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lunes, 18 de julio de 2011

Cedulación controlada por cubanos vulnera la seguridad nacional






Vicente Díaz, rector del CNE, aseguró que el software de el nuevo documento electrónico, que desarrolla una empresa cubana, será auditado. La MUD evalúa el tema Video: Empresa cubana maneja el sistema de cedulación nacional Vea: Contrato en la empresa cubana Albet y la filial mexicana de Gemalto para proveer la cédula electrónica a Venezuela

Rocío San Miguel, de Control Ciudadano | Leonargo Noguera

A la directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, le preocupa que, al estar la nueva cédula electrónica en manos de una empresa oficial cubana, pueda ser vulnerada información estratégica del Estado. "El sistema de identidad de cualquier país es un elemento esencial de seguridad nacional, junto con el de registros y notarías, que han estado bajo el esquema de participación cubana", alertó.

El Ministerio de Interior y Justicia le asignó a Albet, compañía dependiente del Gobierno de la isla, un contrato por 172,2 millones de dólares para el desarrollo del nuevo documento de identificación, bajo un acuerdo en el que se excluye la participación de técnicos venezolanos y se asegura a los antillanos el control de los software, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso El Nacional. Albet subcontrató a la multinacional Gemalto para que le proveyera las tarjetas de policarbonato y los programas informáticos.

El proyecto ha sido prorrogado continuamente y tiene dos años de retraso.

"Esto podría implicar el uso de esos datos contra elementos del Estado venezolano, como lo es su población, por parte de factores extranjeros.

También se corre el peligro del uso interesado de esa información", advirtió.

Recelos electorales. Félix Arroyo, coordinador de la Comisión Electoral de la Mesa de Unidad Democrática, cree que los acuerdos suscritos con Cuba en materia de identificación deben someterse a la revisión de la Asamblea Nacional. "Es muy grave; se les está dando acceso a la nómina de todos los que vivimos en Venezuela", expresó. Recordó que el Consejo Nacional Electoral ha negado a los partidos políticos los datos del Archivo de Venezolanos Cedulados, base del Registro Electoral, para hacerle una evaluación. La cédula es, además, el documento necesario para ejercer el derecho al voto.

"La participación cubana en el sistema de cedulación tiene graves implicaciones electorales si ellos pueden borrar y añadir información al banco de datos de cédulas", advirtió.

Arroyo añadió que los partidos de la MUD analizarán el alcance de los isleños en el sistema y pedirán investigar el Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería.

"Los sistemas de identificación y de votación son cajas negras muy tecnificadas, pero sin ningún tipo de control ciudadano", manifestó Guillermo Salas, de la organización Esdata, que trabaja temas electorales. Lamentó que la Fiscalía de Cedulación, dependiente del CNE y con oficinas en el Saime, perdiera su papel contralor. "Era una oficina que siempre se le daba a la oposición para que evaluara porque en el sistema de identificación reside la soberanía; sirve para hacer las elecciones y ese sistema se le facilitó a Cuba".

Serán auditados. Vicente Díaz, rector del CNE, aclaró: "El CNE tiene competencia exclusiva sobre el Registro Civil. El Saime emitirá cédulas a partir de la información que el CNE le suministre. No podrá emitir una sola cédula diferente a la información que le demos y los sistemas del CNE son objeto de consulta. En la licitación van a participar empresas venezolanas que consideren que tienen competencias para esto.

Quien tenga una cédula venezolana tendrá respaldo de su partida de nacimiento en los registros civiles o constancia de su nacionalización en Gaceta Oficial".

Dijo que hay fiscales de cedulación en todo el país para verificar la emisión de cédulas.

"El proceso estará sujeto a los protocolos de auditorías del CNE y de los partidos políticos", aseguró. Agregó que para las elecciones presidenciales de 2012 la mayoría de la población votará con la cédula laminada vigente hasta ahora.

Fuente: El Nacional

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