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viernes, 12 de agosto de 2011

La retórica criminal







12 de agosto de 2011

La retórica criminal

Por Jorge Monroy

En lo que va corrido del gobierno del presidente Santos he visto más correspondencia abierta dirigida a las FARC que en toda mi vida. Está de moda, por razones ya ampliamente descritas; palabras como conflicto,retenidos, capturados, empiezan lentamente a inundar las páginas y las voces de nuestros noticieros y periódicos. Si bien la retórica de la negociación siempre ha sido oscura, la manera antidemocrática en que se está imponiendo en este gobierno le genera un agravante adicional. En este escrito quiero poner en evidencia algunos ejemplos de esta retórica, para que el lector no caiga en la trampa que orquestan el gobierno y los medios.

Antes que nada recordemos brevemente por qué nos oponemos a la negociación política. Para ello citaré una serie de palabras y espero que el lector las asocie con el autor más habitual de los hechos que describen:secuestro, extorsión, trafico de drogas, tráfico de armas, violación continuada de mujeres, uso de violencia sexual como arma de guerra, reclutamiento forzado de menores, inducción obligatoria al aborto, genocidio, uso de armas no convencionales, uso de armas prohibidas, repetidas violaciones a los derechos humanos, violencia sexual contra menores, robo a mano armada, daño a bienes públicos, terrorismo, homicidio agravado, incendio de bienes, incendio de personas, sedición, asesinato de civiles, desaparición forzada, tortura, asesinato en masa de civiles protegidos, mutilaciones, uso de minas antipersonales, uso de minas no convencionales, desplazamiento forzado.

Si todas estas palabras no fueron suficientes, pregunto, ¿usted negociaría con Pablo Escobar o permitiría que el Estado, a nombre suyo, realizara un pacto con Garavito que lo terminara ubicando con una curul en el Senado dictando leyes a favor de los niños? ¿Estaría usted contento si alguien que usted eligió negociara con David Murcia, y este terminara dictando charlas de economía? Si ninguna de estas preguntas lo convencen firmemente, ¿cómo juzgaría usted que algún presidente de Estados Unidos hubiese dialogado con Bin Laden, y este terminase con un escaño en la Cámara Alta? ¿O cómo se sentiría usted si el Estado español hubiese negociado con los autores del 11-M, nombrándolos en el Congreso español? La respuesta es simple, cualquiera de estas opciones es y sería completamente impensable, absurda e irrisoria.

En Colombia, sin embargo, a pesar del prontuario criminal de las FARC, se dirigen cartas a su alto jefe, en los siguientes términos: “Comandante Cano” (Medófilo Medina, "Carta abierta a Alfonso Cano"). En cualquier país digno, esa sola referencia habría bastado para generar el repudio generalizado, o una marcha multitudinaria de rechazo, como las de los españoles contra ETA. Sin embargo, leamos un fragmento:
Me dirijo a usted apoyado en dos razones: La primera es la circunstancia de haberlo conocido personalmente y de haber interactuado como miembros de la Juventud Comunista. Estudiamos en la misma facultad de la Universidad Nacional; es cierto, Usted entraba cuando yo egresaba del pregrado.
Lentamente el lector del medio que lee esta carta queda con la sensación familiar de que conocer a Alfonso Cano es normal entre académicos. Sin embargo, el inicio del señor Medina es todo menos coincidencia. La referencia a la Juventud Comunista (Juco) deja en el subconsciente colectivo la idea de que este es un problema político y no un asunto de estricta política anti criminal nacional.

Podríamos atender a este fragmento de la carta de Piedad Córdoba a las FARC para reforzar la idea:
Conscientes que el conflicto armado colombiano tiene profundas causas sociales, económicas y políticas que serán temas de discusión para su superación definitiva, mientras se genera un ambiente y escenario para el diálogo, queremos invitarles a anunciar igualmente su disposición a la liberación de los restantes miembros de las fuerzas armadas y de policía capturados por ustedes en combate hace varios años.
En primer lugar, la referencia al “conflicto armado” de entrada presupone una idea que ignora criminalmente la lista de crímenes arriba mencionados. Según esta falacia, en Colombia existen dos ideas opuestas disputándose el Estado por las armas. Esto es totalmente falso, en la medida en que en el momento en el cual un ciudadano subvierte el orden legal se convierte automáticamente en un criminal. Sin embargo, según el argumento de Córdoba, no son menos que pensadores en armas.

