Los principales líderes del Partido de los Trabajadores en el Congreso Nacional de Brasil aseguraron que van a discutir la creación de cooperativas para el cultivo de marihuana, idea defendida por el líder en la Cámara Paulo Teixeira.
Sin embargo, las voces no se manifiestan unánimes al respecto de la legalización de la droga. El presidente de la Cámara de Diputados, Cândido Vaccarezza (PT), señaló que no está de acuerdo con Teixeira: “Tengo una posición muy diferente, pero vamos a discutir eso en el PT. El diputado tiene fundamentos para la discusión”.
En el Senado, el líder del PT, Humberto Costa, salió en defensa del proyecto: “Apoyo la idea del debate. La legalización sería una manera de combatir el narcotráfico, pero aún no tiene unanimidad". "En teoría, la legalización puede ayudar a combatir la trata, pero las consecuencias deben ser estudiadas”, dijo el ex ministro de Salud del gobierno de Lula.
La legislación brasileña prevé prisión para quien quiera plantar cannabis para vender y penas socioeducativas cuando es para consumo propio, de acuerdo con el diario Folha de San Pablo.
La iniciativa en Uruguay
El partido del presidente José Mujica, el Frente Amplio, aprobará el martes 26 de abril un proyecto de ley para regular el consumo de marihuana.
El mismo fue elaborado en conjunto entre el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Socialista y el Nuevo Espacio (NE).
La iniciativa busca que la plantación, el cultivo y la cosecha de hasta ocho plantas de cannabis por hogar sean permitidos.
La decisión fue considerada dado que esa cantidad de droga será entendida como "destinada al consumo personal, de hasta 25 gramos de marihuana", según se establece en el artículo 3 del proyecto de ley, de acuerdo a lo publicado por el diario uruguayo El País.
De esta forma, las plantaciones para consumo personal serán tenidas en cuenta como "actividad lícita".
Sin embargo, quienes aprovechen esta situación y cultiven marihuana para la producción de sustancias que produzcan dependencia psíquica o física serán condenados con penas de hasta 10 años de prisión.
Asimismo, el Poder Ejecutivo se encargará de brindar “atención y tratamiento a todas las personas con problemas de adicción a las sustancias reguladas en la presente ley, que así lo solicitaren".
Fuente: Infobae.com
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