Según declaraciones de algunos de los ministros, el costo podría encontrarse en alrededor de los cuarenta billones de pesos, mientras algunas voces más críticas afirman que podría incluso llegar a los cien. Cuarenta billones de pesos en diez años pueden ser invertidos en propósitos económicos que son más relevantes para alcanzar la paz, más que repartir dinero sin ningún control. El dinero que se está gastando con fines populistas podría servir más a la paz invertido en las estructuras de competitividad que de esta forma, en la cual sólo ayuda a aumentar los ingresos de Bavaria y las licoreras locales. Este proyecto de ley era rechazado por la administración de Álvaro Uribe; sin embargo Juan Manuel Santos, de quien se esperaba mantuviera los preceptos democráticos que lo llevaron al poder, utilizó este proyecto como el más claro símbolo de la ruptura con todo lo que promovió en su campaña. Increíble: toda una estructura tributaria regresiva va a poner a los más pobres a pagar por el daño que han hecho los terroristas, mientras se fragua su perdón y su ingreso a las ramas del poder público, para terminar dando cátedras sobre derechos humanos, cuyas agresiones todos terminamos pagando haciendo que al final la vida humana en Colombia valga incluso menos de lo que ya vale, de tal suerte que en Colombia las etiquetas de los muertos en las morgues no van a tener su nombre, sino un “vale por diez millones de pesos”. Se está convirtiendo a los muertos de la guerra en Colombia en cheques al portador; es decir que la barbarie se esta convirtiendo en moneda transaccional, lo cual deshumaniza aún más un proceso que ya de por sí era el más inhumano de todos (el de reacomodar una familia después de sufrir los horrores de la guerra). Una reparación de este tipo significa que todos como sociedad debemos pagar por los crímenes de los grupos armados al margen de la ley, es decir, todo lo contrario al ideal de justicia. De igual forma, es éticamente reprochable de cara a lo que se fragua en palacio, que toda la sociedad deba asumir con su dinero el costo de la reparación, mientras que en el mediano plazo se busca dar indulto político a los terroristas, es decir: el terrorismo asesina, secuestra y horroriza, la sociedad paga la reparación, y el victimario termina con una curul en el Senado dictando clases de moral. ¿Quién nos va a garantizar de cara a esta ley que un miembro de un grupo terrorista (cualquiera que sea) no pedirá reparación, y el dinero que le están exigiendo a la sociedad no termine financiando al terrorismo? Para un país acostumbrado a ver cómo se transforma la ley para beneficio de uno u otro, el impacto de ver personas enriqueciéndose ilícitamente a partir de muertos de una guerra, es algo que como sociedad no debemos tolerar, pero que para la ley no es claro cómo va a evitar. Nunca podremos pensar en una paz duradera mientras un muerto siga valiendo dinero. En adición, recibir una compensación monetaria pareciera la forma más sencilla de silenciar una sociedad.
27 de mayo de 2011
Del costo de oportunidad de la Ley de Víctimas
La unidad nacional está de fiesta. El principal proyecto del gobierno del presidente Santos, llamado "la ley de víctimas", se convirtió en ley de la república. Esta ley pretende reparar a las víctimas de la violencia de lo que con ligereza el gobierno pretendía llamar “conflicto interno colombiano”. En especial, a todos aquellos que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos y violaciones al DIH.
Según declaraciones de algunos de los ministros, el costo podría encontrarse alrededor de los cuarenta billones de pesos, mientras algunas voces más críticas afirman que podría incluso llegar a los cien. Este proyecto de ley, era rechazado por la administración de Álvaro Uribe, sin embargo Juan Manuel Santos, de quien se esperaba mantuviera los preceptos democráticos que lo llevaron al poder, utilizó este proyecto como el más claro símbolo de la ruptura con todo lo que promovió en su campaña. No obstante, este artículo quiere hacer énfasis en el costo de oportunidad en el que la sociedad colombiana está incurriendo en una ley cuyo trasfondo ideológico no es claro.