Revisemos el mismo concepto, ahora en un fragmento de una noticia deSemana:
La ex senadora Piedad Córdoba presentó en la noche del jueves, en compañía de un grupo de reconocidas mujeres latinoamericanas, una carta dirigida a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), en la que los invita a acercar posiciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, algo que pasa por la liberación de todos los secuestrados que tienen en su poder.
Espero que el lector entienda el sutil lenguaje en el cual se les vende a los lectores de la revista que las FARC tienen un problema político. Según esta idea, aquellos que prefieren la “guerra” son trogloditas ansiosos de sangre, y todos aquellos que aman la negociación y el diálogo son seres humanos en una etapa superior de la evolución. Si está tentado a creer que este concepto es correcto, remítase al segundo párrafo de este artículo.

Pero observemos este esperpento publicado por El Heraldo de Barranquilla, y salido de la boca del mismísimo presidente Juan Manuel Santos.
El Presidente Juan Manuel Santos, desde la Plaza de Bolívar, exigió a los grupos armados ilegales liberar a los niños que tienen reclutados en sus filas, como una demostración de que verdaderamente quieren la paz. El mandatario presidencial considera que el reclutamiento de niños para llevarlos a la guerra es una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
Señor lector, por favor, observe cómo en algo que aparentemente es una causa noble se esconde una oscura conjura contra el pueblo colombiano: según el presidente Santos, reclutar niños forzosamente no es un crimen por el cual se deba pagar, sino que bastaría con que Alfonso Cano enviara nuevamente a los infantes a sus casas, si lo hiciera seguramente se consideraría un “gesto de paz”. Señor lector, no se confunda, en cualquier país con dignidad a una persona que recluta menores para armarlos con cualquier fin se la persigue para llevarla ante la justicia; en Colombia, aspiran a darle una curul en el Senado.

La retórica no cesa. En el siguiente ejemplo se cita a un “ferviente uribista” ahora seducido por las mieles de la Unidad Nacional: Roy Barreras. Este otrora defensor recio de la seguridad democrática más de una vez participó en controversias públicas a favor del uso de la fuerza y la imposición del Estado, por no hablar de su casi sospechosa “lamboneria” con Álvaro Uribe.
"Para que Colombia pueda pensar, en el futuro, en una desmovilización de todo colombiano violento, para que ojalá llegue el día en que todos los colombianos vivamos en paz, resulta necesaria la construcción de instrumentos jurídicos novedosos, de un nuevo marco jurídico para la paz", explicó Roy Barreras, presidente de la comisión.
Se puede interpretar este fragmento en dos sentidos: el primero, ¿por qué se anuncia un arreglo en una ley que funcionó perfectamente durante ocho años?; y el segundo: note el lector cómo se habla de que “todo colombiano violento” se desmovilice, es decir, que aquel que golpee mujeres, asesine niños, maltrate animales, ponga bombas, viole mujeres, entre muchos otros esperpentos tiene el derecho a una desmovilización. Señor lector, ¿había leído alguna cosa más absurda? No lo creo.

Veamos otro sencillo ejemplo, esta vez del diario El Colombiano:
Angustia causó entre los familiares de los policías y militares secuestrados por las Farc, la declaración del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de no autorizar a nadie para entablar diálogos con la guerrilla.
Obsérvense nuevamente dos grandes señales: la primera, que la única salida de los secuestrados es una negociación, y la segunda, que el presidente tiene en sus manos la opción de entablar diálogos. Esto implica, más allá del chantaje que este diario impone sobre sus lectores, poner en el subconsciente colectivo la idea de que es mejor hablar y dialogar que imponer la ley legítima.

