Apenas 58 minutos después de concluida las votaciones para elegir su nuevo presidente, los colombianos ya sabían los resultados; 58 minutos, ni siquiera una hora había transcurrido, y ya el mundo conocía las cifras que acreditaban a Juan Manuel Santos como el nuevo presidente de Colombia. ¡Qué pena con esas señoras rectoras del Consejo Nacional Electoral de Venezuela! A las 4:00 pm se cerraron las urnas, no a las 5:00 ni a las 6:00 ni a las 7:00 pm. Como estaba previsto, a las 4:00 en punto votó el último elector que estaba en la cola y en poco menos de una hora, ya uno de los contendientes tenía la información adecuada para reconocer al candidato ganador. No consultaron al presidente Uribe, no empezaron con ningún manguareo sobre tendencias irreversibles, nadie se despeinó: se anunciaron los resultados y punto.
Invitados acreditados de 22 países y decenas de personalidades formaron parte de la Misión de Observación Internacional: todo el acto de sufragio transcurrió en total normalidad, excepto algunos actos terroristas aislados. A pesar de ser un país prácticamente en guerra contra una subversión armada, no vimos presencia excesiva de fuerzas militares.
No se utilizaron sofisticadas maquinitas ni artilugios técnicos que cuestan una fortuna; sólo papel y lápiz. Nunca he oído o leído que el colombiano sea el mejor sistema electoral del planeta-mundo, como suele cacarear la ministra electoral de Chávez, es decir, la presidenta del CNE y, sin embargo, en 58 minutos se tenían los resultados. La lección electoral de Colombia es envidiable y da pena ajena. ¡Qué pena con nuestras señoras rectoras del CNE! El 2 de diciembre de 2007 el pueblo venezolano se pronunció contra el inconstitucional proyecto de reforma, voluntad popular que hoy Chávez traiciona al intentar imponernos el castrocomunismo cubano bajo el disfraz de socialismo del siglo XXI. Han transcurrido 1.350.720 minutos y todavía el CNE no ofrece el conteo definitivo de cuántos venezolanos votaron por el Sí y cuántos por el No.
¡Qué pena con nuestras señoras rectoras! Siempre prestas para inhabilitar “por quítame aquí esta pajita” a cualquier candidato de la oposición; así como no dan resultados definitivos, tampoco reglamentan adecuadamente las campañas electorales y son cómplices del ventajismo y abusos del jefe del Estado, de sus insultos, de sus incitaciones al odio, del abuso de las cadenas.
Con el acoso a Globovisión, la creciente limitación en el acceso a la información pública (real propósito del recién creado Cesna) y la maligna autocensura, las abusivas cadenas presidenciales constituyen una de las más perversas limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea constató en su último informe el incremento en la frecuencia y duración de las cadenas como un patrón que se repite, invariable, en las cercanías de los procesos electorales. También el rector Vicente Díaz se estrelló contra el empeño de sus colegas rectoras de sólo atender las directrices de Chávez, y no lo que les manda la Constitución: garantizar la confiabilidad, imparcialidad y equilibrio en los procesos electorales. El rector Díaz apeló a lo que manda la Constitución al Poder (sic) Electoral. Aprovechando la experiencia colombiana me permito sólo dos artículos de la ley sobre la corrupción dictada durante el mandato de Chávez. Digo, por si de verdad queremos luchar contra la corrupción.
“Artículo 54. El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones, órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años”.
Artículo 68. “El funcionario público que, abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años.” Nuestras señoras rectoras del CNE argumentan no actuar porque no existen normas de precampaña. Curioso argumento porque tal ausencia es asunto de su responsabilidad.
¿Hará algo el CNE durante la campaña contra la incontinencia verbal del Presidente de la República, en esencia, otro funcionario público?
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