Fallos y fallas

¿Por qué sí es posible aceptar como cierto lo que dicen los paramilitares y los delincuentes comunes, mientras se desconoce la legitimidad de documentos recaudados con cuidado, así sea en el exterior y sin que intervengan los gobiernos del país donde se recogen? ¿Hasta cuándo los fallos de la Corte Suprema y de otros jueces seguirán siendo políticos?

Las dudas que deja la decisión de la Corte sobre la posible vinculación del ex congresista Wilson Borja con las Farc son enormes. Quizás no haya existido una decisión judicial con tanta capacidad de dividir la opinión pública. Y no es asunto de perseguir al señor Borja por sus ideas, sino de ser objetivos al analizar los resultados de la actuación de la Fuerza Pública en contra del terrorismo.

En los últimos tiempos, algunas actuaciones de la Corte son una infortunada colección de bandazos. Desde declaraciones de uno de sus presidentes que expresó de manera arrogante su intención de implantar el gobierno de los jueces, hasta las maniobras para negarse a nombrar el Fiscal General de la Nación mientras no terminara el gobierno de Álvaro Uribe, lo que han recibido los colombianos son intentos claros del afán de interpretar la Ley con propósitos políticos.

Y no se trata de negar los errores cometidos por el gobierno de Uribe cuando planteó un enfrentamiento absurdo con los Magistrados del que salieron hechos que deben ser condenados. Lo que sucede es que este país lleva mucho tiempo haciendo su gran esfuerzo por recuperarse del imperio de la amenaza armada y del chantaje de la violencia. Y ya no puede seguir pendiente de que un fallo, distante y en apariencia académico, abra la puerta para que muchos de los implicados en las fechorías de las Farc encuentren abrigo en la impunidad, desconociendo la evidencia que se encuentra en los computadores de ‘Raúl Reyes’, uno de los grandes zares del terrorismo mundial. ¿Por qué otros países sí reconocen la validez de las pruebas allí recaudadas?

El asunto está sucediendo a todos los niveles. Hace poco, una juez condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición de varias personas en la toma del Palacio de Justicia. Los hechos ocurrieron hace 25 años, y sus pruebas durmieron el sueño de los justos durante dos décadas. El fallo fue una proclama política que incluyó la insinuación de un vacío de poder y de un posible golpe de Estado.

Nada en el juicio demostró la responsabilidad personal y directa del general Arias en los delitos que le imputaron. Nada demostró su intención de causar daño, el dolo que exige el código penal. Sin embargo salió una sentencia que más parece una proclama escrita por el colectivo de abogados Alvear Restrepo, con el aplauso explicable de los familiares de las víctimas y la ovación de los que encuentran en la Justicia el instrumento para deslegitimar a las autoridades.

Pero los colombianos que creemos en el Estado de Derecho nos preguntamos si actuaciones como las comentadas, llenas de intención política, contribuyen a consolidar nuestra democracia y aclimatar la paz y la convivencia que surge de aplicar recta y cumplida justicia. Y si no nos estamos dejando llevar al despeñadero de las pasiones y los odios que aparecen con frecuencia en algunos fallos, destruyendo la credibilidad de uno de los pilares de la libertad.

Fuente: El Pais.com.co