Quisiera iniciar la discusión reflexionando sobre los alcances del criterio de reparación económica. Colombia ha vivido inmersa en una extensa lucha contra el terrorismo, que ha costado cientos de vidas y ha cobrado un enorme precio en términos de desarrollo y productividad. Los costos humanos son inconmensurables: el secuestro, la muerte, las familias destruidas, las vidas arruinadas..., entre otras miles de tragedias anónimas que nunca se sabrán, todas producidas por la locura del narcotráfico ideologizado con teorías retrogradas de tiranías de los años sesenta. Si bien es claro que la única forma de reparación mensurable que la más fría corriente del utilitarismo (alejada de la intención de John Stuart Mill) encontró para reparar a las víctimas del conflicto es una compensación monetaria, existen importantes reparos éticos.
En primer lugar, se está convirtiendo a los muertos de la guerra en Colombia en cheques al portador; es decir que la barbarie se esta convirtiendo en moneda transaccional, lo cual deshumaniza aún más un proceso que ya de por sí era el más inhumano de todos (el de reacomodar una familia después de sufrir los horrores de la guerra). En segundo lugar, una reparación de este tipo significa que todos como sociedad debemos pagar por los crímenes de los grupos armados al margen de la ley, es decir, todo lo contrario al ideal de justicia. De igual forma, es éticamente reprochable de cara a lo que se fragua en palacio, que toda la sociedad deba asumir con su dinero el costo de la reparación, mientras que en el mediano plazo se busca dar indulto político a los terroristas, es decir: el terrorismo asesina, secuestra y horroriza, la sociedad paga la reparación, y el victimario termina con una curul en el Senado dictando clases de moral. Por último, existe un reparo en el sentido de que no obligar a los grupos armados, bien sea por un acuerdo o mediante la extinción de dominio, a reparar a sus víctimas, termina protegiendo su patrimonio en un eventual post conflicto, en detrimento del patrimonio colectivo de la nación.
Discutido el tema de la reparación, quisiera hacer una reflexión subsecuente. Para todos los programas de asistencia del Estado existe una dicotomía. Selección o cobertura. Significa que entre más estricto sea el proceso de selección, más costoso será y se podrá repartir menos dinero. Sin embargo, entre más laxo sea el proceso de selección, existe mayor riesgo de que personas que no cumplan con las características ingresen a la ayuda. Este punto es especialmente peligroso en el tema de la ley de víctimas, en la medida en que según el texto solo se exigirá una prueba sumaria y se presumirá la buena fe de los solicitantes:
ARTÍCULO 2.- PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. Para los efectos de la indemnización por vía administrativa, se solicitará prueba sumaria que permita inferir su calidad de tal.
Quiero advertir un riesgo a los lectores. ¿Quién nos va a garantizar de cara a esta ley que un miembro de un grupo terrorista (cualquiera que sea) no pedirá reparación, y el dinero que le están exigiendo a la sociedad no termine financiando al terrorismo? Considero que como está diseñada la ley y con el interés político que tiene atado, el costo de una mala selección es mucho mayor que un simple riesgo moral. Es decir, para un país acostumbrado a ver cómo se transforma la ley para beneficio de uno u otro, el impacto de ver personas enriqueciéndose ilícitamente a partir de muertos de una guerra, es algo que como sociedad no debemos tolerar, pero que para la ley no es claro cómo va a evitar. Para finalizar con esta reflexión, quisiera cerrar este punto, haciendo una nueva crítica a la justicia: nunca podremos pensar en una paz duradera mientras un muerto siga valiendo dinero. En adición, recibir una compensación monetaria pareciera la forma más sencilla de silenciar una sociedad, y sin que los victimarios sean sometidos a la justicia, no se garantiza el principio de no repetición.
Por último invito al lector a hacer una evaluación de costo beneficio desde dos aspectos: el desarrollo económico y el proyecto colectivo de justicia. En cuanto al primero, cuarenta billones de pesos en diez años pueden ser invertidos en propósitos económicos, que son más relevantes para alcanzar la paz más, que repartir dinero sin ningún control. Hago una pregunta abierta: ¿qué es mejor para un campesino pobre víctima de la violencia, diez millones de pesos, o una carretera digna, préstamos, apoyos y subsidios a su actividad productiva, asesoría para exportar, puertos y aeropuertos dignos, mejora de las carreteras, reducción de los costos de los fletes, presencia permanente del ejército y bancarización, entre otras? El dinero que se está gastando con fines populistas podría servir más a la paz invirtiendo en las estructuras de competitividad que de esta forma, en la cual sólo ayuda a aumentar los ingresos de Bavaria y las licoreras locales.
