La ofensiva que libra el Gobierno Nacional es clave para la definición del futuro de las libertades en Venezuela. No es tema que le compete sólo a los patronos y a los trabajadores que pertenecen al más importante consorcio empresarial en nuestro país, diezmado por las persecuciones y ahogo de las actividad económica privada y con ella la pérdida de miles de empleos de los cuales decenas de millares familias venezolanas.
El plan gubernamental en su objetivo de consolidar el Estado vertical chavista se orienta a liquidar las libertades en toda dimensión, escogiendo instituciones emblemáticas para atemorizar al resto de la población. Su campaña comenzó con restringir al mínimo la libertad de expresión eliminando del camino a RCTV y a decenas de radios y programas de opinión; del mismo tenor ha sido su ofensiva contra las universidades públicas como reducto de autonomía, democracia y libre pensamiento; contra la libertad sindical ha desatado la más vasta y brutal campaña para destruir al sindicalismo organizado, reduciendo al nivel simbólico a las centrales sindicales, satanizando la protesta laboral y llevando a tribunales y detenciones policiales a más de un centenar de trabajadores y dirigentes sindicales.
Ahora prepara la ofensiva final contra la libertad empresarial, política nada nueva pero radicalizada con la excusa de esconder su inmensa incapacidad para dirigir a un país, poner en marcha la economía nacional. La guerra contra todo tipo de libertad es el reto para lograr su objetivo de lograr imponer la jaula de hierro a la sociedad venezolana y tomar a nuestro país como botín político basado en la generación de resentimiento, división y odio entre los venezolanos.
Como esa política devastadora y antinacional ya se le agota, saca de la manga acciones “ejemplarizantes”, de que “así es que se gobierna” contra la oligarquía y el imperio, no importándole llevarse en los cachos a cientos de miles de empleo. Ello lo complementa con la generación de miedo, con patrullas y milicias obreras, reserva militar intentando meter en el corral militaroide a todo un pueblo.
Toma a la POLAR para demostrar todo su poder y descalifica a los trabajadores de esta empresa de estar entregados al patrono explotador. Pretendiendo esconder la realidad del sector público donde los trabajadores son violentados en sus derechos, como el caso de la compañera sindicalista de la Maternidad Concepción Palacios, arrastrada por la policía y encarcelada por defender sus derechos.
Pretende presentar inyectar el odio de clases al patrono y el conflicto permanente, cuando en la actualidad se establecen en lugar de relaciones de confrontación, las de cooperación y convivencia entre los sectores productivos. Esas que han permitido que estos trabajadores hayan logrado las mejores condiciones de empleo digno, como ninguna otra empresa en Venezuela, sin venderse a ninguna oligarquía, como ha obligado el Presidente a sus trabajadores a arrodillarse y vestirse con una franela roja para poder medio comer.
http://www.analitica.com/va/economia/opinion/1765810.asp
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