ND.- Una disputa laboral en Miami sobre el despido de la encargada de las fortunas privadas del Ocean Bank puso al descubierto actividades sospechosas de una cuenta que estaría relacionada con el ministro Rafael Ramírez. Así lo recoge una nota preparada para Univisión por los periodistas Gerardo Reyes y Casto Ocando.
La oficial, Niurka Sánchez, alega que fue despedida injustamente en enero 2009 luego de reportar como “sospechosas” una serie de trasnferencias hechas desde Venezuela entre los años 2007 y 2008 por monto que oscilaban entre USD 300.000 a USD 600.000 y que superaron en total los USD 3 millones de dólares.
Para demostrar la legitimidad de los fondos, el dueño de la cuenta – identificado con las siglas RB – habría consignado un contrato que indicaba que el dinero le era entregado por el ministro Rafael Ramírez como pago por honorarios profesionales. “RB” habria sido identificado como un abogado especializado en el área criminal en Venezuela.
A continuación la nota de Gerardo Reyes y Casto Ocando para Univisión:
MIAMI – Una disputa judicial en Miami puso al descubierto las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank que está vinculada a uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela.
Una amplio seguimiento de Univision pudo determinar que la cuenta está relacionada con Rafael Ramírez, el presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y actual ministro de Energía y Petróleo en el gabinete del presidente Hugo Chávez.
Los problemas con la cuenta surgieron luego de que una ejecutiva del banco empezó a notar transferencias desde Venezuela que no correspondían a los documentos que había aportado el titular para justificar su origen.
La oficial de fortunas privadas, Niurka Sánchez, quien manejaba la cuenta, alegó en una demanda en Miami que la despidieron injustamente en enero de 2009 luego de reportar como “sospechosas” varias transacciones de la cuenta ante autoridades financieras de Estados Unidos.
“Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra”, dijo Pelayo Durán, abogado que representa a Sánchez en el litigio.
De acuerdo con documentos de la corte del condado de Miami-Dade y fuentes de Univisión, la operación funcionaba de la siguiente manera: Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado de Venezuela, identificado en los papeles de la corte por las iniciales “RB”.
Según fuentes familiarizadas con las investigaciones federales, RB consignó al banco un contrato legal para demostrar que el origen del dinero era legítimo, y provenía de pagos realizados por Ramírez por honorarios profesionales.
El abogado es descrito en algunos documentos de la corte como un especialista en el área criminal en Venezuela. Los papeles, sin embargo, no detallan qué tipo de trabajo realizó el jurista a favor de Ramírez.
RB también es mencionado en la declaración jurada del presidente del banco, Alfonso Macedo, como una persona muy cercana a su familia, que presta regularmente servicios de asesoría legal al Banco Plaza, en Venezuela, también propiedad de los accionistas mayoritarios del Ocean Bank.
El abogado enviaba regularmente a la cuenta en el Ocean Bank transferencias de entre $300,000 a $600,000, que superaron los $3 millones en un período de unos 14 meses, entre 2007 y 2008.
Una vez que el dinero ingresaba en su cuenta, RB impartía instrucciones para que los depósitos se transfirieran de inmedaito a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo.
Preocupada porque algunos de los giros eran ajenos al contrato de asesoría entre el abogado y el presidente de Pdvsa, Sánchez decidió informar al Fincen, el organismo del gobierno de Estados Unidos que investiga el lavado de dinero en el sistema financiero norteamericano e internacional.
De acuerdo al documento de la corte, Macedo, el presidente del banco, recriminó a Sánchez por haber reportado la cuenta a Fincen, y le advirtió que “no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia”, haciendo referencia a RB.
“La señora Sánchez reportó la actividad sospechosa y la reportó al presidente del banco, entre otros, y a raíz de haberlo reportado, ella se volvió un problema”, dijo Rod Hannah, miembro del equipo de defensa de Sánchez.
La ex ejecutiva bancaria, que llevaba 25 años trabajando para Ocean Bank, alegó en la demanda que el banco removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta “para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegales’’, afirma la demanda.
Además de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales adelantaban en el Ocean Bank.
“Específicamente nosotros sabíamos que había una investigación y nosotros hemos asistido al gobierno federal en todo lo que han necesitado bajo nuestras restricciones”, dijo el abogado defensor Pelayo Durán.
Los abogados de la firma Holland & Knight, que representan al banco, dijeron a Univisión que “la política de Ocean Bank no es hacer comentaqrios sobre casos en litigio”. Ambas partes llegaron a un acuerdo para evitar un juicio público, pero el acuerdo debe ser aprobado por el Fondo de Garantías Bancarias (FDIC) antes del próximo 7 de septiembre.
Un cuestionario enviado por Univisión al presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a través de la embajada de Venezuela en Washington, no fue respondido.
No es la primera vez que Ramírez aparece mencionado en una disputa legal en Miami. En 2008 fue vinculado al escándalo del maletín de los $800,000 que presuntamente fueron enviados por el gobierno venezolano a la entonces candidata presidencial Cristina Kirchner.
Si el FDIC no aprueba el acuerdo entre las partes, “vamos a ir a un juicio abierto y público”, advirtieron los abogados de Sánchez.
Ocean Bank fue sometido a una pesquisa federal que culminó hace dos semanas con una multa al banco por más de $10 millones, debido a que no tomó las medidas adecuadas para evitar el lavado de dinero durante casi diez años.
Los investigadores federales encontraron que las fallas del banco no sólo se presentaron en el manejo de cuentas de venezolanos, sino también en depósitos de narcotraficantes mexicanos.
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