Solo el pronunciamiento de algún organismo de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de La Haya, podría detener la convocatoria a referéndum en Ecuador.
Así lo explicó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, quien agregó que los tratados internacionales de los que el país es signatario están por encima de la Constitución vigente.
No obstante, aclaró que los interesados en dejar sin efecto el plebiscito deberán primero agotar todas las instancias de justicia locales. La última es de la Corte Constitucional (CC).
En el país ya existen dos casos presentados ante la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH), con distinto contenido y alcance, y que aún están en trámite.
El activista político Carlos Vera y el abogado Roberto López denunciaron el 15 de febrero la inconstitucionalidad de la consulta. Los argumentos son que el referéndum vulnera hasta nueve disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre las que están la libertad personal, libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a un desarrollo progresivo.
El objetivo, según López, es que el organismo internacional aplique el artículo 48 de esta Convención en la que se establece que en casos urgentes y graves, antes de pasar a la Corte Interamericana de San José para que se convierta en litigio, asista una misión investigadora al país para que determine si la consulta viola la Constitución.
De aceptar la CIDH la demanda es indispensable que el Gobierno autorice a esta comisión para estudiar este caso.
En una carta remitida el 13 de abril, la CIDH confirmó la recepción de las nuevas pruebas presentadas por Vera y López, que consisten en añadir que la modificación de las preguntas hecha por la CC mantienen la vulneración de los derechos constitucionales.
“Si la CIDH quiere realmente ayudar a Ecuador deben actuar antes del 7 de mayo. Si no de qué sirve cualquier recomendación posterior, si ya la consulta está hecha”, indicó López.
Añadió que para presentar esa causa no hizo falta agotar instancias jurídicas nacionales, porque no existen instituciones legalmente constituidas.
El segundo caso se trata de una petición presentada por la Cámara de Industriales de Pichincha, con el respaldo del jurista Hernán Salgado.
El gremio solicitó a la CIDH que conozca el proceso de consulta y que adopte medidas para remediar las inconstitucionalidades y violaciones a convenios internacionales que contienen las preguntas. Se requirió la intervención del organismo internacional. La petición se ofició el pasado 28 de enero y hasta ahora no hay respuesta.
Para el experto Mauricio Gándara, estas acciones no serían tan viables para suspender la consulta. “De aceptar la petición o demanda deberán consultar al Gobierno, en caso de no aceptar las sugerencias, la causa irá a la Corte Interamericana de San José para que ahí se analice el tema. Todo eso requiere tiempo”.
Comunicado
Pese a que no existe una respuesta específica sobre la posibilidad de que una misión de la CIDH venga al país, la Cancillería ecuatoriana ya sentó un precedente.
‘Improcedencia’
El viernes pasado emitió un comunicado por un boletín de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en el que el régimen reitera la improcedencia de que los órganos del sistema interamericano pretendan interferir en los asuntos internos de los Estados Miembros de la OEA.
Fuente: El Universo
Así lo explicó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, quien agregó que los tratados internacionales de los que el país es signatario están por encima de la Constitución vigente.
No obstante, aclaró que los interesados en dejar sin efecto el plebiscito deberán primero agotar todas las instancias de justicia locales. La última es de la Corte Constitucional (CC).
En el país ya existen dos casos presentados ante la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos (CIDH), con distinto contenido y alcance, y que aún están en trámite.
El activista político Carlos Vera y el abogado Roberto López denunciaron el 15 de febrero la inconstitucionalidad de la consulta. Los argumentos son que el referéndum vulnera hasta nueve disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre las que están la libertad personal, libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a un desarrollo progresivo.
El objetivo, según López, es que el organismo internacional aplique el artículo 48 de esta Convención en la que se establece que en casos urgentes y graves, antes de pasar a la Corte Interamericana de San José para que se convierta en litigio, asista una misión investigadora al país para que determine si la consulta viola la Constitución.
De aceptar la CIDH la demanda es indispensable que el Gobierno autorice a esta comisión para estudiar este caso.
En una carta remitida el 13 de abril, la CIDH confirmó la recepción de las nuevas pruebas presentadas por Vera y López, que consisten en añadir que la modificación de las preguntas hecha por la CC mantienen la vulneración de los derechos constitucionales.
“Si la CIDH quiere realmente ayudar a Ecuador deben actuar antes del 7 de mayo. Si no de qué sirve cualquier recomendación posterior, si ya la consulta está hecha”, indicó López.
Añadió que para presentar esa causa no hizo falta agotar instancias jurídicas nacionales, porque no existen instituciones legalmente constituidas.
El segundo caso se trata de una petición presentada por la Cámara de Industriales de Pichincha, con el respaldo del jurista Hernán Salgado.
El gremio solicitó a la CIDH que conozca el proceso de consulta y que adopte medidas para remediar las inconstitucionalidades y violaciones a convenios internacionales que contienen las preguntas. Se requirió la intervención del organismo internacional. La petición se ofició el pasado 28 de enero y hasta ahora no hay respuesta.
Para el experto Mauricio Gándara, estas acciones no serían tan viables para suspender la consulta. “De aceptar la petición o demanda deberán consultar al Gobierno, en caso de no aceptar las sugerencias, la causa irá a la Corte Interamericana de San José para que ahí se analice el tema. Todo eso requiere tiempo”.
Comunicado
Pese a que no existe una respuesta específica sobre la posibilidad de que una misión de la CIDH venga al país, la Cancillería ecuatoriana ya sentó un precedente.
‘Improcedencia’
El viernes pasado emitió un comunicado por un boletín de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en el que el régimen reitera la improcedencia de que los órganos del sistema interamericano pretendan interferir en los asuntos internos de los Estados Miembros de la OEA.
Fuente: El Universo
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