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miércoles, 24 de agosto de 2011

Juan Fernández - La perjudicial reubicación de las reservas




Cuando la economía mundial está pasando por un momento de incertidumbre, con alta posibilidad de una recesión económica global y una alta volatilidad en el precio de commodities como el petróleo, Venezuela se dispone a una masiva operación financiera que pone en evidencia todas sus debilidades en ese campo.

La operación consiste en mudar sus reservas internacionales para ponerlas fuera del alcance de la vigilancia internacional. Para dar una idea de la magnitud de la movilización de activos, veamos que, según el punto de cuenta BCV No 142-11, las reservas en oro del Estado venezolano para principios de agosto 2011 equivalen a 18.3 mil millones de dólares, de los cuales 11 mil millones se encuentran en el exterior distribuidos en tres países: Inglaterra con 83% del total en el exterior, EE.UU. con 9%, Suiza con 5% y Canadá con 3%. En custodia del BCV hay 7.3 mil millones de dólares en oro. Por otro lado, las reservas operativas son equivalentes a 6.3 mil millones de dólares distribuidas en tres monedas: 67.7% en dólares americanos y 32.3% en euros y libras esterlinas.

La justificación de la propuesta llevada al Presidente por sus ejecutores Giordani y Merentes para la transferencia de las reservas, es que al usar Venezuela el dólar americano como su moneda de pago, para realizar depósitos u operaciones en dólares en cualquier banco del mundo, estas operaciones serán conocidas por la Reserva Federal de los EE.UU.

La misma propuesta reconoce que la transferencia de las reservas operativas a los llamados “países aliados”, violenta la metodología del BCV sobre los países que están calificados para ser receptores de los fondos que garantizan en la comunidad internacional la solvencia del país, lo cual representaría un daño al patrimonio del país porque dañaría su crédito, y hasta podría colidir con leyes como la de Salvaguarda del Patrimonio Público.

A pesar de estas observaciones registradas en el texto de la propuesta, todo indica que el gobierno venezolano se dispone a reubicar sus reservas internacionales –las operativas en los llamados “países aliados” y las no operativas, como el oro, las transferirá en su totalidad al BCV. Cualquier analista consideraría que estas medidas en una coyuntura como la actual, reflejan la crisis que vive el país y el mal manejo de sus recursos.

Un primer indicador de la crisis es el propio monto de las reservas internacionales, las cuales en el 2008 alcanzaron 42.3 mil millones de dólares -el nivel más alto desde 2005, resultado de un precio petrolero de 86.50 US$­/bbl- y para agosto de este año ya han bajado a 29.1 mil millones a pesar de un mayor precio del petróleo, 99.3 US$/bbl. hasta julio. Esta disminución de 13.2 mil millones de dólares revela el descenso de los ingresos petroleros debido a la baja de la producción, causada a su vez por el deterioro técnico de PDVSA.

De completarse esta medida de reubicación, los perjuicios serían importantes. En primer lugar el aumento del riesgo-país. Transferir las reservas a “países aliados” como Rusia, China y Brasil sin descartar a Cuba, implica la conversión en moneda de esos países. Esto trae como consecuencia un aumento del riesgo que se traduce en un aumento del costo del dinero (tasa de interés) que Venezuela ahora mismo está tomando en préstamo.

Hay preguntas inevitables. ¿Cómo se justifica una cesta de reservas en yuanes, rublos, reales y pesos cubanos? ¿Qué proveedores-suplidores aceptarán como moneda de pago la de esos “países aliados”? ¿Correrá el BCV con los costos de las posibles devaluaciones que están sufriendo esas monedas?

La medida se relaciona con los temores de incumplimiento en las deudas que Venezuela tiene con Rusia, China y Brasil. Estos países habrían hecho la exigencia adicional de que se coloquen en ellos las reservas venezolanas, para tenerlas a mano en caso de incumplimiento.

Un aspecto sensible se deriva de que países como China y la India tienen dificultades para hacer pagos en dólares y euros a Irán por sus compras de petróleo, debido al esquema de sanciones impuestas a Irán en EE.UU., la Unión Europea y las resoluciones de Naciones Unidas. China busca un mecanismo de trueque para cumplir estos pagos a Irán. Tampoco la India ha encontrado una vía para hacer esos pagos. Se abre entonces la suspicacia de si el gobierno venezolano, ante la amenaza de nuevas sanciones por hacer negocios con Irán, está tomando caminos que le permitan hacerlos fuera de la vigilancia internacional.

La comunidad internacional vigila las relaciones de Venezuela con países como Libia y Siria, cuyas operaciones comerciales son restringidas dentro de las sanciones que se les han impuesto. Dada la amistad manifiesta de Chávez hacia esos regímenes, se podría pensar que la adopción de monedas distintas del dólar y el euro pudiera facilitar la evasión de controles aplicados para asegurar el cumplimiento de las sanciones contra esos gobiernos.

En la actualidad hay hasta 18 demandas bajo procedimientos de arbitraje, con reclamos de compensación económica por los incumplimientos contractuales y expropiaciones ejecutadas por Venezuela contra empresas extranjeras que operaron en su territorio. El gobierno venezolano anticipa decisiones desfavorables en estos juicios, en especial los llevados a cabo por Exxon-Mobil y Conoco-Phillips, en los cuales la suma a pagar por Venezuela se ha llegado a estimar en más de 25 mil millones de dólares. Con la reubicación de las reservas se estaría tratando de evitar medidas similares a las de un embargo a favor de los demandantes.

Por supuesto, no serán estas las razones que expondrán los voceros oficiales, cuya argumentación económico-financiera no puede ser consistente cuando evidentemente se trata de una decisión de índole política. Como suele ocurrir en estos casos, la soberanía se verá severamente afectada justo cuando se pregona la intención de preservarla.

juanafernandezg@msn.com

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