(Especial ImpactoCNA),- En un hecho que podría calificarse de insólito a la luz de los tratados internacionales suscritos por Costa Rica, el gobierno de Laura Chinchilla habría aceptado la solicitud de la Cancillería venezolana para extraditar al ex oficial de investigación Henry López Sisco. Un tribunal costarricense habría ordenado su detención para luego ser enviado a Venezuela. Algunas de las personas consultadas consideran que el gobierno costarricense habría actuado bajo la presión ejercida por el gobierno de Hugo Chávez a quien teme la administración de Laura Chinchilla. En diferentes oportunidades la Presidenta habría manifestado a sus asesores evitar cualquier confrontación con Hugo Chávez.
López Sisco es acusado en su país de haber participado en lo que la izquierda venezolana dio en llamar como la Masacre de El Amparo, también conocida como la Masacre de La Colorada, suceso acontecido en Venezuela el 29 de octubre de 1988 en el cual mueren algunas personas en los alrededores de la localidad de El Amparo, del estado Apure. López Sisco habría obtenido la condición de Refugiado en Costa Rica pues era evidente que no tendría un juicio imparcial en Venezuela y se había constituido en perseguido de las organizaciones políticas extremistas que respaldan al gobierno de Hugo Chávez.
Al acordar su extradición el gobierno de Costa Rica podría desconocer el tratado suscrito y los principios consagrados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (ACNUR). Este Convenio, en una de sus disposiciones, consagra que un refugiado no puede ser devuelto a un país donde teme ser perseguido. Un refugiado abandona su país por la amenaza de persecución y no puede regresar y gozar de seguridad mientras exista tal amenaza Este tipo de protección de los Derechos Humanos está en línea con el argumento expuesto por la Procuraduría Colombiana aun en el caso extremo del narcotraficante Walli Makled. Este precedente podría afectar la condición de muchos venezolanos que se han acogido a la categoría de refugiados y actualmente viven en Costa Rica. La cuestión que suscita la decisión tomada es la de que si el gobierno de Costa Rica considera que en Venezuela existe un pleno respeto y garantía a los derechos de las personas porque durante el gobierno de Oscar Arias le dio acogida a decenas de venezolanos. ¿Han cambiado esas condiciones durante el gobierno de Laura Chinchilla?
Fuente: ImpactoCNA
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