La Asamblea Nacional (AN) exhortó al Ministerio Público (MP), al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República a que actúen de manera expedita y establezcan las responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar contra Manuel Rosales y Ramón Martínez, quienes se encuentran incursos presuntamente en diferentes delitos contra el erario público.
La exhortación del parlamento está contenida en un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial número 39.436, de fecha martes 1 de junio de 2010.
La Contraloría General de la República inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por 12 meses al ex gobernador del estado Zulia Manuel Rosales, por conductas establecidas en la Ley contra la Corrupción.
Según resolución publicada en la Gaceta Oficial 39.430, de fecha 24 de mayo de 2010, Rosales incumplió la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio, correspondiente al cese de sus funciones como mandatario regional (2004-2008) y al ingreso y cese de su cargo como alcalde del municipio Maracaibo, en 2008.
Además, en el 2007 se determinó -presuntamente- un incremento patrimonial desproporcionado, fondos no justificados y omisión de información en su declaración jurada de patrimonio de 2003, lo que le significó una multa tras un procedimiento administrativo realizado en 2007.
Estos hechos constituyen causales de inhabilitación para ejercer cargos públicos, sin menoscabo de otras sanciones, según el artículo 39 de la Ley contra la Corrupción.
Rosales está prófugo de la justicia venezolana desde marzo de 2009.
En abril del año pasado, el Gobierno de Perú le concedió asilo político.
Pese a estar procesado por su presunta participación en hechos de corrupción, Rosales está incluido en la lista de postulados opositores a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Aspira a una curul en la Asamblea Nacional (AN) por la circunscripción número 6 del Zulia.
Entretanto, el ex gobernador del estado Sucre Ramón Martínez no podrá ejercer cargo público alguno en los próximos ocho meses, por incurrir, presuntamente, en conducta establecida en la Ley contra la Corrupción, de acuerdo con la inhabilitación que dispuso en su contra la Contraloría General de la República.
La resolución 000090 de la contraloría, publicada también en la Gaceta Oficial 39.430, especifica que Martínez es inhabilitado por incumplir reiteradamente la obligación de presentar sus declaraciones juradas de patrimonio, correspondientes al ingreso y cese de sus funciones como mandatario estadal, entre los años 2004 y 2008.
El 8 de diciembre de 2009, el Juzgado Segundo de Control del estado Sucre ordenó la captura y prohibición de salida del país de Martínez, por presuntas irregularidades en proyectos que se desarrollaron durante su gestión como gobernador.
Estos programas incluyen construcciones de la Misión Barrio Adentro y un Plan de Producción Pesquera desarrollado entre 2001 y 2004, para el cual se destinaron 800 mil bolívares, pero quedó inconcluso. Estos delitos suponen penas de entre seis meses y 10 años de cárcel.
En enero de este año, Martínez recibió asilo político del Gobierno de Perú, donde cuatro venezolanos acusados por la justicia de diferentes hechos ilícitos tienen el carácter de “refugiados”.
La inhabilitación para ejercer cargos públicos es una potestad que, según la ley, posee el Contralor General de la República, quien, luego de una averiguación administrativa, puede establecer que una persona no debe volver a ocupar un puesto en la administración si se comprueba que, con su actuación, ha ocasionado un daño al patrimonio del Estado.
El contralor general de la República, Clodosbaldo Russián en su oportunidad explicó que lo que se está imponiendo a estos ciudadanos es una prohibición para el desempeño de un cargo público por un lapso determinado.
“Venezuela es un país suscriptor de la Convención Interamericana contra la Corrupción desde 1996, cuando se firmó el tratado en Caracas, y, por ende, y en apego a la Ley contra la Corrupción se aplicaron las sanciones correspondientes”, sostuvo Russián, una vez conocida las medidas de inhabilitación.
Vía ABN
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