Síntesis del Discurso de Orden pronunciado por Oswaldo Àlvarez Paz en el Colegio de Abogados de Caracas, con motivo de la celebración del Día del Abog

INTRODUCCIÓN

Agradezco profundamente la invitación para intervenir como orador de orden en esta celebración. Creo entender el sentido de la misma, sobre todo la solidaridad que envuelve, considerando la particular situación que he atravesado con relación al régimen imperante y a las delicadas circunstancias que caracterizan la vida nacional de hoy. Esta distinción obliga y compromete a continuar siendo fieles a las enseñanzas recibidas a lo largo de una vida profesional y política intensa y bastante prolongada en el tiempo.

Esta fecha ha sido escogida en honor a Don Cristóbal Mendoza, nacido en Trujillo hace 238 años y primer Presidente de Venezuela, integrando el Triunvirato que gobernó desde el 6 de marzo de 1.811 hasta el 21 de marzo de 1812. Fue Licenciado en Artes y Filosofía de la Universidad de Caracas, Doctor en Derecho Civil y Canónico de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo y finalmente se titula como Abogado por decisión de la Real Audiencia de Caracas. El doctor Mendoza, desconocido e ignorado en la nueva historia que se pretende escribir, ha sido uno de los más ilustres próceres civiles de la Patria. Se destacó como pocos en el servicio a la causa de la independencia y a la consolidación de la libertad. Leal hasta en los cromosomas a Simón Bolívar, fiel servidor reconocido por José Antonio Páez, a pesar de sus diferencias en los días de la Cosiata. Intendente, gobernador, “Modelo de virtud y bondad útil”, en palabras de El Libertador. Hombre austero y honrado. Nuestra es la tarea de desempolvar las paginas de la historia verdadera para recordar a quienes han sido faro de luz en el hacer republicano.

DESAPARECE EL DERECHO

Venezuela vive una de las horas más menguadas e inciertas en dos siglos de existencia independiente. En nombre de un proceso revolucionario que utiliza como coartada el nombre de Socialismo del siglo XXI, desaparece el Derecho como instrumento regulador de la vida en sociedad. De las relaciones de los ciudadanos entre sí, y de estos con el estado-gobierno. Normas elementales y principios indispensables para dar soporte a la vida civilizada y a la estabilidad de las instituciones, son erosionados por una acción desenfrenada que liquida el Principio de la Legalidad. Cuando esto sucede, los pueblos quedan indefensos, sometidos a los caprichos de la autoridad que se aparta del orden natural de las cosas y de las leyes que deben establecer los límites del ejercicio de esa autoridad. El peligro es mucho mayor cuando se trata de procesos ideologizados hacia concepciones totalitarias y excluyentes de la sociedad y las relaciones humanas. No es el primer caso en la historia de Latinoamérica, ni del mundo. Pero se trata de algo más serio que los malos usos y abusos que gobiernos han hecho, en el pasado reciente y remoto, de los recursos del poder. El totalitarismo –control total del poder- se desarrolla y mantiene con instrumentos muy parecidos en los regímenes comunistas, socialistas, fascistas o nacional-socialistas. Se agrava cuando esos instrumentos están en manos de temperamentos subversivos que, al no tener límites éticos, no vacilan en transgredir los jurídicos.

LA MUERTE DEL CONSTITUCIONALISMO

Con la desaparición progresiva del Derecho muere el constitucionalismo. El caso venezolano es dramático. Invito a los estimados colegas presentes a repasar el texto de nuestra Carta Magna. Pueden hacerlo empezando por el Preámbulo y las Disposiciones Fundamentales. Continuemos en cualquiera de sus Títulos y Capítulos, incluidas las Disposiciones Transitorias y comparemos el texto de las lecturas con la realidad actual de cada una de las instituciones. Llegaremos a la conclusión de que en la Venezuela de hoy se ha traicionado el espíritu, el propósito y la razón que animó a los Constituyentistas de 1999 a redactarla. Se viola sin contemplaciones hasta en los principios y valores fundamentales del sistema democrático.

He resistido la tentación de hacer citas concretas del texto constitucional para no alargar exageradamente esta intervención. Tuvo razón el colega Omar Estacio cuando dijo, en oportunidad similar a esta, que la brevedad es la cortesía del orador. Pero les pido, por favor, que repasen al menos la parte que se refiere a los deberes y obligaciones del Presidente de la República, de las demás ramas del Poder Publico, de las Fuerza Armada Nacional –verdadero nombre-, a las normas de organización operativa de una República definida como democrática, federal, descentralizada, integrada por Estados y Municipios autónomos que tienen derechos, fueros y competencias exclusivas y concurrentes con el poder nacional. Jamás, repito, nunca antes habían existido unos poderes públicos tan alejados, trabajando al margen y en contra de esos deberes y de esas obligaciones que tienen expresamente estipuladas. Lamentablemente el Poder Judicial y los órganos de Administración de Justicia no escapan a este comentario. Olvidan, nosotros debemos tenerlo siempre presente, que allí también se establecen las causales de remoción y los caminos a seguir para sancionar y corregir las violaciones constitucionales.

