Se abrió una oficina para la atención de víctimas de torturas, así como familiares y amigos de desaparecidos y asesinados en las décadas del 60, 70 y 80
Fiscal Luisa Ortega Diaz
El Ministerio Público realizará tres exhumaciones en lugares donde hubo actividad guerrillera durante las décadas de los años 1960, 1970 y 1980 y en los que se presume que existen fosas comunes.
Así lo informó este martes la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, durante una reunión en la sede de esa institución en Caracas con las víctimas, familiares y amigos de víctimas del terrorismo de Estado durante esa época.
Las exhumaciones se realizarán en San José de Guaribe (Guárico), en el cerro El Bachiller (Miranda) en Sanare (Lara).
“No tenemos fecha aún. El equipo de expertos en criminalística se instaló esta semana y les corresponderá a ellos fijar la oportunidad en que van a realizarse. Es un requisito casi indispensable la presencia de los familiares de las víctimas sobre todo porque han sido ellos quienes han impulsado este movimiento”, sostuvo la fiscal.
Resaltó que las investigaciones dependen mucho del aporte de las víctimas de torturas y de los familiares de asesinados y desaparecidos: “Ellos son quienes tienen conocimiento de cómo ocurrieron los hechos. De ellos y de nosotros depende que estos hechos no se vuelvan a repetir en Venezuela”.
Aseguró que “Venezuela es un Estado respetuoso y garante de los derechos humanos y sus instituciones, además de velar porque eso nunca más ocurra, están atentas para hacer que se sancionen sus violaciones”.
“Estamos profundizando en estas investigaciones para determinar quiénes son los autores y participes de estos delitos y pedir que se apliquen las sanciones correspondientes”, manifestó.
Cerca de 120 víctimas de torturas, familiares y amigos de personas asesinadas y desaparecidas concurrieron ayer a la reunión en el Ministerio Público, en la cual se decidió realizar acciones para profundizar las investigaciones.
LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA
Ortega Díaz recordó que la particularidad de esa época fue que la violación a los derechos humanos “era una política de Estado”.
“Debemos recordar que había consignas como dispare primero y averigüe después. Había leyes como la ley de vagos y maleantes que condenaba a los que estaban desempleados. Por manifestar la disidencia política se torturaba, se desaparecía y se asesinaba. No fueron hechos aislados sino que fueron reiterados, fueron parte de una política permanente ”, rememoró.
Por esa razón hizo un llamado a reflexionar sobre “no solamente en Venezuela sino a escala internacional” sobre la gravedad de los hechos que sucedieron durante la década de 1960, 1970 y 1980.
Ante la consulta de una periodista sobre si dentro del programa de atención a víctimas del terrorismo de Estado se recibirán las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la última década, la fiscal respondió negativamente, ya que aseveró que no hay punto de comparación entre los hechos.
“Hay probabilidades de que actualmente se hayan cometido algunas violaciones a los derechos humanos pero son casos aislados. Es esos momentos (1960, 1970 y 1980) no hubo organismos, ni comisión internacional, ni regional que quisiera visitar a Venezuela para constatar las graves violaciones a los derechos humanos. No hubo personas que acudieran a esos sitios a denunciar lo que estaba aconteciendo. Si se sabía que algún ciudadano venezolano iba a concurrir a alguna de estas organismos, lo desaparecían. Entonces no se puede comparar”, resaltó.
FISCALES
Ortega Díaz informó además que se designaron cuatro tres fiscales nacionales -Espartaco Martínez, Mery Gómez y Juan Carlos Tabares – y una del área metropolitana de Caracas – Alba Martínez - conjuntamente con un equipo de expertos de la dirección de asesoría técnico-científica y de investigaciones y de la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales – compuesta por odontólogos forenses, anatomopatólogos, médicos forenses, antropólogos y radiólogos- para que trabajen en el esclarecimiento de los hechos.
1.600 CASOS
Ortega Díaz detalló que el Ministerio Público recibió la denuncia de aproximadamente 1.600 personas víctimas del terrorismo de Estado durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. Hay unos 855 fallecidos (excluyendo los del Caracazo, Cantaura, Yumare y El Amparo), pero sólo las familias de 25 han aportado elementos que permiten profundizar la investigación.
“Hacemos un llamado a todos los familiares a que nos den información para que se pueda fortalecer y contribuir la investigación”, sostuvo.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y FAMILIARES
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció la creación de una oficina de atención a víctimas de torturas, familiares y amigos de personas asesinadas y desaparecidas durante las décadas de 1960, 1970, 1980, que se encargará además de la recolección de datos para las investigaciones. Funcionará en la planta baja de la sede del Ministerio Público, en la esquina de Ferrenquín de la parroquia La Candelaria de Caracas. Igualmente se habilitaron dos líneas telefónicas y un correo electrónico para la atención a las víctimas y familiares: 0800 V 60 70 80 y 0212 408 6076 y victimas607080@ministeriopublico,gob.ve.
NUNCA MÁS
En la reunión estuvo presento el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, quien aseguró que en estas investigaciones no puede haber contemplaciones.
“Sea quien sea debe ser juzgado. Nuestro pueblo exige justicia. Basta ya de impunidad. No permitiremos que esto se repita nunca más”, aseveró.
Soto Rojas enfatizó que actualmente esa circunstancia “ha cambiado favorablemente y finalmente tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley (contra el Silencio y el Olvido)”.
A juicio del presidente de la Asamblea Nacional “el día que aprobemos definitivamente esa ley, los cinco poderes públicos el alto mando militar de frente a nuestro pueblo tenemos que hacer el juramento de que nunca más en la tierra de Bolívar ocurrirán esos crímenes”.
Fuente: Correo del Orinoco
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