El Tribunal 25º de Control de Caracas dictó hoy una orden de detención contra el dirigente político Oswaldo Alvarez Paz, después de que el viernes fuera imputado por la Fiscalía.
Una comisión policial, integrada por unidades del SEBIN y de la PM, se han dirigido al domicilio del ex-Gobernador del Zulia y ex-candidato presidencial donde han procedido a su detención y traslado al Helicoide donde quedará recluído, según el mandato judicial.
Oswaldo Álvarez salió de su domicilio acompañado de su abogado Omar Estacio y uno de sus hijos.
Oswaldo Álvarez Paz fue imputado la semana pasada por una declaraciones que diera en el programa “Aló Ciudadano”.
En las mismas, según la Fiscalía, incurrió presuntamente en los delitos de conspiración (contempla una pena de 8 a 16 años), instigación pública a delinquir (de tres a seis años) y difusión de información falsa (de dos a cinco años),
En su columna de esta semana, Álvarez Paz relató su comparecencia en la Fiscalía y denunció que estaba sometido a “acoso, vigilancia y seguimiento policial”.
En su columna de este domingo, Oswaldo Álvarez Paz revela detalles de la imputación del MP en su contra. Sostiene que su caso es parte de la “tarea que Chávez encomendó para criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta”.
Asimismo, el ex candidato presidencial asegura que luego de sus declaraciones en el programa Aló Ciudadano, en torno a la denuncia del juez español, Eloy Velasco, sobre la posible relación del gobierno venezolano con las FARC y ETA, está siendo “sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial”.
Esta es su columna completa:
No es la primera vez que escribimos sobre la muerte del Derecho como instrumento de regulación de la vida en sociedad, de los ciudadanos entre sí y de estos con el estado-gobierno.
El país está indefenso y la gente sometida a normas dictadas por el capricho, los complejos, la intolerancia ideologizada, el cohecho, la corrupción y muchos vicios más de unos poderes públicos dirigidos por un Presidente incapaz de controlar sus impulsos más primitivos. Se acabó el sagrado principio de la legalidad.
Fui citado a la Fiscalía 21 del Ministerio Publico por una comisión de la anterior Disip (¿?) que se presentó en mi casa, de noche, a entregarme una boleta fijando sitio y hora del Acto de Imputación en mi contra, sin mencionar el o los delitos.
Por la prensa había tenido noticias de que dos diputados chavistas de la Asamblea, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, válgame Dios, solicitaron esta actuación y fueron debidamente complacidos.
Leyendo el expediente sentí pena ajena. Se trata de la tarea que Chávez públicamente encomendó a los poderes públicos para reducir los medios independientes por la vía del terror, criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar, hasta hacerlas desaparecer, las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta.
En este caso se trata del Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España. Trata de la relación ETA-FARC y eventual colaboración del gobierno venezolano por actuaciones en nuestro territorio. Reuniones, cursos, planes, etc. Todo debidamente soportado con indicios plurales y concurrentes, documentales y testimoniales, que dieron lugar a la investigación.
Me referí a todo esto, incluido el tema del narcotráfico y lo relativo a los derechos humanos, en el programa Alò Ciudadano. En la Fiscalía ratifiqué mi intervención explicando sus alcances y objetivos.
Según boletín de prensa de la Fiscalía, el delito sería por instigación al odio contenido en el artículo 285 del Código Penal. Pero allá me enteré de que la Fiscal me imputaba también, en forma bastante genérica e imprecisa, por el artículo 132 que habla desde traición a la patria hasta conspiración y otras conductas inmoralmente adjetivadas por los diputados chavistas, con pena de 8 a 16 años y además por el artículo 296-A, referido a la generación de “zozobra e inquietud”, malestar, etc., en la población.
La defensa consignó un extenso escrito con relación específica al primer caso. Con lo demás anunciamos próximas diligencias y promovimos algunas actuaciones que en Derecho y justicia servirían para desmontar toda la maniobra.
Ya veremos. Terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos son delitos pluriofensivos sometidos a la jurisdicción internacional. Los procesos ya están en marcha. El gobierno venezolano es protagonista de las noticias. Estoy sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial.