El segundo aspecto, es que este dinero que se usa para silenciar a las víctimas podría invertirse en el fortalecimiento de la Fiscalía, el CTI, el DAS, y demás organismos de investigación. Esto garantiza un estado fuerte que recupere el monopolio de la administración de justicia, dentro del cual todos los ciudadanos se rindan a él, con el fin de asegurar el principio de no repetición. Pero esto hace parte de una idea de justicia en la cual sea el ciudadano el protegido y no el criminal, como por estos días nos muestra la Corte Suprema de Justicia. Esta ley es el camino fácil más caro que encontraron para no solucionar el problema de fondo de Colombia: las personas no sienten confianza en el aparato judicial, porque éste con sus actuaciones genera más violencia que la que evita. Sin embargo, sí permitirá a los políticos más cercanos al proceso convertirlo en una incontable fuente de votos.
Increíble: toda una estructura tributaria regresiva va a poner a los más pobres a pagar por el daño que han hecho los terroristas, mientras se fragua su perdón y su ingreso a las ramas del poder público, para terminar dando cátedras sobre derechos humanos, cuyas agresiones todos terminamos pagando haciendo que al final la vida humana en Colombia valga incluso menos de lo que ya vale, de tal suerte que en Colombia las etiquetas de los muertos en las morgues no van a tener su nombre, sino un “vale por diez millones de pesos”.
Fuente: http://atrabilioso.blogspot.com/
Según declaraciones de algunos de los ministros, el costo podría encontrarse alrededor de los cuarenta billones de pesos, mientras algunas voces más críticas afirman que podría incluso llegar a los cien. Este proyecto de ley, era rechazado por la administración de Álvaro Uribe, sin embargo Juan Manuel Santos, de quien se esperaba mantuviera los preceptos democráticos que lo llevaron al poder, utilizó este proyecto como el más claro símbolo de la ruptura con todo lo que promovió en su campaña. No obstante, este artículo quiere hacer énfasis en el costo de oportunidad en el que la sociedad colombiana está incurriendo en una ley cuyo trasfondo ideológico no es claro.
Quisiera iniciar la discusión reflexionando sobre los alcances del criterio de reparación económica. Colombia ha vivido inmersa en una extensa lucha contra el terrorismo, que ha costado cientos de vidas y ha cobrado un enorme precio en términos de desarrollo y productividad. Los costos humanos son inconmensurables: el secuestro, la muerte, las familias destruidas, las vidas arruinadas..., entre otras miles de tragedias anónimas que nunca se sabrán, todas producidas por la locura del narcotráfico ideologizado con teorías retrogradas de tiranías de los años sesenta. Si bien es claro que la única forma de reparación mensurable que la más fría corriente del utilitarismo (alejada de la intención de John Stuart Mill) encontró para reparar a las víctimas del conflicto es una compensación monetaria, existen importantes reparos éticos.
En primer lugar, se está convirtiendo a los muertos de la guerra en Colombia en cheques al portador; es decir que la barbarie se esta convirtiendo en moneda transaccional, lo cual deshumaniza aún más un proceso que ya de por sí era el más inhumano de todos (el de reacomodar una familia después de sufrir los horrores de la guerra). En segundo lugar, una reparación de este tipo significa que todos como sociedad debemos pagar por los crímenes de los grupos armados al margen de la ley, es decir, todo lo contrario al ideal de justicia. De igual forma, es éticamente reprochable de cara a lo que se fragua en palacio, que toda la sociedad deba asumir con su dinero el costo de la reparación, mientras que en el mediano plazo se busca dar indulto político a los terroristas, es decir: el terrorismo asesina, secuestra y horroriza, la sociedad paga la reparación, y el victimario termina con una curul en el Senado dictando clases de moral. Por último, existe un reparo en el sentido de que no obligar a los grupos armados, bien sea por un acuerdo o mediante la extinción de dominio, a reparar a sus víctimas, termina protegiendo su patrimonio en un eventual post conflicto, en detrimento del patrimonio colectivo de la nación.
