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martes, 2 de agosto de 2011

Información gratis para criminales







Por Erika Salamanca

Es cierto que es parte del proceso en las audiencias entre la Fiscalía y particulares certificar ciertos datos de quienes son llamados a indagatorias, o juicios. Sin embargo, uno no pensaría que en procesos como el del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, sus datos personales fueran revelados no sólo a la audiencia de la sala sino a todos aquellos que seguimos la transmisión en directo.

Todos los que presenciamos la audiencia pudimos oír de primera mano la dirección de residencia y número de teléfono del ex ministro Arias. Ni el juez ni la fiscal se tomaron la molestia de analizar cuáles serían las consecuencias de dar a la luz pública esta información confidencial sobre lo que además de ser residencia y número “privado” del ex ministro, también es el lugar donde viven su esposa y sus dos hijos.

Como resultado de la imprudencia, la familia Arias fue víctima de un misterioso robo en su casa y de fuertes amenazas, así lo afirmaron los principales diarios del país el pasado 29 de julio. Adicionalmente se mencionó la posibilidad de que la familia del ex ministro tomara la drástica decisión de abandonar el país.

¿Es lógico que en audiencias de este tipo se ponga en riesgo al imputado y de paso a su familia entera por dar a conocer información que perfectamente podrían verificar de manera cautelosa entre las partes? ¿Cómo entender que bajo las actuales circunstancias de inseguridad en el país, sea la misma justicia la que ponga en bandeja de plata información de primera mano para que los criminales se aprovechen de ella?

Es importante sentar un precedente, no es posible que en los procesos judiciales se siga violando el derecho a la intimidad. Hoy le sucedió a la familia Arias, mañana a cualquier otra. Como ciudadanos, debemos pedir a los fiscales y jueces reconsiderar estos procedimientos que claramente están siendo objeto de motivación para la empresa criminal. Exijamos que se tomen medidas, y que se apliquen los correctivos necesarios para que no tengamos que lamentar en el futuro estos penosos acontecimientos.

Finalmente, sólo podemos pedir al gobierno nacional y a la policía, apoyo para que la familia del ex ministro cuente con un esquema de seguridad que no permita la repetición de estos hechos deplorables. No podemos tolerar que luego de la injusta medida de aseguramiento al ex ministro, también tengan que pagar sus familiares el doloroso episodio de temer por su integridad física.

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