La Constitución de 1999 es perfectible. Tiene errores y omisiones, pero conserva la estructura fundamental de la República democrática y los valores básicos de nuestra nacionalidad. Allí se establece el principio del equilibrio, la separación y la independencia de las distintas ramas del poder. La subordinación del poder militar a la autoridad civil. El pluralismo y la alternabilidad. Se consagran tanto la propiedad privada, como los límites y procedimientos del estado frente a los particulares. La libertad de expresión y el derecho a la información. La libertad de trabajo y de empresa. La libertad económica. La libertad de asociación. Y, entre muchas cosas más, se le dio rango constitucional al proceso de descentralización y a todo lo relativo a los derechos humanos. Ratifico la invitación a repasar las disposiciones vigentes y a contrastarlas con la realidad de un régimen que camina en sentido radicalmente contrario al ideal constitucional. Cada cual sacará sus conclusiones.

LA REVOLUCIÓN PERMANENTE

Tratando de entender la verdadera naturaleza del actual proceso, nos encontramos con la adaptación de viejas teorías y doctrinas que han alimentado las actuaciones que se cumplen con criterios totalitarios. Una de ellas se refiere a la revolución como proceso permanente. Es decir, una verdadera revolución no puede estar sometida a normas fijas y estables, no puede ser contenida por la camisa de fuerza que significa el orden jurídico existente. Dejaría de ser una revolución. Se agotaría. Quedaría condenada a desaparecer por la acción de las fuerzas contrarrevolucionarias o por impotencia manifiesta.

En una revolución como esta hay que provocar eso que llamaban “la generación espontánea del Derecho”. Primero van los hechos y después el Derecho para darles soporte, casi siempre transitorio, a la acción revolucionaria que siempre irá hacia delante aunque tenga que imponerse a sangre y fuego. De esta manera, al margen del orden establecido, se construye un nuevo marco jurídico, flexible de acuerdo a los intereses de la revolución, y con relación a nosotros, con una justicia de plastilina y con órganos portátiles para su administración y para el control de la vida política, económica, social y con relación a la seguridad nacional, al ejercicio de la soberanía y a la defensa de la integridad territorial.

Éste es el esquema básico de lo que acontece.

LA DESTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA

Estimados colegas,

No exagero al afirmar que la República de Venezuela está siendo destruida de manera deliberada y consciente en sus estructuras institucionales básicas, y mediante el desmoronamiento de los principios y valores de la civilización judeo-cristiana que son las raíces mismas de nuestra nacionalidad. El propósito es sustituir la República, como ha existido hasta ahora, por un estado socialista a la cubana que la inmensa mayoría de los venezolanos rechaza, pero que se pretende imponer a toda costa. No es casual que a estas alturas del desarrollo de la humanidad en Venezuela crezca el número de presos y perseguidos políticos, de compatriotas sometidos a humillantes procesos judiciales y policiales, de infinidad de víctimas de una inseguridad de las personas y de los bienes que, como política de estado, garantiza la mayor impunidad a los hampones. Se multiplican, no las expropiaciones en términos legales, sino las confiscaciones prohibidas constitucionalmente, las apropiaciones indebidas calificadas, es decir, los robos descarados a diestra y siniestra.

La única ventaja en medio de la tragedia, es que a pesar de la condición revolucionaria que se atribuyen los protagonistas, son sumamente ineficientes y el exceso de poder político y económico los ha convertido en corrompidos corruptores de la sociedad. Pero el daño a la nación es profundo e inaceptable.

Presenciamos un conflicto creciente entre el Estado-gobierno, aquí están totalmente confundidos- como entidad jurídica y política y la Nación como entidad sociológica, es decir, el territorio y la gente. Nos fue enseñado que el Estado es la representación jurídica y política de la Nación. El régimen actual lo ha confiscado para ponerlo al servicio de sus fines revolucionarios lo cual pasa por controlar, dominar y silenciar a la Nación misma. El conflicto conduce a una terrible confrontación que no tardará en llegar entre ese estado-gobierno prepotente y el país real de carne y hueso que ya tiene fatiga y se dispone a luchar por su libertad y derechos.

No nos resignamos a la existencia de una política de estado para reprimir y avanzar en el esquema totalitario criminalizando penalmente la supuesta peligrosidad de los adversarios, a criterio de los detentadores del poder. Rechazamos la insólita legislación que de hecho se construye al margen de la Constitución, convalidada por interpretaciones torcidas y contradictorias de quienes correspondería poner las cosas en su sitio. La Nación, el país nacional, el país real, triunfará pero hay que trabajar muy duro para lograrlo.

