La Audiencia Nacional acusó el lunes al Gobierno de Hugo Chávez de colaborar con ETA y las FARC, en un auto publicado el lunes.
Las autoridades venezolanas tildaron la acusación de "infame" e "inaceptable", en un comunicado fechado en Caracas y publicado el lunes por la noche por su embajada en Madrid, después de que el Gobierno español pidiera explicaciones al respecto.
"(En el auto) se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano", afirmó el texto. "El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela (...) repudió los señalamientos infames de este juez español", añadió, denunciando un trato "irrespetuoso" al presidente venezolano en el documento judicial.
En el auto difundido el lunes, el juez Eloy Velasco apunta que el Gobierno de Chávez cooperó para que ambos grupos armados mantuvieran encuentros para intercambiar técnicas de guerrilla o información para un posible atentado en España contra altos cargos colombianos, como el presidente Álvaro Uribe.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había anunciado tras conocer el auto que su Ejecutivo había pedido explicaciones al Gobierno de Venezuela.
La disputa se produce mientras aumentan las tensiones entre Venezuela y su vecina Colombia debido al supuesto apoyo de Caracas a las FARC.
"Creo que tenemos que tener una reacción prudente y mirar qué es lo que esta pasando a través de los canales diplomáticos", indicó a la radio RCN el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que se encuentra en Uruguay para asistir a la investidura del nuevo presidente.
Por su parte, el diputado venezolano Hayden Pirela, que preside la subcomisión parlamentaria de Asuntos Fronterizos y de Integración, negó que su país haya apoyado una conspiración para matar a Uribe
"Nunca hemos apoyado y nunca apoyaremos a grupos terroristas," dijo a Reuters.
En los últimos días, Chávez se ha mostrado dispuesto a hablar con Uribe, apuntando a una tregua tras una disputa que ha durado meses y afectado a la economía de ambos países.
TRECE PROCESADOS
En el auto, el juez procesa a 13 personas - seis miembros de ETA y siete de las FARC - por delitos de colaboración con banda armada, conspiración para cometer homicidios o tenencia de explosivos y ordena su detención internacional porque todos están en libertad.
"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA", señala el auto.
Aunque se desconoce el paradero de los acusados, el juez pide a los Ministerios de Interior y Exteriores que pidan colaboración a los gobiernos de Venezuela y Cuba, países donde podrían estar refugiados.
Para apuntar la connivencia del Ejecutivo venezolano, el magistrado se refiere al caso del presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, que está documentado que se encuentra en Venezuela en la actualidad, y que ha ostentado cargos públicos en el Gobierno de Venezuela desde que Hugo Chávez accedió a la presidencia en febrero de 1999.
Según el juez, Cubillas fue designado en octubre de 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y tierras de Venezuela, al tiempo que desde 1999 era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América y que coordinaba las relaciones con las FARC.
El diputado venezolano Pirela, sin embargo, afirmó que esto no implica que Venezuela apoye a la banda.
"Yo soy un diputado y pertenezco al Gobierno. Si mañana yo me dedico a alguna cosa ilícita el Gobierno no es responsable de esto, no es una directriz del Gobierno", dijo.
El comunicado oficial del Gobierno venezolano afirmó que Cubillas se encuentra en el país debido a un acuerdo firmado en 1989 por los entonces presidentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González, y expresó su sorpresa porque este hecho no se mencionara en el auto.
Además, Caracas expresó su falta de confianza en las pruebas a las que se refiere la Audiencia, obtenidas por la incautación de un ordenador que "ha pasado a formar parte del folklore político colombiano", afirma.
En 2007, según el auto, miembros de ETA fueron escoltados por un militar venezolano a un lugar en la selva, donde recibieron un curso de manejo de explosivos de integrantes de las FARC.
AYUDA MUTUA
El magistrado afirma además que la guerrilla colombiana, a cambio de la formación que dio a los integrantes de ETA en América, pidió a ETA ayuda para llevar a cabo un eventual atentado contra Uribe, su antecesor, Andrés Pastrana, y otros altos cargos colombianos en España.
"No sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA", señala el juez.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al igual que Euskadi Ta Askatasuna, están en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y ambas han mantenido "relaciones coordinadas" a lo largo de su historia para "algunos de sus ilícitos objetivos", según el auto.
Entre los acusados está el presunto responsable de ETA en Cuba, José Ángel Urtiaga Martínez, alias "Garrutxu", que fue el interlocutor de ETA cuando la organización armada se interesó en 1999 por "establecer una relación oficial con las FARC con el objeto de exportar al extranjero sus tácticas y técnicas en la causación de terror".
Colombia ha acusado al Gobierno de Chávez de ayudar a las FARC, que también se cree que entrenó a antiguos miembros del Ejército Republicano irlandés para fabricar bombas.
Se da la circunstancia de que uno de los tres detenidos el domingo por las autoridades españolas y francesas había regresado recientemente de Venezuela, donde había residido varios años, según fuentes de la lucha antiterrorista.
