27/06/10
Son los que envió el embajador Sadous, desde Caracas, y a los que accedió Clarín. Pide instrucciones sobre cómo actuar ante misiones oficiales que no pasaban por la Embajada. Y plantea dudas sobre el fideicomiso para comprar fuel oil.
EN EL CONGRESO. EL EMBAJADOR SADOUS (CENTRO) SE RETIRA DEL CONGRESO, EL MIERCOLES, LUEGO DE DECLARAR ANTE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES.
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Ocupa sólo una página y media. Lleva la calificación de “Reservado”. Es un cable de la Embajada argentina en Venezuela fechado el 28 de mayo del 2004 y tiene como destino a la Cancillería. Lo firma el entonces embajador Eduardo Sadous. Su contenido ilustra cómo funcionaban las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Kirchner y Chávez. El informe relata que ese 3 de junio iba a llegar a Caracas una delegación oficial presidida por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, e integrada por el presidente del OCCOVI, Claudio Uberti; el presidente del INTA, Carlos Cheppi; el jefe de ceremonial de Planificación Federal, José María Olazagasti; y la asistente de ese ministerio, Victoria Beresziuck. Agrega, en potencial, que el objetivo de esa comitiva sería tomar contacto con la petrolera PDVSA, el Bancoex, y el ministerio de Energía y Minas; y el Ministerio de Agricultura. Sadous cierra su cable secreto con un ruego diplomático: “Por lo expuesto, y debido al total desconocimiento de esta sede sobre ese particular, se agradecerá poder recibir confirmación de la misma así como programa de actividades y vuelos respectivos”.
Ese cable es sólo uno de los más de treinta en los que Sadous alertó a la Cancillería sobre la existencia de una “embajada paralela” a la suya, y también sobre las irregularidades en el fideicomiso binacional investigado ahora por la Justicia. Clarín accedió en exclusiva a esos documentos, que llevan el carácter de “Reservado” o “Confidencial”. En al menos dos se cuenta además una historia hasta ahora oculta: la “arquitecta” de ese fondo fiduciario fue Marta Cascales, pareja del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entonces al mando de la secretaría de Comunicaciones.
La investigación judicial sobre posibles irregularidades cometidas en los negocios bilaterales entre Argentina y Venezuela cobró impulso cuando se confirmó que Sadous había enviado un cable a la Cancillería alertando sobre un faltante de 90 millones de dólares en el fideicomiso creado por los dos países para vehiculizar pagos. Pero los cables del entonces embajador donde hablaba de situaciones irregulares en ese fondo fueron más.
El 22 de noviembre del 2004, solo por poner un ejemplo entre varios, Sadous redactó un cable donde informó sobre su “preocupación por la demora en la instrumentación del fideicomiso, hecho que está generando problemas a las empresas INVAP, Medix y Phillips por la falta de pago del anticipo del 30% comprometido ( ...)”.
A esa altura del 2004, el Ministerio de Planificación Federal había designado a un representante para solucionar esos inconvenientes: era el titular del OCCOVI, Claudio Uberti, el mismo que dos años después traería en un avión a Antonini Wilson y su valija. El Ministerio de Planificación negó ante la Justicia que Uberti haya estado involucrado en el manejo del fideicomiso, al que incluso niegan que haya terminado funcionando. Pero, al menos sobre el rol de Uberti, los cables de Sadous dicen lo contrario.
El 25 de noviembre del 2004, el diplomático se explaya sobre el malestar que existe entre empresarios que no podían acceder al registro de proveedores de PDVSA debido a que existía “falta de transparencia en la gran central de compras de esa firma en Houston, Texas”. Tras otras consideraciones, concluye: “Tal vez, la reciente creación del grupo informal de seguimiento del fideicomiso -con la coordinación venezolana del lic. Franklin Méndez y del Ing. Claudio Uberti por la parte argentina- genere un nuevo ámbito de debate donde este tema pueda reverse”. En ese mismo cable, Sadous le informa a la Cancillería que se enteró por “comunicaciones informales con “Planificación”, que “Uberti estaría viajando hacia esta (sic) en las próximas semanas para analizar todos los temas vinculados al fideicomiso”. El diplomático cierra su escrito con una frase ambigua sobre cómo se realizaban los negocios en Caracas: “A criterio de esta representación no deben generarse muchas esperanzas en lograr un acceso amplio de las empresas Gapp sin existir socios locales que conozcan los mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito petrolero en esta” (sic). A pesar de que en rigor era el funcionario que debía controlar a las empresas que manejaban las concesiones viales en la Argentina, Uberti era llamado por Sadous como “el coordinador argentino de las macroruedas de negocios con Venezuela”. Así se lo nombra en un cable del 22 de marzo del 2005.
Según se desprende de los documentos a los que accedió Clarín, el Gobierno y Sadous intentaron hasta financiar obra pública con el polémico fideicomiso, que se creó para intercambiar recursos energéticos por bienes argentinos. Entre 2004 y 2009, el Gobierno compró fuel oil venezolano por 2.400 millones de dólares.
Aunque algunos de los cables mencionados fueron tipeados por otros funcionarios, como el ex agregado comercial Alberto Álvarez Tufillo. Todos llevan la misma firma final: “Sadous”, a secas.
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