La situación de personal en la Fuerza Armada Nacional es de verdadera emergencia, no sólo por los que se van de baja, sino por la calidad de vida

En la FAN la situación de personal es de los temas más preocupantes para Hugo Chávez. La realidad en números es la siguiente: El contingente de Enero 2010 no alcanzó un 33% del llamamiento, lo cual deja a las unidades de los diferentes componentes en un estado de inoperatividad por recurso humano igual al 37%. Unido a ello, el contingente que se licenció en abril del 2010, sirvió para demostrar los niveles de compromiso, del total ingresado en mayo del 2008. Los porcentajes de la dirección de personal del Ministerio de la Defensa, arroja como resultado que se licenciaron (tiempo cumplido de servicio) sólo el 36% de los ingresados, 5% reengancharon en las filas militares (como sargentos de tropa, alumnos y cadetes de las escuelas militares), con especial atención a que de ese 5%, el 70% se reincorporó a la GN, 14% a la Aviación, 10% al Ejército y 6% a la Armada y el resto del 59% no se licenció puesto que estaban en situación de deserción, baja psicológica o en procesos judiciales. La mayoría de ingresos se registra en personas con antecedentes penales, antecedentes de violencia doméstica, problemas de conducta o de drogas, lo cual convierte a los cuarteles en correccionales o centros de rehabilitación más que en unidades de combate. Las razones que privan para las bajas son la condición salarial, inestabilidad en cargos, ausencia de políticas en materia de desarrollo social, precariedad del sistema de salud y pocos beneficios que disminuyen la calidad de vida de los profesionales. Como consecuencia de ello, muchos militares optaron por diferentes vías para aumentar sus ingresos en el área personal; por el lado de los medios legales es común observar a los profesionales militares en la venta de productos como HERBALIFE, ventas por catálogo, ventas de productos importados con dólares provenientes del mercado negro, prestamistas, asesores de tesis o elaboración de trabajos para aquellos que se encuentran en los cursos de formación para la transición de SOPC a oficiales Técnicos. Desde el punto de vista ilegal, se han incrementado las situaciones de extorsión, “matraqueo”, gestión de documentos, lobbysmo ante instancias gubernamentales, participación en cooperativas y empresas con nombres de terceros. Existen los casos más críticos como aquellos que se desempeñan como agentes de “inteligencia” y se encargan de “sapear” a los compañeros institucionales o incómodos para ascensos a fin de obtener privilegios, ser transferidos a la administración pública o los que simplemente se apegan a la comisión de delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión o lavado de dinero proveniente de hechos dolosos. Existe un tercer grupo que son los “Aliados del Poder Nacional”, conformado por aquellos que participaron en el golpe del 4F y 27N, o quienes han surgido junto a estos y que ya pasan de 4 años en comisión de servicio en la administración pública y que no se devuelven al componente por haberse hechos imprescindibles para el “Jefe” (comandante presidente o sus íntimos). Estos han hecho y amasado fortunas a través de terceros, reciben viáticos en dólares que no son reportados a CADIVI, hacen uso de vehículos oficiales asignados, celulares corporativos y gozan de una “bonificación especial” por su trabajo para el gobierno y su lealtad. Entre ellos están los que se encuentran en la Casa Militar y en los ministerios (Alberto Barroso, Giral Michelangeli, Lujan Tovar, Rotondaro Cova, Erling Rojas Castillo, Coronado Patiño, Félix Osorio), quienes a su vez tienen bajo su protección un grupo de capitanes y tenientes que sirven de secretarios personales, jefes de división, gerencias, etc., y de igual manera, quienes realizan negocios con empresas de militares retirados de su promoción, dejando todo en una casta mililitar que “cobra y se da el vuelto” y cuyos dividendos reposan en bancos en Panamá, el Caribe y otros paraísos fiscales como Argentina, Bolivia y Ecuador. Entran también en este grupo los miembros de la Casa Militar que llevan 10 años bajo la protección del Presidente, como el caso del capitán Morales y su grupo de tenientes y capitanes que componen el círculo cerrado de protección presidencial y que ostentan ingresos cuantiosos producto de los viáticos recibidos en moneda extranjera en las giras presidenciales, pero que nunca cumplen con la normativa cambiaria, además del uso de vehículos de Miraflores y teléfonos asignados al entorno presidencial. Son ellos quienes usan las millonarias partidas de alimentos y vestido de Miraflores y quienes se benefician quedando el sueldo intacto, más los bonos por riesgo y lealtad de que son objeto en la Presidencia y la Secretaría de la Presidencia.

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