Política decente

Por Jaime Castro Ramírez

Nociones preliminares

La política, entendida como el arte de gobernar, encierra un concepto amplio donde convergen matices ideológicos. Hablando del matiz democrático, hay que empezar señalando que quien genera la política es el pueblo, es decir que ahí está el origen primario del Poder, pues tiene la facultad de elegir a los representantes de la sociedad en el gobierno. Esto significa que es el pueblo quien a través del ejercicio cívico de participación en las urnas, le expide al elegido la carta de legitimidad para gobernar.

Es obvio que lo anterior lleva a establecer un alto grado de responsabilidad del gobernante frente al cumplimiento de las promesas hechas a sus electores.

La ciencia política estudia desde el punto de vista social el comportamiento ético de los individuos que se dedican a ejercer la actividad política. En este escenario académico aparecen entonces las herramientas para calificar las conductas de los personajes a quienes se les confía la misión de gobernar.

En consecuencia, es procedente afirmar que si el Poder Político tiene la legitimidad del voto popular, por obvias razones tiene proscrita la condición de abuso que podría estar conexa al hecho de que el individuo llegue al punto de envanecerse irresponsablemente con el poder que le otorga el Poder Político.

Por consiguiente, aparece aquí en escena el acto de la responsabilidad del gobernante ante el pueblo y ante la democracia. De lo contrario podría verse enfrentado a un proceso de serias dificultades políticas que puede converger en una instancia de ingobernabilidad, que bien podría denominarse la decadencia del poder.

Platón y Aristóteles definieron la democracia a partir de las formas de gobierno, es decir, si se trataba de una aristocracia, de una monarquía, o de una democracia; en el entendido de que la democracia a la vez puede ser representativa o participativa.

Democracia en Colombia

En Colombia tenemos la modalidad de democracia representativa, es decir, que quien gobierna es la persona elegida por el pueblo como su representante. Nuestra democracia posee la legitimidad del voto popular en dos de los poderes: el Ejecutivo y el Legislativo, que son elegidos mediante la participación del pueblo en las urnas. El Poder Judicial se conforma mediante la nominación de los cargos por nombramiento.

Cómo no pensar entonces en la trascendencia de la responsabilidad del gobernante que cumple la misión de representante de toda una sociedad que espera ver cumplidas las expectativas que le creó el candidato para lograr el favor de la voluntad popular con el voto.

Engaño al pueblo

En la historia de los pueblos siempre se ha dicho que la voluntad ciudadana es de sagrado respeto, y por lo tanto los gobernantes tienen que cumplirle a sus electores con las promesas de campaña. No hacerlo equivale a engañar al pueblo, y engañar al pueblo es un pecado social grave que no admite reivindicación.

Infortunadamente en Colombia estamos en presencia de un gobierno de este estilo de proceder y de incumplimiento. Juan Manuel Santos se hizo elegir a través de los méritos alcanzados por el buen gobierno de Uribe. Esto significa que toda la campaña la estructuró apoyándose en la PROMESA de continuar con las políticas de Uribe (seguridad democrática, confianza inversionista, inversión social), y específicamente por esta promesa la gente lo apoyó en las urnas depositando nueve millones de votos. Algo muy cierto es que por su condición propia no hubiera sido presidente.

Tan pronto como fue elegido, Santos olvidó a propósito lo prometido, y empezó a hablar de cosas como “gobierno de unidad nacional”, “acuerdos para la prosperidad”, “mesa de la unidad”, en fin..., las cuales sólo son expresiones pero que no tienen ninguna filosofía programática de contenido político serio. En conclusión, se dejó a un lado la base fundamental de los resultados tangibles del buen gobierno (la Seguridad Democrática), programa bandera del gobierno Uribe y por el cual se mantenía el orden social y económico.

La nueva teoría de Santos dice que en él no existe el diccionario de la guerra, pero resulta que este “apaciguamiento” ha traído como consecuencia el regreso del secuestro, la inseguridad a nivel nacional propiciada por los grupos ilegales que están regresando a los sitios de donde habían sido desterrados, y por este camino se desmejora el conjunto de la actividad productiva, arrastrando el efecto negativo al nivel de vida de la gente, pues sin seguridad no hay nada que funcione adecuadamente.

Entonces, estamos hablando del “pecado social grave” de Santos al engañar a nueve millones de ciudadanos que lo eligieron. Pero además, vino otro engaño adicional, tema del cual no habló en la campaña presidencial, y tiene que ver con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Éste es un caso de doble engaño porque tampoco les van a cumplir a las víctimas con lo prometido en dicha ley. Y no les cumplirán por simple incapacidad del Estado, pues sancionan una ley sin saber siquiera cuánto vale financiarla, lo cual es una irresponsabilidad (le ofrecen a cada víctima 20 millones de pesos, y más garantías, como: salud, educación, vivienda, y seguridad personal…), y hablan de 4 millones de víctimas, lo cual significa que mal contados pueden ser por lo menos 120 BILLONES DE PESOS, dinero que no se sabe cómo lo van a conseguir. Bueno, sí se sabe que la fuente obvia son los impuestos (nuevos impuestos).

También hay que afirmar que dicha ley es injusta porque califica como víctimas a quienes estén en el tiempo ubicados del 1 de Enero de 1985 hacia adelante y los del día anterior hacia atrás no son víctimas para efecto de indemnización.

-Buenos argumentos para el examen de constitucionalidad de esta ley por parte de la corte encargada.

Al costo financiero anterior hay que agregarle el correspondiente a la “restitución de tierras”, que tampoco se sabe cuánto vale, y que además va a tener un alto costo en violencia para los reclamantes de las tierras.

Ante la opinión de crítica ciudadana sobre estos temas que preocupan a la sociedad colombiana, pero que además hace parte de la libertad de expresión permitida en la Constitución Nacional, Santos ha respondido con frases injuriosas como las siguientes: “Enfermos mentales” y “La mano negra de la extrema derecha”. Pues muy preocupante también este vocabulario presidencial porque se parece al estilo del usado por “el nuevo mejor amigo”. ¿Influencia bolivariana? Preocupante.

Y saber que este paquete de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue un proyecto del Partido Liberal para tratar de salvarse de su colapso total electoral, lo que se llama estar en vía de extinción, pues en las elecciones presidenciales del 2010 sacaron 600 mil votos. Este acto de evidente politiquería fue patrocinado directamente por Santos, pues incluso fue personalmente al Congreso de la República a radicar tal proyecto, aunque sabía que Uribe en una actitud sensata lo había hecho hundir en la legislatura 2009-2010 por inconveniente y por la imposibilidad de poder financiarlo.

Ya empezaron los liberales a hacer campaña política publicitaria reclamando la autoría de la Ley de Víctimas, y con lo cual pretenden volver a conquistar al electorado, así no le cumplan a las víctimas…

Parecería muy fácil concluir diciendo que la política decente la hacen los políticos decentes, pero ocurre que estos últimos son muy escasos… y en consecuencia, la política, que es la ciencia que gobierna al Estado, tiende a ser desplazada hacia la infortunada condición de indecente.

Fuente: http://atrabilioso.blogspot.com/