Las autoridades venezolanas tildaron la acusación de "infame" e "inaceptable", en un comunicado fechado en Caracas y publicado el lunes por la noche por su embajada en Madrid, después de que el Gobierno español pidiera explicaciones al respecto.
"(En el auto) se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano", afirmó el texto. "El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela (...) repudió los señalamientos infames de este juez español", añadió, denunciando un trato "irrespetuoso" al presidente venezolano en el documento judicial.
En el auto difundido el lunes, el juez Eloy Velasco apunta que el Gobierno de Chávez cooperó para que ambos grupos armados mantuvieran encuentros para intercambiar técnicas de guerrilla o información para un posible atentado en España contra altos cargos colombianos, como el presidente Álvaro Uribe.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había anunciado tras conocer el auto que su Ejecutivo había pedido explicaciones al Gobierno de Venezuela.
La disputa se produce mientras aumentan las tensiones entre Venezuela y su vecina Colombia debido al supuesto apoyo de Caracas a las FARC.
"Creo que tenemos que tener una reacción prudente y mirar qué es lo que esta pasando a través de los canales diplomáticos", indicó a la radio RCN el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que se encuentra en Uruguay para asistir a la investidura del nuevo presidente.
Por su parte, el diputado venezolano Hayden Pirela, que preside la subcomisión parlamentaria de Asuntos Fronterizos y de Integración, negó que su país haya apoyado una conspiración para matar a Uribe
"Nunca hemos apoyado y nunca apoyaremos a grupos terroristas," dijo a Reuters.
En los últimos días, Chávez se ha mostrado dispuesto a hablar con Uribe, apuntando a una tregua tras una disputa que ha durado meses y afectado a la economía de ambos países.
TRECE PROCESADOS
En el auto, el juez procesa a 13 personas - seis miembros de ETA y siete de las FARC - por delitos de colaboración con banda armada, conspiración para cometer homicidios o tenencia de explosivos y ordena su detención internacional porque todos están en libertad.
"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA", señala el auto.
Aunque se desconoce el paradero de los acusados, el juez pide a los Ministerios de Interior y Exteriores que pidan colaboración a los gobiernos de Venezuela y Cuba, países donde podrían estar refugiados.
Para apuntar la connivencia del Ejecutivo venezolano, el magistrado se refiere al caso del presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, que está documentado que se encuentra en Venezuela en la actualidad, y que ha ostentado cargos públicos en el Gobierno de Venezuela desde que Hugo Chávez accedió a la presidencia en febrero de 1999.
Según el juez, Cubillas fue designado en octubre de 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y tierras de Venezuela, al tiempo que desde 1999 era responsable del colectivo de ETA en esa zona de América y que coordinaba las relaciones con las FARC.
El diputado venezolano Pirela, sin embargo, afirmó que esto no implica que Venezuela apoye a la banda.
"Yo soy un diputado y pertenezco al Gobierno. Si mañana yo me dedico a alguna cosa ilícita el Gobierno no es responsable de esto, no es una directriz del Gobierno", dijo.
El comunicado oficial del Gobierno venezolano afirmó que Cubillas se encuentra en el país debido a un acuerdo firmado en 1989 por los entonces presidentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González, y expresó su sorpresa porque este hecho no se mencionara en el auto.
Además, Caracas expresó su falta de confianza en las pruebas a las que se refiere la Audiencia, obtenidas por la incautación de un ordenador que "ha pasado a formar parte del folklore político colombiano", afirma.
En 2007, según el auto, miembros de ETA fueron escoltados por un militar venezolano a un lugar en la selva, donde recibieron un curso de manejo de explosivos de integrantes de las FARC.
AYUDA MUTUA
El magistrado afirma además que la guerrilla colombiana, a cambio de la formación que dio a los integrantes de ETA en América, pidió a ETA ayuda para llevar a cabo un eventual atentado contra Uribe, su antecesor, Andrés Pastrana, y otros altos cargos colombianos en España.
"No sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA", señala el juez.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al igual que Euskadi Ta Askatasuna, están en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y ambas han mantenido "relaciones coordinadas" a lo largo de su historia para "algunos de sus ilícitos objetivos", según el auto.
Entre los acusados está el presunto responsable de ETA en Cuba, José Ángel Urtiaga Martínez, alias "Garrutxu", que fue el interlocutor de ETA cuando la organización armada se interesó en 1999 por "establecer una relación oficial con las FARC con el objeto de exportar al extranjero sus tácticas y técnicas en la causación de terror".
Colombia ha acusado al Gobierno de Chávez de ayudar a las FARC, que también se cree que entrenó a antiguos miembros del Ejército Republicano irlandés para fabricar bombas.
Se da la circunstancia de que uno de los tres detenidos el domingo por las autoridades españolas y francesas había regresado recientemente de Venezuela, donde había residido varios años, según fuentes de la lucha antiterrorista.
http://es.noticias.yahoo.com/10/20100301/tts-oestp-venezuela-eta-audiencia-ca02f96.html
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