condena enérgicamente la detención del ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz.
Esta nueva arbitrariedad contra un crítico del gobierno se comete mientras la delincuencia campea impune ante la indiferencia o la incompetencia de las autoridades. Hemos visto el rotundo fracaso del Plan Bicentenario de seguridad, como la actuación del Ministerio Público es ineficiente para ejercer las acciones respectivas para procesar delitos comunes, pero como resulta en extremo eficaz para perseguir a quienes pensamos diferente.
Se apresa a Álvarez Paz por un delito de opinión, algo inadmisible en una democracia. Los cargos que se le formulan se basan en una declaración en un programa de televisión, en réplica de la acusación contra el editor Rafael Poleo. Es claro que se trata de una violación de la Constitución, así como de un intento para promover el miedo y la autocensura, como medio para silenciar a los venezolanos.
Estamos, una vez más, ante el uso descarado de la Administración de Justicia para fines políticos, una perversión ya característica en quienes hoy ejercen el poder. Sabemos que hay un sistema judicial que clasifica a los venezolanos según el color político que profesen y esta es una muestra inobjetable del abuso que a diario sufrimos por parte del gobierno nacional.

Quito, 22 Mar. ABN.- La presidencia pro tempore la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que ostenta Ecuador, sugiere el 4 de mayo de 2010 como fecha para la próxima cita de los países miembros de la organización regional en la cual se determinará, de haber consenso, el apoyo a la candidatura del ex Presidente de Argentina, Néstor Kirchner, como Secretario General de Unasur.