Pedro A. Palma - Crisis anunciada

En junio de 2006 fui invitado por una publicación especializada norteamericana a hacer un análisis sobre la economía venezolana y su posible evolución.* En ese trabajo explicaba la bonanza que entonces se vivía debido a las altas y crecientes exportaciones de hidrocarburos, pero también alertaba que esa situación era insostenible, ya que cuando los precios del petróleo se redujeran, o incluso dejaran de crecer, no podría continuar la política de franco aumento del gasto público a través del cual se inyectaban a la economía los recursos adicionales externos, generando ello una crisis.

Después del colapso de los precios petroleros de la segunda mitad de 2008 no dudamos en decir que la crisis predicha años atrás era inminente, y que la misma se manifestaría a través de una contracción de la actividad productiva, una elevada inflación, una caída importante del poder de compra del venezolano que se traduciría en importantes reducciones del consumo, y un desmejoramiento de la situación laboral y de la calidad de vida de la población. Ello iba en contraposición a los anuncios gubernamentales, según los cuales nuestra economía estaba blindada debido a los aciertos de la política económica, por lo que la reducción de los ingresos petroleros causada por la crisis internacional de ese año no nos afectaría. Incluso llegamos a escuchar que si los precios de los hidrocarburos cayeran a cero nuestra economía no se vería perjudicada.

Al igual que múltiples veces en el pasado, fui tildado de profeta del desastre y de agorero, ya que pertenecía al grupo de economistas pesimistas que siempre estaban viendo un panorama sombrío para nuestra economía. Desgraciadamente, la realidad vivida nos dio la razón, una vez más.

Una serie de nuevas circunstancias se suman esta vez a las limitadas exportaciones petroleras para agravar la crisis. La paralización de la inversión debido al acoso permanente a las empresas privadas, sobre las que no sólo recaen absurdos controles de precios, de producción y de distribución, sino que también son blanco permanente de trabas burocráticas, intervenciones, expropiaciones y despojos, ha limitado la creación de nuevos empleos, ha contribuido a incrementar la dependencia de suministro externo y ha creado crecientes problemas de desabastecimiento. Adicionalmente, la devaluación y los retrasos en la aprobación de divisas por parte de Cadivi, la incapacidad cada vez más manifiesta del sector público para manejar las empresas que usurpa, y las crecientes limitaciones de PDVSA para incrementar los volúmenes de producción y exportación y honrar sus compromisos con proveedores y contratistas, profundizan aún más la crisis.

Como si esto fuera poco, el caos en la prestación de servicios públicos, particularmente en materia eléctrica, restringe la producción y eleva notoriamente los costos de producción y de distribución, haciendo que la contracción económica de este año sea mayor que la inicialmente esperada, y supere a la del 2009.

En mi escrito del año 2006 también mencionaba mi temor de que el gobierno intentara solventar la deficiencia de ingresos petroleros con el financiamiento de gasto público por el BCV, lo cual traería consecuencias muy adversas. Desgraciadamente, las nuevas leyes que hoy se aprueban en la Asamblea Nacional indican que esa es precisamente la intención gubernamental.

Realmente, hubiera preferido haberme equivocado en cuanto a las predicciones que hice años atrás.

*Latin Business Chronicle, “The Venezuelan economy: Problems ahead”, June 12, 2006

palma.pa1@gmail.com

http://www.analitica.com/va/economia/opinion/6645291.asp