Doble estándar

El Estado de derecho se derrumba definitivamente cuando la Justicia toma partido. Si el ciudadano pierde la certeza de ser juzgado imparcialmente bajo reglas establecidas, éste recurre a la ilegitimidad para hacer valer sus derechos o a la fuga como lo hizo la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia le acaba de dar la razón a la doctora Hurtado. Su fallo en el caso de Wilson Borja de declarar ilegales las pruebas del computador de ‘Raúl Reyes’ es como para salir corriendo si se es de derecha o de reírse de la felicidad si se es de izquierda.

Se supone que la decisión de la Corte tiene como fondo las garantías y el derecho a la defensa. Que está bien por más que se guste o no del personaje beneficiado. Pero cuando para unos casos sí existen esas garantías, pero para otros no, queda en evidencia la ideologización o politización del aparato judicial. Fenómeno que poco a poco corroe a nuestra Justicia y que va a llevar a la destrucción del Estado de derecho.

Al analizar varios casos de los parlamentarios condenados por parapolítica, miembros del gobierno en igual situación o ex militares que defendieron la institucionalidad (Uscátegui, Plazas y Arias Cabrales) muchas de las pruebas presentadas por la Fiscalía General y avaladas por jueces y la misma Corte Suprema tienen, por decir lo mínimo, una solidez dudosa no sólo en la manera como se recopilaron, sino en el análisis mínimo de la veracidad de éstas. Pero como son militares, funcionarios del anterior gobierno o parlamentarios afectos a la administración Uribe son culpables de antemano y tienen que demostrar, contrario al derecho, su inocencia. Muchas de las evidencias, si existiera una Justicia imparcial, no aguantan el más mínimo análisis.
En la condena del ex gobernador del Casanare, que no era un ejemplo de probidad, la Corte Constitucional declaro ilegal una grabación que constituía la prueba reina del proceso. Sin embargo, la sentencia quedó en firme y una grabación ilegal fue legitimada por la misma Corte que esta semana decidió lo contrario. ¿Doble estándar? Sin duda.

Además, la Corte se contradice. Si avala la operación contra ‘Raúl Reyes’ y dice que fue un acto de legítima defensa, no se entiende cómo no avala la pruebas recopiladas durante ésta. Con la decisión, los computadoras del ‘Mono Jojoy’ no sirven para nada. Y si las Fuerzas Militares encuentran evidencia en un combate les toca dejarla botada tras esta decisión de la Corte.
No seamos ingenuos, la decisión tiene un trasfondo político. La operación Fénix era una operación del gobierno Uribe, por lo tanto era ilegítima. Las excusas expuestas hasta ahora de cadena de custodia y cooperación internacional son argumentos traídos del cabello. ¿En cuántos casos de la parapolítica las evidencias de Ipods, filtraciones, testimonios y computadoras recogidos con mucho menos cuidado del de esta operación fueron rechazados como sustento probatorio? En ninguno. Si es evidencia o testimonio contra cualquier cosa que tenga el más mínimo tinte de Uribe, se da como válida.

En esas estamos. Hay garantías para los que estuvieron contra Uribe. Si es el caso contrario, se invierte la carga de la prueba y el Estado no tiene que demostrar la culpabilidad. Para unos se acabó con la presunción de inocencia.

Así, poco a poco, la Justicia se lleva por delante el Estado de derecho. ¿Hasta cuándo?

Fuente: El Pais.com.co