(Foto El Nacional)
(Foto Notitarde)
Neidy Rosal y Aura Montero, diputadas de la fracción de Proyecto Venezuela ante el Consejo Legislativo del estado Carabobo (Clec), presentaron este martes documentos y fotos donde “demuestran” la existencia de al menos 160 mil toneladas de comida descompuesta de Pdval, que estaría siendo incinerada y enterrada en terrenos militares en Puerto Cabello. Se trata de 30 mil toneladas más de las denunciadas en 2010, informa Notitarde.
Minutos después de introducir la denuncia en la Fiscalía en Carabobo -donde quedó registrada con el número 6989- Rosal y Montero, en compañía de la legisladora Karelly Lizarraga, jefe de fracción de Prove y la diputada a la Asamblea Nacional, Deyalitza Aray, ofrecieron la rueda de prensa donde explicaron que se trataría de nueva comida dañada, ya que en la última denuncia sobre los contenedores en Puerto Cabello, hecha hace más de un año, se trataba solo de 130 mil toneladas, y en esta oportunidad son 160 mil. “Sabemos además que buena parte de la del año pasado ya fue incinerada en otros lugares”, agregaron.
(Foto Notitarde)
Leche, aceite, carne, pollo, caraotas y arroz, habrían sufrido las consecuencias de las deficientes condiciones del puerto de Puerto Cabello, el cual, según la legisladora Aura Montero, no tiene plantas eléctricas y por ende, no existen condiciones de refrigeración cuando ocurren los constantes apagones en esta zona del estado.
Rosal detalló que se trata de 109 millones 340 mil kilos de leche y unos 50 millones 568 mil 100 litros de aceite, los cuales junto a caraotas y arroz están siendo enterrados sin las condiciones mínimas requeridas en los terrenos de la División de Almacenamiento para el Control de Químicos y Explosivos Región Central (Diacoquerce), ubicada a un lado de la urbanización Los Lanceros en Puerto Cabello.
Tras recordar que “de cada pote de leche salen 8 teteros, imagínense ustedes cuántos habrían salido de aquí”, comentó que la leche se encontraba en 3.905 contenedores mientras que el aceite fue hallado en mil 806 contenedores.
Entre tanto, en el mismo lugar, de acuerdo a la legisladora, quien aseguró haber recibido constantes denuncias de habitantes del sector, por las noches estarían incinerando el pollo y la carne, lo cual según Montero, está ocasionando severos problemas de salud.
“Son más de 160 millones de kilos de comida, el año pasado eran 130 millones, pudiera haber del año pasado y de este año”, precisó Rosal, quien sostuvo que “bajo ningún concepto permitiremos que conviertan a Puerto Cabello en un cementerio de comida podrida”.
Instrucción vendría del Ministro de Alimentación
En la rueda de prensa, Rosal presentó la documentación en la que se evidencia que la instrucción viene del ministro de Alimentación, Carlos Osorio, tras una reunión entre autoridades de Diacoquerce, Pdval, y una empresa de construcción.
En uno de los documentos consignados en Fiscalía, identificado y sellado por el Despacho del Viceministro de Servicios del Ministerio del Poder Popular Para la Defensa, identificado como “minuta 002-11-10″ se hace el resumen de una reunión convocada por el General de Brigada Julio César Morales Prieto, director general de Armas y Explosivos, donde se acordó la recepción de contenedores de alimentos, almacenamiento de los mismos, despacho para la destrucción del material de productos no conformes, operación de destrucción del material, recepción de contenedores vacíos en el patio número uno, el lavado de los mismos y almacenamiento y entrega de los contenedores lavados.
Este documento fechado el 3 de noviembre de 2010, contempla una duración de 90 días continuos, no obstante, desde entonces han transcurrido más de 9 meses y el procedimiento se continuaría realizando.
El documento lo suscriben el Director General de Armas y Explosivos, mencionado anteriormente; el jefe de Diacoquerce, Teniente Coronel José Abigail Jaspe Castellanos; el administrador representante de Pdval, Gustavo Silva y el gerente general de Fiherre Construcción -quien habría ejecutado el trabajo-, Abraham Vidal.
Destrucción mil millonaria Rosal explicó que de acuerdo a la documentación, la mencionada empresa privada solicita al ministro Carlos Osorio la cancelación de una factura correspondiente a los trabajos de construcción de una carretera dentro de Diacoquerce y “la misión encomendada” (según el papel).
El costo, según lo anunciado y demostrado por las legisladoras, fue de 9 mil 437 millones de bolívares fuertes que habría pagado el Ejecutivo Nacional por toda esta destrucción ejecutada por una constructora, y que en efecto, de acuerdo a las gráficas mostradas por las parlamentarias, se hizo en buena parte con el apoyo de grúas y retroexcavadoras, con las que los alimentos eran extraídos de los containers.
Rosal continuó la explicación mencionando que “para esto usan instalaciones militares con el agravante que está al lado de centros poblados sin tomar previsiones. ¿Por qué no estaban allí los fiscales sanitarios? ¿Dónde está el Ministerio de Ambiente? ¡Queremos que responda! ¿Dónde está el Alcalde de Puerto Cabello? ¿Está en conocimiento de esta situación? Si no lo está, entérese de lo que ahí pasa y no permita que esto siga ocurriendo”.
Recordó que existe 50% de desabastecimiento en Mercal y Pdval, y un 25% de aumento en los productos de la cesta básica, “tres salarios mínimos para comprar un mercadito decente y aquí se pierden más de 160 millones de kilos de comida de la cesta básica”.
Entre tanto, Montero se enfocó en el tema ambiental y precisó que el daño que se genera es grave, tras sostener que entre las consecuencias está que “un litro de aceite contamina hasta un millón de litros de agua y todos los lixiviados de este aceite enterrado van a parar al mar porque es una zona costera”.
Sostuvo además que las poblaciones aledañas sufren por la proliferación de plagas, cucarachas y moscas, y que la inadecuada manera de dar disposición final a los alimentos dañados “traerá como consecuencia un daño probablemente irreversible y muchos años costará para que pueda eliminarse de nuestro ambiente”.
Recordó que “veníamos denunciando que hacían quemas indiscriminadas y que no se había hecho el acondicionamiento de una zona adecuada para la disposición final de los alimentos, ahora vemos cómo no se ha hecho la construcción de instalaciones ni mejoras del puerto para impedir que se siga perdiendo la comida”.
El caso será llevado a la comisión de ambiente de la AN
Las pruebas fueron consignadas a la diputada Deyalitza Aray, miembro de la comisión de ambiente de la AN, quien indicó que en este caso convergen varios delitos, como daño ecológico, ambiental y de salud pública. “Aquí se habla de desestabilización y factores externos cuando vemos que son las propias estructuras del Estado las que cometen los más aberrantes delitos contra la población y exigiremos que el Ministro de Alimentación nos dé las explicaciones, porque esa es la lucha que debemos emprender por este país”.
Francisco A. Briceño J/Notitarde
Fuente: La Patilla
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