De igual forma, el uso indiscriminado de la expresión conflicto armado sugiere una postura clara frente a la situación de orden público en Colombia:observemos:
También resultó ser más visionario que su antecesor, gracias a lo cual reemplazó la agenda del conflicto armado por una agenda de reconciliación que a la fecha avanza ya en la reparación de las víctimas de la guerra y la restitución de sus tierras. De seguir por este camino es muy probable que Juan Manuel Santos termine siendo el presidente de la paz, algo que ciertamente le traerá más beneficios a Colombia que un presidente como Uribe, empecinado solo en la guerra.
Según el autor de este articulo, un muerto de hambre de nombre Mauricio de Vengoechea, en Colombia ocurren varias cosas: en primer lugar, existe un “conflicto armado” según el cual dos grupos de personas armadas luchan por imponer sus ideas (de nuevo, regrese al segundo párrafo de este artículo). En segundo lugar, para este personaje los miles de muertos que los grupos terroristas criminales han impuesto sobre los colombianos son una cuestión de agenda, que simplemente pasa por una decisión de Estado muy simple que por culpa de los cavernarios no se tomó en años anteriores. En tercer lugar, la guerra es un invento de la empecinada mente de Álvaro Uribe Vélez.

Mas allá de la indignación que este fragmento le pueda generar al lector, quiero que se dé cuenta de que la retórica lleva a pensar que hacer acuerdos es una cuestión loable y prudente, digna de un “estadista”, ignorando nuevamente el segundo párrafo de este artículo.

Pero volvamos nuevamente a la desafortunada carta del señor Medina:
La segunda razón para esta carta es que he pensado hace mucho sobre la necesidad que objetivamente tendría el ciudadano corriente de conocer la argumentación de las FARC, y de sopesar tanto su visión del país actual como sus propuestas hacia el futuro.
El mismo problema; lentamente el señor Medina inyecta lentamente el veneno del concepto de la “lucha armada”. En el momento en que se dimensiona como “comunista” a las FARC se les da una dimensión política, de la cual carecen en el momento en que salieron del orden legal vigente: quiero decir con esto que según la tesis del conflicto armado Gustavo Petro tiene toda la legitimidad para ocupar cargos públicos, en la medida en que de ser cierto que nunca mató a nadie, admitir la existencia del conflicto absuelve de entrada el crimen de sedición. Pertenecer a una organización terrorista en cualquier país serio es un crimen, y más aún hacer parte de su grupo de propaganda.

Para terminar citemos un fragmento de la carta de Piedad Córdoba, reproducido por los principales medios de comunicación del país:
Consideramos que este nuevo gesto podrá desencadenar compromisos ciertos para la humanización de la situación de los combatientes y de la población civil, y el eventual inicio de un diálogo que propicie una salida política negociada a la larga confrontación que sufre Colombia.
Creo que el punto ha quedado claro: desde de los medios se promueve un lenguaje mediante el cual pretenden dos cosas: la primera, establecer que a partir del concepto de conflicto armado las FARC son un antagonista político con el cual debe dialogarse, olvidando todos los crímenes del segundo párrafo. La segunda cosa, que es una llamada de alerta a los lectores de este artículo, es que cuando esta retórica se desata, es solamente de cara a una negociación venidera. El problema es que si el consenso es que las FARC son un grupo de idealistas en armas, aquellos que nos opongamos a las negociaciones de paz no seremos más que trogloditas y cavernarios.

Es hora de entender la situación. Detrás de la retórica criminal del apaciguamiento y la negociación, que ignora la innumerable lista de crímenes arriba descritos, se esconde un plan aún más oscuro: la criminalización sistemática de todos aquellos que no estemos de acuerdo, y en el nuevo orden nacional que Juan Manuel Santos pretende imponer, antes de entenderlo, nos sentiremos atrapados contra el poder criminalizador de los medios y la horda iracunda.

La invitación: no utilicen la retórica de la negociación; las palabras influyen en el subconsciente colectivo; si algo no está perfectamente caracterizado, recuerde el segundo párrafo, hágase de nuevo las preguntas, y pregúntese cómo podría explicar a sus hijos que alguien por quien usted votó permitió que los criminales tengan la opción de gobernarlos.

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