Un pelotón de fusilamiento ejecutó a un prisionero en Utah, la primera vez en 14 años que el estado emplea ese mecanismo para ultimar a un reo condenado a muerte.
Ronnie Lee Gardner murió cuando le dispararon una ronda de balas en las primeras horas del viernes. Poco antes de la ejecución, el prisionero fue amarrado a una silla y un equipo de cinco hombres enmascarados apuntaron sus rifles hacia un tiro al blanco prendido con un alfiler sobre su corazón.
A las 12:20 a.m. se declaró que el reo había muerto.
Gardner fue el tercer hombre ejecutado por un pelotón en Estados Unidos desde que la Suprema Corte reinstaurara la pena capital en 1976. Aunque Utah modificó su ley sobre la pena de muerte en 2004 para que la inyección letal se convirtiera en el método oficial, nueve reos sentenciados antes de esa fecha, incluyendo a Gardner, pueden optar por el método de fusilamiento.
En abril, Gardner le dijo con toda educación al juez “me gustaría el pelotón de fusilamiento, por favor”. Su abogado dijo que la decisión fue tomada por su preferencia, no por el deseo de avergonzar al estado o atraer atención a su caso.
Asesinó a un abogado
Gardner, de 49 años, fue sentenciado a la pena máxima en 1985 por dispararle a muerte al abogado Michael Burdell en plena corte durante un intento de fuga. Gardner se encontraba en la corte porque enfrentaba un cargo por asesinato de 1984 por la muerte a tiros del cantinero Melvyn Otterstrom.
Algunos denunciaron el método de ejecución como barbárico, y una docena de familiares de Gardner realizaron una vigilia a las afueras de la prisión mientras el reo era fusilado. No hubo protestas en la prisión.
Los cinco hombres que le dispararon a Gardner permanecieron en el anonimato. Son policías que se ofrecieron voluntariamente a llevar a cabo la sentencia a muerte.
Gardner y su abogado pelearon hasta el final para detener la ejecución. Introdujeron peticiones en cortes estatales y federales, le pidieron al Consejo de Libertad Condicional que cambiara su sentencia a condena perpetua sin oportunidad de libertad condicional y, finalmente, intentaron sin éxito apelar ante el gobernador de Utah, Gary Herbert, y la Corte Suprema.
Con información de AP
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