Crisis en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por desvío de recursos que afecta a jueces, empleados y obreros

Caracas, 14 Abr. (Enfoques365).- Una severa crisis laboral afecta el desenvolvimiento de las actividades judiciales en todo el país, ante el desvío de los recursos presupuestados para el pago de la bonificación de fin de año (2009), según denunciaron funcionarios judiciales que pidieron reservar sus nombres para evitar retaliaciones por parte de las autoridades y alta burocracia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según los denunciantes que contactaron a Enfoques365, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) le debe al personal activo y jubilado 48 días del bono de fin de año correspondiente al ejercicio 2009. De igual forma, se quejan del atraso en la actualización de las prestaciones sociales y del congelamiento del convenio colectivo de trabajo.

Señalan la responsabilidad directa del director ejecutivo de la DEM, Francisco Ramos Marín, junto con su protectora, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, en esta situación irregular que afecta a jueces activos y jubilados, así como al personal administrativo, alguaciles y demás funcionarios de todos los tribunales del país.

Aparte de que se trata de un derecho social vulnerado por una deficiente administración, que no puede justificar el desvío de esa masa de dinero "que desapareció como por arte de magia", los funcionarios judiciales indicaron a Enfoques365 que podrían haberse configurado “irregulares administrativas” que conllevan procedimientos administrativos y penales, de acuerdo a la legislación vigente, principalmente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley contra la Corrupción.

Igualmente, los funcionarios de la DEM rechazan el trato “desconsiderado” hacia los trabajadores, las amenazas constantes de despidos y otros abusos de autoridad como la negativa reiterada de las autoridades a reunirse con las directivas sindicales, violentando la Constitución, la legislación laboral vigente y los acuerdos internacionales debidamente suscritos por la República.

El autoritarismo conjunto de los magistrados del TSJ y la gerencia de la DEM también se manifiesta en la falta de diálogo e información oportuna a sus trabajadores, quienes tienen pleno derecho a exigir el pago de lo que les adeuda la administración.

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