LA PRÒXIMA ASAMBLEA NACIONAL

El pròximo 26 de septiembre la Nación tendrá una extraordinaria oportunidad para profundizar la lucha democrática eligiendo una nueva Asamblea Nacional. Plural, consciente de todo cuanto hemos señalado, corajuda hasta el infinito para hacer valer los derechos del pueblo y las garantías constitucionales.

No vamos a esa elección ingenuamente. Sabemos que las estructuras electorales están al servicio del régimen. Sus autoridades responden al esquema oficialista, desde la cabeza hasta los pies, que el registro electoral sigue envenenado y que la operación república no es confiable en absoluto. También nos preocupa que con menos votos populares puedan elegirse más diputados, como consecuencia de un sistema perverso producto de un fraude de ejecución progresiva. Espero y aspiro que las fuerzas dedocráticas, conscientes de las dificultades, tomen todas las medidas de hecho y de derecho capaces de reducirlas a su más minima expresión. Es perfectamente posible, sin concesiones ni omisiones indecorosas o sospechosas. La vía electoral debemos agotarla. Los próximos asambleístas, independientemente del número, deben ser guerreros por la liberación de Venezuela luchando para que los objetivos nacionales, contenidos en el Preámbulo de la Constitución sean cumplidos y el país enrumbado de nuevo a tener un Estado de Derecho y de Justicia. Esta es una extraordinaria oportunidad para proclamar ante el mundo y ante nosotros mismo, la irreversible decisión de trabajar para que la dignidad de la persona humana pueda ser concretada, la sociedad civil perfeccionada sin presos ni perseguidos políticos, la soberanía nacional defendida y la integridad territorial garantizada gracias, ante otras cosas a la existencia de una fuerza armada nacional apolítica, no deliberante y al servicio exclusivo de la Nación y no de quienes circunstancialmente controlen los poderes del Estado.

Esta es una reunión de Abogados. Se supone que somos los custodios del orden jurídico. Nuestro apostolado puede conducirnos al sacrificio máximo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a encabezar el proceso de liberación de Venezuela trascendiendo intereses personales, profesionales o políticos, o nos rendiremos sacrificando el futuro de nuestros hijos y nietos? Todos tenemos la palabra.

RESTITUIR EL ESTADO DE DERECHO

Con esta intervención he querido resaltar la importancia de la vigencia de la Constitución Nacional. La UNIDAD que el país reclama va más Allah lo estrictamente electoral. La defensa de la Carta Magna, la exigencia de que se restituya el Estado de Derecho, hacer realidad aquello de que “dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”, debe ser el objetivo fundamental de los demócratas de este tiempo. Es la respuesta incluso para quienes reclaman la ausencia de proyectos para el renacimiento de la República, para el ejercicio activo de la Libertad. En ese texto están las líneas maestras a desarrollar y el marco preciso para hacerlo. Ojala y no falle la voluntad, ni el coraje indispensable para actuar en los tiempos duros que ya llegaron.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Por encima de las dificultades de la vida diaria, del ejercicio activo de la profesión con sus características de incertidumbre por la ajuricidad reinante, de los problemas familiares y laborales, por encima de todo y de todos, quienes hemos sido formados conforme a Derecho, no podemos vacilar.

Pensemos siempre en los miles de jóvenes estudiantes de Derecho, futuros abogados, especialistas en ciencias jurídicas y sociales. Las dificultades de los profesores para la enseñanza en el aula contrastada con la realidad pueden generar muchas confusiones y desviaciones. Ante ese peligro real se necesita del temple y del ejemplo de los verdaderos abogados, que entienden el ejercicio como un verdadero apostolado al servicio de la justicia. La tarea es peligrosa, con riesgos a la vista, pero también hazañosa y retadora.

Concluyo haciendo una invocación muy especial a San Ivo, Santo Patrono de los abogados del mundo entero. Nació en Bretaña, Francia, en 1303. Fue abogado, juez la mayor parte de su carrera y gran conciliador. Con firmeza y prudencia extendió su prestigio hasta donde alcanzaba la vida de entonces. Termino su vida como sacerdote católico y milagroso. Según una de sus muchas anécdotas, la gente logro que en su tumba se escribiera:

San Ivo era bretón.

Era abogado y no era ladrón.

Santo Dios: ¡que admiración!

Al agradecer, una vez más, este gesto del Colegio de Abogados, pido a todos que miremos el futuro de Venezuela con optimismo. A pesar de todo, vientos de cambio soplan con fuerza en la dirección correcta. Nada ni nadie podrá detener el empuje de la Venezuela libertaria, dispuesta a sostener y defender, a cumplir y hacer cumplir, la Constitución y leyes de la Republica. Ese es el juramento que nos obliga.

Que Dios bendiga, sin límites, a los abogados de Caracas y de Venezuela.