El pronunciamiento de HRF se basa en un informe jurídico presentado hoy que determina que la detención preventiva de Alejandro Peña Esclusa, quien padece cáncer de próstata, es arbitraria porque con ella el Estado venezolano incumple su obligación de garantizarle el acceso a una asistencia médica adecuada.
EL UNIVERSAL
miércoles 20 de julio de 2011
05:44 PM
Caracas.- Human Rights Foundation (HRF) celebra la emisión de una boleta de excarcelación dirigida al cese de la detención preventiva del político venezolano Alejandro Peña Esclusa.
El pronunciamiento de HRF se basa en un informe jurídico presentado hoy que determina que la detención preventiva de Alejandro Peña Esclusa, quien padece cáncer de próstata, es arbitraria porque con ella el Estado venezolano incumple su obligación de garantizarle el acceso a una asistencia médica adecuada.
"Celebramos la decisión de la jueza Avilés de que cese la detención preventiva arbitraria contra Alejandro Peña Esclusa", dijo Thor Halvorssen Mendoza, presidente de HRF. "Se trata de un opositor acusado por la policía política de participar de una conspiración que supuestamente incluía guardar explosivos de altísima potencia en varios lugares de la pequeña casa en la que vivía junto a su esposa y sus dos niñas. Es un caso tan extravagante que muchas organizaciones de derechos humanos en Venezuela y parlamentarios en Latinoamérica consideran que se trata de un montaje y ya lo han declarado un preso político de Hugo Chávez", explicó Halvorssen Mendoza.
Esta mañana, la Jueza Vigésima Segunda de Primera Instancia en Funciones de Juicio, Dorothy Avilés Mauquerno, emitió una boleta de excarcelación en favor de Alejandro Peña Esclusa para que sea juzgado en libertad. En abril de 2010, Alejandro Peña Esclusa fue diagnosticado con cáncer de próstata. El 11 de junio, en el Hospital de Clínicas Caracas se le realizó una intervención quirúrgica para remover la glándula prostática. El 12 de julio de 2010, un mes después de la intervención y apenas tres días de habérsele retirado la sonda uretral, Peña Esclusa fue detenido y trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
La detención de Peña Esclusa se produjo como producto del allanamiento de su domicilio, donde, según la Fiscalía venezolana, se encontró material explosivo. Seguidamente, Peña Esclusa fue acusado de los delitos de tráfico de armas y asociación para delinquir. No obstante, la esposa de Peña Esclusa, Indira Ramírez, quien estuvo presente durante el allanamiento, denunció que los funcionarios del SEBIN "sembraron explosivos en el corredor, frente a la cocina, y en el escritorio de mi hija que tiene 8 años de edad". En esa misma línea, el propio Peña Esclusa ha denunciado que el proceso en su contra es una farsa orquestada por el gobierno para neutralizar su labor como opositor político.
La situación de Alejandro Peña Esclusa ha generado también la preocupación de representantes de la Iglesia Católica en Venezuela, de parlamentarios bolivianos, de un ex presidente uruguayo, de la Cámara de Diputados de Paraguay, de la recientemente creada Alianza Parlamentaria Democrática de América, y de la Cámara de Diputados de Chile.
En la actualidad, HRF continúa investigando en detalle el expediente judicial del caso de Alejandro Peña Esclusa para considerar su situación como la de un posible "prisionero de conciencia". La declaratoria de "prisionero de conciencia” a cargo de HRF, es siempre consecuencia de un informe jurídico exhaustivo dirigido a determinar con exactitud si el caso en cuestión corresponde a una víctima perseguida y encarcelada únicamente por haber ejercido sus derechos humanos a la libertad de expresión o libertad de asociación.
Fuente: El Universal
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