Discutido el tema de la reparación, quisiera hacer una reflexión subsecuente. Para todos los programas de asistencia del Estado existe una dicotomía. Selección o cobertura. Significa que entre más estricto sea el proceso de selección, más costoso será y se podrá repartir menos dinero. Sin embargo, entre más laxo sea el proceso de selección, existe mayor riesgo de que personas que no cumplan con las características ingresen a la ayuda. Este punto es especialmente peligroso en el tema de la ley de víctimas, en la medida en que según el texto solo se exigirá una prueba sumaria y se presumirá la buena fe de los solicitantes:
ARTÍCULO 2.- PRINCIPIO DE BUENA FE. El Estado presumirá la buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. Para los efectos de la indemnización por vía administrativa, se solicitará prueba sumaria que permita inferir su calidad de tal.
Quiero advertir un riesgo a los lectores. ¿Quién nos va a garantizar de cara a esta ley que un miembro de un grupo terrorista (cualquiera que sea) no pedirá reparación, y el dinero que le están exigiendo a la sociedad no termine financiando al terrorismo? Considero que como está diseñada la ley y con el interés político que tiene atado, el costo de una mala selección es mucho mayor que un simple riesgo moral. Es decir, para un país acostumbrado a ver cómo se transforma la ley para beneficio de uno u otro, el impacto de ver personas enriqueciéndose ilícitamente a partir de muertos de una guerra, es algo que como sociedad no debemos tolerar, pero que para la ley no es claro cómo va a evitar. Para finalizar con esta reflexión, quisiera cerrar este punto, haciendo una nueva crítica a la justicia: nunca podremos pensar en una paz duradera mientras un muerto siga valiendo dinero. En adición, recibir una compensación monetaria pareciera la forma más sencilla de silenciar una sociedad, y sin que los victimarios sean sometidos a la justicia, no se garantiza el principio de no repetición.
Por último invito al lector a hacer una evaluación de costo beneficio desde dos aspectos: el desarrollo económico y el proyecto colectivo de justicia. En cuanto al primero, cuarenta billones de pesos en diez años pueden ser invertidos en propósitos económicos, que son más relevantes para alcanzar la paz más, que repartir dinero sin ningún control. Hago una pregunta abierta: ¿qué es mejor para un campesino pobre víctima de la violencia, diez millones de pesos, o una carretera digna, préstamos, apoyos y subsidios a su actividad productiva, asesoría para exportar, puertos y aeropuertos dignos, mejora de las carreteras, reducción de los costos de los fletes, presencia permanente del ejército y bancarización, entre otras? El dinero que se está gastando con fines populistas podría servir más a la paz invirtiendo en las estructuras de competitividad que de esta forma, en la cual sólo ayuda a aumentar los ingresos de Bavaria y las licoreras locales.
El segundo aspecto, es que este dinero que se usa para silenciar a las víctimas podría invertirse en el fortalecimiento de la Fiscalía, el CTI, el DAS, y demás organismos de investigación. Esto garantiza un estado fuerte que recupere el monopolio de la administración de justicia, dentro del cual todos los ciudadanos se rindan a él, con el fin de asegurar el principio de no repetición. Pero esto hace parte de una idea de justicia en la cual sea el ciudadano el protegido y no el criminal, como por estos días nos muestra la Corte Suprema de Justicia. Esta ley es el camino fácil más caro que encontraron para no solucionar el problema de fondo de Colombia: las personas no sienten confianza en el aparato judicial, porque éste con sus actuaciones genera más violencia que la que evita. Sin embargo, sí permitirá a los políticos más cercanos al proceso convertirlo en una incontable fuente de votos.
Increíble: toda una estructura tributaria regresiva va a poner a los más pobres a pagar por el daño que han hecho los terroristas, mientras se fragua su perdón y su ingreso a las ramas del poder público, para terminar dando cátedras sobre derechos humanos, cuyas agresiones todos terminamos pagando haciendo que al final la vida humana en Colombia valga incluso menos de lo que ya vale, de tal suerte que en Colombia las etiquetas de los muertos en las morgues no van a tener su nombre, sino un “vale por diez millones de pesos”.
Fuente: http://atrabilioso.blogspot.com/
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