Más de dos mil grabaciones practicadas ilegalmente a dirigentes de la oposición, columnistas, empresarios y representantes de la Iglesia Católica, se encuentran en fase de 'selección' y 'evaluación'.
Altos funcionarios del Estado venezolano, tales como la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y la propia Fiscal General de la República, además de ministros, parlamentarios y miembros de la Fuerza Armada Nacional son grabados y espiados permanentemente, de manera totalmente ilegal. Muchas de estas escuchas podrían ser difundidas a través de los medios oficiales de comunicación social, dependiendo de la “lealtad” de estos funcionarios con la “revolución”.
En ningún país civilizado están permitidas las escuchas telefónicas, a menos que se esté en presencia de la comisión de un delito y dicha escucha debe hacerse bajo la supervisión de un juez. En Venezuela la privacidad de las personas tiene rango constitucional, de modo que la disminución de tal derecho fundamental se encuentra sometido al cumplimiento de requisitos rigurosos.
Pero para la “robolución” esas son supercherías. Lo que importa es linchar al adversario, con grabaciones ilegales y para sazonarlas, con campañas de desprestigio difundidas ampliamente a través de los medios de comunicación del Estado venezolano.
Este columnista tiene información de primera mano que el alto gobierno tiene en su poder mas de dos mil grabaciones practicadas ilegalmente a dirigentes de la oposición, columnistas, empresarios y representantes de la Iglesia Católica, las cuales se encuentran en fase de “selección” y “evaluación” para proceder a divulgarlas con el propósito de exponer al odio y al desprecio público a sus adversarios.
Esta violación flagrante de la Constitución Nacional se comete a la vista de la Fiscal General de la República, sin que la funcionaria llamada a velar por el cumplimiento del orden jurídico se de por aludida. Tampoco se pronuncia el amordazado Tribunal Supremo de Justicia y mucho menos la arrodillada Asamblea Nacional. Mucho menos los supuestos defensores de los derechos humanos y algunos “relevantes” periodistas, hoy postrados ante el gobierno de turno. Se trata de una vergonzante situación peor aún que el “affaire” del magnate Rupert Murdoch y las escuchas ilegales ordenadas contra miles de personas en el tabloide “News of The World”, situación que es investigada por el parlamento británico y que desató una verdadera crisis en el conglomerado “News Corporation”, incluyendo la renuncia de Rebekah Brooks, directora ejecutiva de “News International” y ex editora de “News of the World” (hasta 2003) y de su predecesor en “News International”, Les Hinton, quien era jefe de Dow Jones & Co, la compañía que publica el diario estadounidense “Wall Street Journal”.
Desde el primer día en que se comenzaron a divulgar las escuchas, la titular del Ministerio Público debió haber designado un fiscal especial para realizar las investigaciones de estos vergonzosos “pinchazos” que dejan al desnudo a un gobierno inescrupuloso, sin principios éticos y violados descarada de la Constitución. ¿Hasta donde llegará el gobierno con las escuchas ilegales? ¿Quiénes están a cargo de esta práctica ilegal? ¿Hay extranjeros a cargo del espionaje de ciudadanos venezolanos? ¿Está consciente la titular del Ministerio Público que se convierte en cómplice de un grave delito, al hacerse de la vista gordo ante lo que está ocurriendo ya como una vulgar y degradante práctica cotidiana?
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Semanario LA RAZÓN
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Fuente: Enfoque365.net
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