El informe anual del Departamento de Estado identifica a los países de la región que son "ejemplos de represión a la sociedad civil". Se destacan los progresos en Colombia
La secretaria de Estado Hillary Clinton señaló a Venezuela en conferencia de prensa como uno de los principales ejemplos en una tendencia global de países que reprimen a la sociedad civil.
Clinton acusó al Gobierno venezolano de usar a los jueces para intimidar a personas y organizaciones disidentes, incluyendo a manifestantes pacíficos, periodistas, a una jueza, miembros de partidos políticos opositores, organizaciones no gubernamentales, dirigentes sindicales y empresariales y ciudadanos comunes.
Denunció que un paquete de leyes aprobadas en diciembre por la Asamblea Nacional "debilitó aún más los principios y costumbres democráticas", incluyendo una ley habilitante que permite al presidente Hugo Chávez gobernar vía decreto durante 18 meses "violando los principios compartidos de la Carta Democrática Interamericana".
Sobre Cuba, el departamento de Estado mencionó la liberación de más de 40 presos políticos cubanos, pero denunció que el Gobierno de la isla mantiene a otras "docenas" de prisioneros políticos —sin dar una cifra exacta— y que suprime derechos fundamentales como libertad de expresión, de prensa, de reunión y de religión.
Señaló un marcado incremento en las detenciones de corta duración a disidentes y la organización gubernamental de concentraciones masivas para acosar e insultar a activistas y sus familias, especialmente a las Damas de Blanco, y que en casos extremos causaron daños a sus viviendas o propiedades.
El informe también incluyó una crítica a Nicaragua, cuyo Gobierno negó el derecho de reunión a manifestantes de partidos políticos opositores e impidió a organizaciones no gubernamentales monitorear elecciones regionales rodeadas de denuncias sobre irregularidades.
Además, sus autoridades continuaron criticando a líderes religiosos críticos de "prácticas gubernamentales que afectaron la participación pública y las libertades democráticas".
El Consejo Supremo Electoral aceptó la candidatura del presidente Daniel Ortega para su reelección en los comicios del 5 de noviembre, pese a solicitudes de partidos opositores para anular su postulación.
El documento reseñó que en Honduras se registró un aumento de asesinatos sin resolver y citó el hecho como uno de los principales ejemplos de una tendencia mundial de discriminación e intimidación según la orientación e identidad sexual de las personas.
Sobre Argentina, el informe destaca el abuso en el que incurren miembros de la fuerza policial además de atribuir al país otra serie de problemas, como la corrupción de funcionarios, la violencia contra las mujeres, el abuso de menores y el tráfico de personas para la explotación laboral y sexual.
Además, el informe hace mención al caso "Apablaza", cuando a finales de septiembre la Comisión Nacional de Refugiados concedido el estatuto de refugiado a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, un ex líder guerrillero chileno y cónyuge de una funcionaria del gobierno argentino. Sobre él pesaba una solicitud de extradición de Chile en relación con el asesinato de 1991 del senador chileno Jaime Guzmán Errázuriz y el secuestro de Christian Edwards.
El único país latinoamericano que recibió un reconocimiento fue Colombia, donde según el documento, que evalúa a 194 naciones del orbe, pese a las continuas amenazas contra defensores de derechos humanos y sindicalistas en Colombia, se redujo la cantidad de ejecuciones extrajudiciales entre 2008 y 2009, y varios oficiales militares de alto rango resultaron convictos por crímenes contra los derechos humanos en ese país.
El informe elogió las iniciativas del presidente Juan Manuel Santos de acercarse a la sociedad civil, de incrementar las penas a las agresiones contra defensores de derechos humanos y de establecer un programa para restituir tierras a los desplazados por grupos armados.
La publicación del informe ocurrió un día después de que Santos acordara con el presidente Barack Obama de adoptar 18 medidas para proteger los derechos laborales y combatir la impunidad que rodea a las agresiones contra sindicalistas colombianos, como paso previo para que la Casa Blanca gestione ante el Congreso la aprobación de un tratado de libre comercio estancado desde 2006.
Fuente: Infobae.com
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