Mayo 12, 2010
Los norteamericanos la llaman activismo judicial. Pero según Tocqueville, “No existe cuestión política en Estados Unidos que tarde o temprano no sea resuelta en el ámbito judicial”.
La intervención de los tribunales en los asuntos que se relacionan con la cosa pública, ciertamente, convierte a la justicia en un lugar de exigibilidad democrática. En tal caso, al menos en teoría, se ofrece a todo querellante la posibilidad de interpelar a sus gobernantes, de exigirles la palabra empeñada, de emplazarlos a una rendición de cuentas, muchas veces imposible por los caminos convencionales. La querella judicial de esta forma, se percibe como una posibilidad más cercana, más individual, más directa, que el llamado voto-castigo, que la representación política clásica, de segundo o de tercer grado, ejercida a través de parlamentarios, dirigentes de partidos o por organizaciones no gubernamentale.
Pero a ésta “juridificación o judialización política”, cabe hacerle algunos cuestionamientos. Aparte de sus elevados costos individuales, acaba por imponer una visión punitiva de toda relación social descifrada desde una perspectiva binaria y reductora y por lo mismo conflictiva. A saber víctima/agresor, culpable/inocente, bueno/malvado en la que se descartan de antemano, los mecanismos de diálogo, persuasión, de armonización de propuestas dispares, de consensos y de negociaciones necesarias para una convivencia pacífica, pero sobre todo, para un despacho, pronto y menos traumático de las urgencias que asfixian la actividad burocrática.
¿A qué se debe, en todo caso, que en determinadas circunstancias el epicentro de resolución de controversias políticas se desplace del Parlamento, del Poder Ejecutivo, de las mesas para sufragar, para ubicarlas en el plano tribunalicio?
Calamandrei entendía el proceso como la manifestación de un conflicto individual, que amenazaba la cohesión del vínculo social.
Pensadores como Bouretz, no obstante, miran la sociedad democrática apoyada en una renuncia a la unidad, en una sorda legitimación del enfrentamiento de sus miembros, en un abandono tácito de la esperanza de unanimidad.
Nada, pues, más natural que ante la amenaza de reabsorción de la disidencia o de peligro de su mutilación. De inoperancia de los mecanismos democráticos tradicionales de negociación, diálogo y de soluciones de consenso, los factores amenazados acudan al mecanismo tribunalicio. Si de lo que se trata es de reafirmar la percepción de individualidad, de pertenencia, de hacer énfasis en la división, de insistir en el cuestionamiento democrático y libertario del sentido de unidad social, incompatible dentro de una sociedad plural, nada mejor que un buen pleito judicial, o muchos, donde al menos quede constancia vehemente, de esa relación binaria, antagónica y ratificadora de la identidad de cada persona o grupo de éstas. Sin embargo cuando es el propio gobierno el que acude a los tribunales, apoyado en el control que ejerce sobre estos últimos para reducir a sus adversarios a la condición de condenados o prisioneros, no hace otra cosa que yugular la democrática y deslizarse por el despeñadero autoritario.
Un debate muy intenso sobre la falta de representatividad de nuestra magistratura se agita en la actualidad en Venezuela. Es un hecho que los titulares del alto gobierno judicial y del Ministerio Público, fueron electos con apego a las normas, pero en medio de un nulo pluralismo de la instancia parlamentaria que los designó.
Dominique Turpin recuerda que lo característico de un verdadero representante no es tanto los mecanismos para su designación, sino por su desempeño con apego a los valores democráticos para los cuales ha sido designado.
Un “ruido de togas” creíble, confiable, acorde con los tiempos de crisis, sepultaría de una vez por todas, el “ruido de sables” que todavía merodea entre nosotros, como un vergonzoso espíritu burlón.
Son éstos, los emplazamientos que se le formulan a nuestro sistema de judicial. No atenderlos, abstenerse de asumirlos de manera honesta, eficiente, pero sobre todo leal, sería traicionar la más elemental confianza depositada en sus titulares.
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