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miércoles, 22 de junio de 2011

Provea denuncia campaña y amenazas de muerte contra Humberto Prado





ND.- Provea emitió este martes un comunicado donde denuncia los ataques en contra del director de la “Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, luego de sus declaraciones sobre los hechos del Rodeo I y II.

El comunicado menciona que el ataque y las amenazas contra Prado comenzaron con las declaraciones del ministro El Aissami del sábado 18, cuando vinculó al activista de DDHH con grupos de oposición.

“Estas afirmaciones del ministro comenzaron una cadena de señalamientos contra Prado. Una publicación en un blog identificado con el oficialismo reveló sus datos personales, como números telefónicos y dirección de habitación, terminando el post con la leyenda “Próximamente Datos Familiares…. para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”.Y una nota en el portal de Radio Nacional de Venezuela aseguró que “el plan es simple: Humberto Prado maneja las cárceles.

A continuación la nota de prensa de Provea:

Venezuela: Hechos de violencia dentro de cárcel de El Rodeo avivan campaña de criminalización contra defensores de Derechos Humanos

El domingo 12.06.11, siendo día de visita familiar en el Internado Judicial Capital el Rodeo I y el Rodeo II, los cuales albergan 3.3.43 reclusos, se desataron unos hechos de violencia entre la propia comunidad penitenciaria. Según cifras oficiales, el accionar de las armas de fuego produjo un saldo fatal de 21 internos y 1 visitante, así decenas de heridos.

Los hechos motivaron la intervención de más de 3.500 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, quienes intentaron incursionar en el recinto penitenciario para retomar su control. El viernes 17, los enfrentamientos entre ambas partes dejaron un saldo de 2 Guardias Nacionales y 1 recluso fallecido.

Las denuncias de los familiares y la potencia de fuego demostrada por los reclusos obligaron a las autoridades a replantear su estrategia. En medio de un proceso de negociaciones, finalmente la Guardia Nacional pudo retomar parcialmente el control de una parte del recinto penitenciario, conocido como el Rodeo I, desalojando a unos 2000 reclusos. Durante la requisa de ese sector del Centro de Reclusión, las autoridades incautaron: 7 fusiles, 5 escopetas, 20 pistolas, 8 granadas de mano, 45 kilogramos de cocaína, 5.000 cartuchos para fusil, 100 teléfonos celulares, al menos 3 computadoras portátiles y 12 kilogramos de marihuana. Para el martes 21 de junio la situación continuaba siendo incierta, pues alrededor de 1000 reclusos se encontraban apertrechados en el sector “La Torre” con armamento de guerra, que según fuentes ligadas al Ministerio de Interior y Justicia incluía una ametralladora .50 (equipo portátil con trípode, capaz de destruir un tanque, según expertos), R-15, AK 47, rifles y pistolas 9 mm. Las autoridades sólo han divulgado una lista parcial de los reclusos desalojados de El Rodeo I, por lo que los familiares de los privados de libertad desconocen la identidad de los heridos y muertos en los diferentes enfrentamientos.

Las condiciones de los diferentes recintos penitenciarios del país han sido monitoreadas desde el año 2002 por una organización no gubernamental local llamada “Observatorio Venezolano de Prisiones”, cuyo director es Humberto Prado. Dentro de su actuación, el OVP ha realizado acciones para dignificar la vida de las personas privadas de libertad presentando propuestas y denunciando las acciones y omisiones que incurre el Estado.

Desde el año 2006, ha tramitado de forma satisfactoria, ante organismos internacionales de derechos humanos medidas de protección para que el Estado venezolano cumpla con su obligación de garantizar la vida y brindar la atención adecuada a las personas privadas de libertad, específicamente en el Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); el Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel de Yare); el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Uribana); y en el propio Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II. Esta situación ha ocasionado que, como activista de derechos humanos, Humberto Prado haya sido amenazado en varias oportunidades por funcionarios del Estado venezolano. Frente a esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha 24.11.09, ordenó al Estado que tome las medidas necesarias para resguardar su vida.

La situación de las cárceles venezolanas es sencillamente dramática. Experimentando un crecimiento de la población penitenciaria de 150% en los últimos dos años, de un total de 44.852 reclusos 30.360 se encuentran a la espera de sentencia, lo cual evidencia el grave problema de retardo procesal. En promedio 409 reclusos mueren al año por hechos de violencia dentro de las cárceles, una de las tasas más altas de la región. El porcentaje de hacinamiento dentro de los 33 establecimientos carcelarios de Venezuela es del 355%.

Los hechos desencadenados en la Cárcel de El Rodeo han reavivado la campaña de criminalización gubernamental contra Humberto Prado. En la noche del sábado 18.06.11, en un programa transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami vinculó al activista con grupos políticos partidarios de la oposición. Según la reseña publicada por el periódico gubernamental Correo del Orinoco “Durante un contacto telefónico con el programa La Hojilla transmitido por VTV, El Aissami denunció que Humberto Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, ha mentido descaradamente sobre la situación que se vive en El Rodeo II y recordó que éste fue cómplice de la masacre a internos durante los gobiernos de la IV República”. (http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ministro-aissami-rechazo-conducta-derecha-venezolana-situacion-rodeo-ii/). Estas afirmaciones del ministro comenzaron una cadena de señalamientos contra Prado. Una publicación en un blog identificado con el oficialismo reveló sus datos personales, como números telefónicos y dirección de habitación, terminando el post con la leyenda “Próximamente Datos Familiares…. para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”.

Una información publicada el 20.06.11 en el sitio web de la cadena radial estatal Radio Nacional de Venezuela difundió que “se ha desplegado una feroz ofensiva orquestada por la organización Observatorio Nacional de Prisiones, dirigida por Humberto Prado, quien además cuenta con el apoyo de la televisora privada Globovisión, vinculada permanentemente a planes desestabilizadoras.El plan es simple: Humberto Prado maneja las cárceles. Lo único que necesita el plan es el medio de comunicación que establezca vínculo con los familiares. Ahí comienza el plan. Están preparando una guerra interna de reclusos”. En la misma nota agregan que “Este señor –refiriéndose a Prado- estuvo preso por atraco, robo a mano armada y por homicidio. Se empató (relacionó) con una famosa directora de Prisiones (en los años 80), Dunia Farias. Ella logró que a su novio le dieran un indulto presidencial y a partir de ahí ha vivido de traficar con los presos” (http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=29&t=159609) Información similar fue divulgada por la agencia estatal de noticias, la cual agrega que un recluso anónimo “denunció este domingo que grupos de Derechos Humanos identificados con la oposición y políticos de la derecha venezolana se han encargado de dar orientaciones a los pranes, internos que comandan las mafias de los diferentes centros penitenciarios del país, a fin de generar caos y culpar al Gobierno Nacional de esa situación”. (http://www.abn.info.ve/node/63669).

En una comunicación dirigida el 21.06.11 a la Fiscalía General de la República las organizaciones de derechos humanos venezolanas, aglutinadas en el Foro por la Vida expresaron que “Estas acusaciones se enmarcan en el patrón de criminalización que emprenden distintos dirigentes del Estado frente a las denuncias que realizan defensores de derechos humanos, atentando contra la actividad que estos realiza y desviando la atención de su obligación principal, garantizar la vida de las personas privadas de libertad”. Los defensores expresaron su exigencia de adelantar todas las medidas y acciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno e irrestricto de los derechos y garantías de todas y todos las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en todo el territorio de la República. Igualmente solicitaron se investigue el origen y responsabilidades a que hubiere lugar en el caso de las amenazas contra Humberto Prado y su familia.

Fuente: Noticiero Digital

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