Una comisión policial, integrada por unidades del SEBIN y de la PM, se han dirigido al domicilio del ex-Gobernador del Zulia y ex-candidato presidencial donde han procedido a su detención y traslado al Helicoide donde quedará recluído, según el mandato judicial.
Oswaldo Álvarez salió de su domicilio acompañado de su abogado Omar Estacio y uno de sus hijos.
Oswaldo Álvarez Paz fue imputado la semana pasada por una declaraciones que diera en el programa “Aló Ciudadano”.
En las mismas, según la Fiscalía, incurrió presuntamente en los delitos de conspiración (contempla una pena de 8 a 16 años), instigación pública a delinquir (de tres a seis años) y difusión de información falsa (de dos a cinco años),
En su columna de esta semana, Álvarez Paz relató su comparecencia en la Fiscalía y denunció que estaba sometido a “acoso, vigilancia y seguimiento policial”.
En su columna de este domingo, Oswaldo Álvarez Paz revela detalles de la imputación del MP en su contra. Sostiene que su caso es parte de la “tarea que Chávez encomendó para criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta”.
Asimismo, el ex candidato presidencial asegura que luego de sus declaraciones en el programa Aló Ciudadano, en torno a la denuncia del juez español, Eloy Velasco, sobre la posible relación del gobierno venezolano con las FARC y ETA, está siendo “sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial”.
Esta es su columna completa:
No es la primera vez que escribimos sobre la muerte del Derecho como instrumento de regulación de la vida en sociedad, de los ciudadanos entre sí y de estos con el estado-gobierno.
El país está indefenso y la gente sometida a normas dictadas por el capricho, los complejos, la intolerancia ideologizada, el cohecho, la corrupción y muchos vicios más de unos poderes públicos dirigidos por un Presidente incapaz de controlar sus impulsos más primitivos. Se acabó el sagrado principio de la legalidad.
Fui citado a la Fiscalía 21 del Ministerio Publico por una comisión de la anterior Disip (¿?) que se presentó en mi casa, de noche, a entregarme una boleta fijando sitio y hora del Acto de Imputación en mi contra, sin mencionar el o los delitos.
Por la prensa había tenido noticias de que dos diputados chavistas de la Asamblea, miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología, válgame Dios, solicitaron esta actuación y fueron debidamente complacidos.
Leyendo el expediente sentí pena ajena. Se trata de la tarea que Chávez públicamente encomendó a los poderes públicos para reducir los medios independientes por la vía del terror, criminalizar penalmente a la disidencia política y ahogar, hasta hacerlas desaparecer, las noticias y denuncias contrarias al régimen o que afecten su imprecisa conducta.
En este caso se trata del Auto de Procedimiento dictado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España. Trata de la relación ETA-FARC y eventual colaboración del gobierno venezolano por actuaciones en nuestro territorio. Reuniones, cursos, planes, etc. Todo debidamente soportado con indicios plurales y concurrentes, documentales y testimoniales, que dieron lugar a la investigación.
Me referí a todo esto, incluido el tema del narcotráfico y lo relativo a los derechos humanos, en el programa Alò Ciudadano. En la Fiscalía ratifiqué mi intervención explicando sus alcances y objetivos.
Según boletín de prensa de la Fiscalía, el delito sería por instigación al odio contenido en el artículo 285 del Código Penal. Pero allá me enteré de que la Fiscal me imputaba también, en forma bastante genérica e imprecisa, por el artículo 132 que habla desde traición a la patria hasta conspiración y otras conductas inmoralmente adjetivadas por los diputados chavistas, con pena de 8 a 16 años y además por el artículo 296-A, referido a la generación de “zozobra e inquietud”, malestar, etc., en la población.
La defensa consignó un extenso escrito con relación específica al primer caso. Con lo demás anunciamos próximas diligencias y promovimos algunas actuaciones que en Derecho y justicia servirían para desmontar toda la maniobra.
Ya veremos. Terrorismo, narcotráfico y violación de derechos humanos son delitos pluriofensivos sometidos a la jurisdicción internacional. Los procesos ya están en marcha. El gobierno venezolano es protagonista de las noticias. Estoy sometido a acoso, vigilancia y seguimiento policial.
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/148822/ordenan-la-detencion-de-oswaldo-alvarez-paz/
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