La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió el lunes una misiva al canciller venezolano para manifestarle su preocupación por el “deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión” en ese país.
El comisionado para los asuntos de Venezuela, Paulo Sergio Pinheiro, y la relatora especial para la libertad de expresión, Catalina Botero, mencionaron en su carta a Nicolás Maduro la orden de captura contra el propietario del canal televisivo opositor Globovisión, Guillermo Zuloaga, acusado de usura y asociación delictuosa por almacenar 24 vehículos en su residencia, según un comunicado de prensa emitido el lunes.
“La persecución penal por delitos no vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión puede configurar una violación de dicho derecho si se demuestra que la investigación está motivada por la posición política del imputado o por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”, señala el comunicado.
Los fiscales anunciaron la orden de arresto el viernes, una semana después de que el presidente venezolano Hugo Chávez lamentara públicamente que Zuloaga continuara libre frente al juicio que le espera. Los intentos para encarcelar al empresario televisivo han suscitado amplias condenas de dirigentes de la oposición y de grupos defensores de la libertad de prensa. Actualmente se desconoce el paradero de Zuloaga.
Los funcionarios sostuvieron también que la condena impuesta el viernes al periodista Francisco Pérez “muestra la grave desprotección en la que se encuentra la libertad de expresión en Venezuela”.
Pérez fue condenado a tres años y nueve meses de prisión por el delito de “ofensa” e “injuria” contra un funcionario público, y quedó además inhabilitado “profesional y políticamente” por los delitos de “ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público”.
El proceso se inició luego de que Pérez publicara en el 2009 que el alcalde de la ciudad central de Valencia y cercano aliado de Chávez, Edgardo Parra, se estaba “pagando y dando el vuelto” al sumar a la nómina de la alcaldía a varios parientes en importantes cargos.
“Estos hechos son una muestra más del preocupante consenso entre las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en el sentido de que es legítimo silenciar a las personas críticas del gobierno a través del derecho penal”, señala la misiva citada por el comunicado de prensa.
Vía AP
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