ALTO

SILLA ELÉCTRICA:

Están evaluando al más alto nivel ordenar una investigación rápida y exhaustiva en torno a las empresas contratistas de Corpoelec y Pdvsa que colocaron excesivos sobreprecios a varios de los proyectos de energía que fueron contratados. La voluntad es llevar a prisión a quienes tanto del sector público como de los contratistas incurrieron en esos delitos. La primera lista incluye revisión de lo “acordado” entre los rojos rojitos y sus amigotes para determinar si hubo o no irregularidades. Arrancarán con la planta hidroeléctrica de Tocoma y la rehabilitación de Macagua I con un costo por encima de 2.924 dólares por megavatio; le siguen el complejo térmico de La Raisa, con 2.742 megavatios acordado con un alto funcionario de Pdvsa que ya una vez Chávez había mandado a destituir y en la que se presume un sobreprecio a $2.400; Termozulia III con 2.384 dólares por megavatio (empresa argentina-venezolana y española) y Termoisla III, con 1.986 dólares. Otras serían El Sitio y Planta Centro. La primera con la español Iberdrola y la otra con la francesa Alstom. El megavatio a nivel mundial estar por el orden entre los 800 y 1200 dólares. Aquí algunos están al triple de su valor…

MEDIO

LA FARSA SIGUE:

Igual que pasó en la reunión de anteayer con el sector salud, donde el gobierno demostró que no puede obligar a las clínicas a trabajar con un baremo por debajo de los costos reales, para que no pase como con el sector alimentos en el que -por poner un solo ejemplo- la oferta de aceite cada vez es menor pues los obligaron a venderlo a pérdida mientras se hacen la vista gorda permitiendo que los buhoneros lo vendan al doble y hasta el triple de su valor, el régimen está haciendo agua con el tema vivienda y trata de buscar arreglos con los “malditos y apátridas promotores y constructores privados”.

Tenemos información que desde el Indepabis han contactado a muchos de ellos en el exterior para conversar “amistosamente” ahora y buscarle una solución a la situación legal de quienes dejaron más de 18 mil viviendas a punto de terminarse, tomadas o expropiadas por los distintos organismos rojos, y cuya situación hoy es peor que en el momento de las medidas pues, irresponsablemente, han entregado algunas a otras personas dejando de lado a los que ya pagaron bastante.

Las negociaciones están orientadas a lograr que ese 70% de desarrolladores inmobiliarios que están fuera del país retorne tras se cumplan sus exigencias: reivindicación ante los venezolanos de quienes fueron sometidos al escarnio público al ser tildados de delincuentes y estafadores en la campaña oficial encadenada, levantamiento de las medidas de embargo a sus empresas y cuentas bancarias, montaje de esas mismas empresas y cese del acoso judicial con los procesos que se montaron apresuradamente y sin las respectivas pruebas en cada uno de los casos.

El gobierno “pide cacao” ante su fracaso en el sector vivienda. Aquí lo adelantamos. Hoy deben estar por salir las cifras oficiales semestrales del Reporte Macroeconómico del Banco Central de Venezuela en el que por la medida chiquita tienen que dar cuenta de la caída de un 3% del PIB respecto al sector construcción mientras que con las viviendas hay al menos un 15% menos que el semestre pasado.

La disminución en solicitudes de permisos para construir está por encima del 50% respecto a la misma etapa. Está pendiente dentro de la llamada ley de costo y precio justo levantar la “demagógica y des-cabellada” obligatoriedad de destinar el 25% de las viviendas construidas para vender a la modalidad de alquiler las que luego deben ser vendidas a los inquilinos deduciendo lo que han pagado mensualmente. Algo que ningún promotor ni los propietarios están dispuestos a aceptar.

Me soplaron que el retraso que hay en la entrega de dicho reporte se debería al maquillaje de las cifras de viviendas del semestre que no llegan a 25.000 y donde el 70% sigue siendo construido por el sector privado. Tratan de meter dentro de las 153.000 casas ofrecidas el programa de rancho por casa que “no son viviendas nuevas” pues están descubiertos en su incapacidad y corrupción…

RETROCESO:

Las medidas incluyeron a las llamadas asociaciones civiles. En el ente se dieron cuenta que no había nada delincuencial en la mayoría. Un funcionario se lo informó a muchos de los afectados en los casos de Los Samanes, La Tahona y Plaza Jardín.: “Ustedes manipularon a Chávez” les espetó en su cara. Ahora piden al organismo que levante las medidas para que terminen de entregárselos y pagárselos como “estaba previsto en los contratos”. Esos tres casos corresponden solamente a 600 familias que ni porque se pusieron camisas rojas solucionaron su angustia con el gobierno mas incapaz de la historia nacional. Y mire que han pagado coimas rojas…

BAJO

ECONOINVEST:

Copio de Descifrado.com la noticia que colocaron ayer en su web:

”Los liquidadores de Econoinvest parecen haber reaccionado a la presión de la opinión pública y el mundo financiero tras conocerse el pasado martes a través de la columna Runrunes del periodista Nelson Bocaranda, la clonación del cheque corporativo número 373145 de la cuenta 2517 en el Banco Provincial. Los responsables de la intervención solicitaron a las autoridades investigar la estafa por casi dos millones y medios de bolívares a partir de un cheque que originalmente tenía una denominación levemente por encima de siete mil bolívares, informaron fuentes conocedoras del tema a Descifrado. Este hecho se suma al destino incierto de parte del mobiliario en custodia por la junta encabezada por Nahunimar Castillo, tal como aparecía en los balances de Econoinvest y la custodia de los TICC, reportes y demás inversiones en divisas con pago pendiente a los acreedores”.

De nada…

VERSE EN EL ESPEJO:

Comienzan a aparecer serias discrepancias entre los rojos por algunas de las disposiciones de la nueva ley de arrendamiento. Quienes se han apropiado -o robado- a diestra y siniestra de los dineros públicos en todos los entes gubernamentales -léanse ministerios, asambleas, alcaldías, gobernaciones, tribunales, fiscalías, policías y todo aquello que fue pintado de rojo y le colgaron la foto del comandante como talismán de impunidad- y que al tener todo en billete contante y sonante y no poder transferirlo a monedas duras internacionales lo invirtieron -o lavaron- comprando propiedades inmobiliarias (casas o apartamentos a nivel nacional) han comenzado a reaccionar. “Esos apartamentos los compré como inversión para alquilarlos” es una repetida frase estos días. Las draconianas y demagógicas disposiciones que aún están en discusión afectarán a todos los venezolanos. No es como dicen algunos colectivos: “quien tiene más de un apartamento o casa es empresario y hay que reducirlo al mínimo”. Otra crisis incolora y muy seria…